Ángel Guerra Cabrera: América Latina necesita un foro sin Estados Unidos

El rotundo rechazo de la cumbre del Grupo de Río en Santo Domigo a la agresión militar a Ecuador y el desmontaje del gravísimo conflicto diplomático derivado de aquella, ha hecho sentir de nuevo el amargo sabor de la derrota a Bush, que anhelaba el incendio del área andina. Al revés, tuvo que tragarse la manifiesta y vibrante voluntad de unidad, concertación y paz latinoamericana y caribeña enarbolada en la capital de Quisqueya.

La gran lección de la cumbre es la enorme capacidad de diálogo y entendimiento de los gobiernos de nuestra región, que por sobre sus diferencias ideológicas –a veces antagónicas– pueden superar crisis aparentemente insolubles siempre y cuando las ventilen sin la presencia de Estados Unidos. La mejor prueba es que días antes, en la sede de la OEA en Washington, pese a que por primera vez en su historia todos condenaron a título individual una intervención de clara inspiración estadunidense, no fue posible traducirlo en pronunciamiento colectivo debido exclusivamente a las presiones yanquis. En cambio, pese a que éstas aumentaron vísperas de la reunión en República Dominicana, como le informaron al presidente Rafael Correa varios de sus homólogos, terminaron estrellándose contra la determinación mayoritaria. Sobra razón al ecuatoriano cuando a la luz de esta experiencia afirma que es necesario crear una Organización de Estados Latinoamericanos donde no esté el imperio. Yendo a la historia se constata que la OEA nunca ha condenado una sola fechoría yanqui contra nuestra América ni ha defendido ninguna de sus causas justas.

Al éxito de la reunión contribuyeron así mismo otros factores decisivos. Los más importantes, la indeclinable y altiva defensa de la soberanía ecuatoriana y exigencia de una condena a su vulneración mantenida por Correa y la unanimidad en la reprobación al ominoso precedente, incluyendo la resuelta postura de pesos pesados como Brasil y Argentina de no admitir bajo ningún pretexto la violación de la integridad territorial de otro Estado, que dejaron aislado a Uribe. La diestra y diáfana conducción de la cita por el presidente dominicano Leonel Fernández, creó el clima para que una brillante y equilibrada intervención de Hugo Chávez la llevara, apoyada por las de Daniel Ortega y Evo Morales, al punto de inflexión que alejó la sombra de una guerra fratricida y condujo al inesperado final. La única actitud favorable a los pueblos latinoamericanos, una vez asegurada la censura de la cumbre al ataque armado contra Ecuador, era no insistir en las grandes diferencias de enfoque enfrentadas en aras de distender el clima bélico creado.

El histórico acontecimiento fue también resultado de los cambios políticos que han modificado la correlación de fuerzas en América Latina en detrimento del coloso del norte y de la profunda crisis de hegemonía –política, militar y económica– que lo sacude.

Pero las raíces del incidente, momentáneamente desactivado por el Grupo de Río, se mantienen inalterables: el conflicto colombiano, fruto de una realidad social y política muy injusta y humanamente devastadora, incentivado por el Plan Colombia/Patriota, núcleo de la febril trama estadunidense de subversión e injerencia militar en América del sur, apuntada a derrocar a los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia y estrechamente enlazada con la feroz arremetida contra Cuba.

Frente a la derrota en Santo Domingo el bushismo manifiesta su insatisfacción, sube el volumen mediático al supuesto apoyo de Caracas y Quito a las FARC utilizando las célebres computadoras milagrosamente sobrevivientes del bombardeo de saturación y amaga con incluirlos en su lista de Estados auspiciadores del terrorismo. Quiere a toda costa reavivar la tensión en la zona andina.

Por lo pronto, el 17 de marzo es la reunión de cancilleres en la OEA, y ya lo sentenció Correa, si no condena la agresión habrá que tirarla “al basurero de la historia”.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/13/index.php?section=opinion&article=032a1mun

John Saxe-Fernández: Hora latinoamericana

Ante la lentitud e incapacidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) para sofocar el grave estallido diplo-militar por la violación de las fuerzas armadas colombianas del espacio territorial y aéreo de Ecuador en días pasados, los presidentes de ese país y Nicaragua abogan ahora por la transformación del Grupo de Río en una Organización de Estados Latinoamericanos. El contraste entre lo ocurrido en Washington y en Santo Domingo es significativo: en el norte prevaleció el tradicional bilateralismo intensivo ejercido por la Casa Blanca en los pasillos de la OEA a favor de Colombia, mientras en Dominicana con el llamado del presidente Hugo Chávez a no dejar que el conflicto se saliera de control, imperó la sensatez.

La parsimonia de la OEA, bajo guión imperial, se dio porque varios mandatarios fueron presionados por Estados Unidos “para que no se metieran en el asunto y dijeran que era un problema bilateral, cuando era multilateral”. (La Jornada, 9-III-08 p.26). Se sabe de una intensa participación de Estados Unidos en el operativo militar que coloca a la OEA en posición penosa: a pesar de intentos por restringir la información, en Bogotá circulan noticias y reportajes televisivos basados en datos del Ejército colombiano, que reconocen la participación de “aviones espías extranjeros” en la producción fotográfica para localizar los blancos de ataque. A decir de Angel Palacios, “no se trata sólo de la violación a la soberanía de Ecuador por el gobierno colombiano…Se trata de la incursión de aviones de inteligencia (de Estados Unidos) en territorio ecuatoriano”. (Rebelión 5-III-08)

En el nuevo contexto latinoamericano y mundial, este tipo de operativos diplomilitares profundizan el desgaste y desprestigio acumulado por el sometimiento de la OEA a Estados Unidos desde que empezó a operar en 1948, máxime si se tienen en cuenta testimonios que indican que fueron organismos de inteligencia de esa potencia los que dieron a los colombianos las coordenadas exactas (posicionamiento geoespacial, grados, latitud) para realizar el ataque. Es difícil que el sometimiento crónico de la OEA confirme los operativos del Pentágono-CIA en la planificación, recolección, procesamiento, análisis-producción y distribución final de los informes de inteligencia. Es algo que Ecuador debe exigir se aclare.

El asunto es grave y debe ser tratado en la ONU y en el Grupo de Río, que sin dificultad emitió una resolución que puso fin a la crisis, aunque no a su fondo.

Sin mayor costo, Colombia pidió perdón y se comprometió a no incursionar más en otra nación. De esta desactivación del conflicto salió la propuesta para establecer un foro de negociación regional, algo urgente porque ahora Bush azuza el conflicto vinculando a Venezuela con el terrorismo y todavía faltan semanas de acciones, reacciones, investigaciones y negociaciones, para restablecer la confianza. Existen riesgos y también condiciones mundiales, regionales y locales para recuperar la soberanía y el impulso a los intereses públicos nacionales en la construcción de una nueva arquitectura diplomática, económico-financiera, monetaria y de seguridad propia.

Es la hora latinoamericana. Bolívar y Martí en vez de Jefferson y Monroe. Su mensaje: poner fin al uso de los latinoamericanos para derrotar a los latinoamericanos. Tal ha sido el fundamento monroista de dominación en la región durante los últimos dos siglos. La amalgama de intereses entre las clases dominantes de la metrópoli y la periferia es el meollo socio-económico que facilita este señorío. Los lazos oligárquico-imperiales de sujeción económica, empresarial y policial militar, se basan en la propensión histórica de las oligarquías criollas a estar satisfechas, y hasta propiciar arreglos de coparticipación en la apropiación del excedente y en el manejo fiscal, presupuestal y de seguridad de las naciones que depredan: ya hay condiciones y contradicciones para superar esta trabazón oligárquico-imperial.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/13/index.php?section=opinion&article=026a1eco

Adolfo Sánchez Rebolledo: Están jugando con fuego

Dos nuevos contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex) firmados por el actual secretario de Gobernación determinaron que, tarde y a regañadientes, éste se decidiera a informar sobre el expediente completo. Mientras, en las cámaras, los grupos del PRI y el PAN tratan de salvar la cara del funcionario, saboteando la comisión investigadora solicitada por el Frente Amplio a raíz de las denuncias de López Obrador. En aras de distraer la atención sobre el fondo político de la cuestión, se pretende reducirla al rejuego legalista de siempre, al dictamen exclusivo de instancias que en este asunto son juez y parte, pues están sujetas al control del Ejecutivo, como serían la Secretaría de la Función Pública y la propia Procuraduría General de la República.

Pero más allá de las consideraciones jurídicas del caso, las cuales no pueden desdeñarse, es preocupante la arrogancia del denunciado, su insensibilidad, la confusión deliberada entre el particular y el funcionario (pues que se sepa no ha pedido licencia). El secretario Juan Camilo acude en defensa de Iván, el apoderado legal y accionista de Ivancar, sin advertir en ese lazo indivisible el germen de la gestión oligárquica del poder. Los contratos, dice, tampoco violan las normas éticas democráticas que aconsejan tomar distancias entre ambas esferas para evitar sospechas. Pero más allá de la respuesta legaloide del secretario, es preocupante el desdén, casi el desprecio con que trata a los partidos denunciantes, como si en democracia fuera un delito expresar la inconformidad por los actos y las conductas de los hombres del poder, cuya fiscalización es vital en un verdadero estado de derecho. Sin embargo, en aras de su defensa personal, el secretario olvida las formas a que su cargo le obliga: cancela la prudencia declarativa y lanza acusaciones sin ton ni son, siguiendo la misma lógica que en 2006 llevó al panismo a descalificar a López Obrador como “un peligro para México”. No es la primera vez que los jóvenes panistas cierran filas, apelan al espíritu de cuerpo y se aferran a visiones intolerantes.

La resistencia a la crítica nos habla de un grupo de y en el poder que prefiere jugar con las palabras para causar un efecto mediático que asumir definiciones y compromisos cabales.

Decir, por ejemplo, que los críticos “apuestan por el fracaso de nuestro país, apuestan a que a México le vaya mal y hacen todo lo posible para que a México le vaya mal”, al margen de la cursilería retórica, es una manera de descalificar el debate en curso sobre la reforma energética, satanizando a quienes “politizan” el asunto. De este modo, el gobierno convierte la discusión sobre la reforma energética en el campo de batalla entre el Bien y el Mal, es decir, entre los partidarios del Progreso (definido al modo neoliberal) y sus enemigos, sin darle a los argumentos en liza la menor importancia. La manera como el gobierno ha presentado el tema de la reforma energética sería cantinflismo puro si las intenciones no fueran evidentes.

Ya es un escándalo que la Presidencia juegue a las escondidillas en un asunto vital para el futuro de México; que se busque, mediante un anuncio de tv, arreglado según la audiencia y las necesidades “tácticas”, deformar los hechos –como con exactitud denunciara Jacobo Zabludovsky en acertado comentario– para crear un efecto mediático sobre el “público”. No menos escandalosa es la falacia, repetida hasta el hartazgo por los comentaristas ad hoc, de que es posible, necesaria e inevitable la “alianza” con las empresas extranjeras sin privatizar Pemex, es decir, sin proceder a la reforma de la Constitución que hoy prohíbe de manera categórica tales asociaciones, lo cual piensan realizar valiéndose, como indica Francisco Rojas, de los contratos modificados de servicios múltiples para el desarrollo petrolero de las aguas ultraprofundas.

Es preocupante que la defensa del secretario pase por el bloqueo de la comisión investigadora del Congreso al que se avino el PRI, pero más grave, en el orden general de los temas en la agenda, es el desprecio hacia quienes se oponen a la privatización con meras descalificaciones, cuando ya están sobre la mesa trabajos muy serios de técnicos, sindicalistas, científicos, economistas –como David Ibarra, cuyo ensayo reciente “El desmantelamiento de Pemex” es de lectura obligatoria–. No me extraña, pues en cierto modo, tal sordera es la continuación del síndrome del 6 de julio, es decir, la idea de que se puede afrontar la tormenta de la inconformidad mediante una combinación de técnicas mediáticas y fragmentación de las oposiciones para imponer una política de hechos consumados. Para el gobierno, las reformas de pensiones y otras confirman que una sacudida social es soportable si a cambio se producen “ajustes estructurales” capaces de reciclar al sistema, pese a sus fallas.

Se habla mucho de negociación y consenso, pero es difícil creer en la sensatez de un gobierno cuando el secretario de Gobernación, en medio de la crisis en que se halla, puede lanzar esta parrafada donde se unen el mayor triunfalismo con la máxima arrogancia: “Lo que quieren es que en México no sigamos transformando con las reformas que el país necesita y que no se discuta al respecto (…) Eso es lo que quieren, poner obstáculos para que no continuemos con las grandes cosas, con los grandes temas, con las grandes soluciones a los grandes problemas que tiene este país”. Alguien debería decirles a los capitostes del panismo que el limbo ya fue abolido por la Iglesia. Ya sería un leve avance que el gobierno de Calderón asumiera, de una buena vez, que la apertura a la explotación petrolera en áreas vedadas al capital privado es, en definitiva, una privatización y la esencia de su propuesta de reforma. Al menos no habría engaño. Pero no, quieren ponerse el “traje a la medida”, darle espacio a la pequeña manipulación politiquera confundida con la visión de Estado, por ahora ausente. Y de allí la apuesta por Mouriño. Están jugando con fuego.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/13/index.php?section=politica&article=023a2pol

Víctor M. Quintana S.: Movimiento campesino: la difícil negociación

Ha llegado el momento más difícil para un movimiento social: la negociación con el adversario. La etapa del carisma, del entusiasmo, de las calles, de las masas, de la participación, deja ahora su lugar a la centralización, a los largos diálogos, a los representantes, a la centralización, al predominio de la lógica institucional.

Hasta ahora los diversos agrupamientos de organizaciones que forman lo que algunos llaman el Movimiento en Defensa de la Soberanía Alimentaria han tenido tres aciertos incuestionables: llevaron a cabo el 31 de enero la movilización campesina más numerosa de varias décadas. No se han dividido hasta el momento, superando las difíciles tensiones internas, y no se dejaron que los representantes del gobierno federal les impusieran sus condiciones y contenidos para la negociación el pasado 6 de marzo.

Sin embargo, hay que estar muy vigilantes para que el proceso de negociación no vaya a resultar en las divisiones del movimiento, la cesión en lo fundamental al adversario, el distanciamiento con las bases y las regiones, o, peor aún, el olvido de los objetivos fundamentales.

En este sentido es necesario preguntarse sobre la calidad de los interlocutores por parte del gobierno federal. Se hizo bien en rechazar a Alberto Cárdenas Jiménez, titular de la Sagarpa, pero ¿por qué aceptar que la conducción esté a cargo del ahora seriamente cuestionado secretario de Gobernación Juan Camilo Mouriño? Después de todas las impugnaciones por tráfico de influencias, y más allá de si obró legal o ilegalmente, ¿tendrá calidad moral como interlocutor de los hombres y las mujeres del campo? ¿O se piensa que su debilidad puede favorecer un mejor resultado para las organizaciones?

Una parte del movimiento, los que integran la campaña Sin maíz no hay país, planteó al menos dos condiciones importantes para empezar a negociar. Ambas van orientadas a hacer menos desproporcionada la influencia que el gobierno pretende ejercer sobre la opinión pública respecto del tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y sus impactos. La primera de ellas es que el gobierno suspenda la campaña de propaganda con las medias verdades sobre las ventajas del tratado en la agricultura. La segunda es la realización de un debate público entre los representantes gubernamentales y los de las organizaciones campesinas para que éstos puedan difundir sus análisis y puntos de vista y refutar lo propalado hasta ahora por el régimen calderonista. Es conveniente no dejar de lado ambas condiciones.

Un punto clave en la negociación es la unidad en torno a dos demandas torales: la renegociación del TLCAN, cuando menos para proteger el maíz blanco y el frijol, y una sustancial reorientación de la política agropecuaria para construir la soberanía alimentaria con base en la agricultura campesina e indígena y establecer una reserva estratégica de alimentos en manos de la nación. Debe evitarse la dispersión que predominó hace cinco años en el Acuerdo Nacional para el Campo, que le permitió al gobierno de Vicente Fox esquivar los compromisos fundamentales.

Finalmente, existe el peligro de que se incurra en la ley de hierro de la oligarquía, por dos vertientes diferentes: en primer lugar, que las organizaciones dichas nacionales, algunas de ellas sólo porque tienen oficinas en el Distrito Federal, se adueñen de la negociación y no tomen en cuenta el pensar y el sentir de las organizaciones locales y regionales, que han sido muy importantes para el inicio y la vigorización del movimiento. O que alguna trate de acaparar la voz y la representatividad como sucedió en el templete del Zócalo el 31 de enero. La otra vertiente es que los actores rurales sean desplazados por los no rurales, que a aquéllos se les “desujetivice” por la no distinción entre aliados y sujetos del proceso de movilización y negociación.

Si no se toman en cuenta estos riesgos, se desembocará, no en un Acuerdo Nacional para el Campo plus, sino en uno bis, y segundas partes nunca fueron buenas. Sin embargo, las señales actuales dejan esperar mejores cosas por parte del movimiento campesino en este difícil trance de la negociación. A eso le apostamos

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/13/index.php?section=politica&article=022a2pol

Octavio Rodríguez Araujo: Comprobación lógica: sí hubo fraude

Puede traicionarme la memoria, pero me parece recordar que lo solicitado por la revista Proceso sobre las boletas electorales de la elección presidencial de 2006 era acceso a ellas para volverlas a contar, y no, como ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impugnar las leyes electorales entonces vigentes ni el proceso comicial ya concluido.

Desde el principio, tanto la revista como algunos universitarios solicitaron contar los votos a sabiendas de que dicha acción, de haberse permitido, no cambiaría los resultados electorales, sino sólo resolvería la gran incógnita de muchos mexicanos de si los resultados fueron correctos o no. La negativa de seis magistrados contra cinco demuestra, una vez más, que la gente del poder no quiere que se le haga la autopsia, por decirlo así, al cadáver electoral. Hay presunción fundada de que dicha víctima fue asesinada; no se tiene la certeza de cómo exactamente se cometió el crimen, si fue asfixiada o murió de un golpe en la cabeza o de un balazo. La autopsia nos revelaría algo al respecto o, quizá, que la víctima en realidad no fue asesinada sino que falleció de lo que los médicos llaman muerte natural. Con el conteo extraoficial y sin validez jurídica se aclararía si hubo o no fraude electoral, si ganó Calderón o López Obrador. Nada más, pues, aunque tramposamente, es cosa juzgada, y ya ni modo.

Sin embargo, temerosos los del poder establecido, se han negado a aclarar estas dudas, a pesar de que sería en beneficio de la salud de la nación. Han preferido negar un derecho a la transparencia electoral que tenemos todos los ciudadanos; han preferido pasar a la historia como marrulleros autoritarios, que aclararle al mundo cómo fueron en realidad las elecciones federales pasadas. El siguiente paso será, si la lógica del poder se cumple, que el IFE ordene destruir las boletas electorales, es decir el cuerpo del delito. Y los mexicanos nos quedaremos siempre con la duda, al igual que tal vez nunca sepamos quién en realidad mató a Colosio, por ejemplo.

Los seis magistrados de la SCJN que votaron en contra de que se cuenten los votos otra vez han ratificado el enorme temor que existe en las esferas del poder institucional dominado por el PAN de que quizá Calderón no ganó. Han preferido no arriesgarse, ¿qué tal que resulta que perdió? Y esto, aunque no tenga validez jurídica, sí provocaría una enorme decepción en los mexicanos, y hasta es probable que nos enojáramos, y lo que de esto pueda derivarse.

Es una lástima que Felipe Calderón, dada la pequeña diferencia entre sus supuestos votos y los supuestos votos de su principal contrincante, no haya sido el primero en pedir que los votos se volvieran a contar. Lo único que logró con su contumacia fue aumentar la duda sobre su triunfo, olvidando la vieja máxima que dice que el que calla otorga, o la otra que dice que el que nada debe nada teme.

Si me doy cuenta de que me falta la cartera en el bolsillo y atrás de mí veo a un personaje que trata de pasar inadvertido o que lleva a cabo movimientos sospechosos, puedo pensar que él fue el ladrón. Llamo al policía más cercano y éste le pide que vacíe sus bolsillos. Si se niega, se hará más sospechoso, y si accede y no se le encuentra mi cartera, me disculparé ampliamente y reconoceré que me equivoqué y que ese personaje es inocente. Pero Calderón no quiso hacerlo, el IFE de Ugalde tampoco, el tribunal electoral ignoró infinidad de pruebas sobre la suciedad de las elecciones y falló en contra de que se contaran todos los votos. ¿Cuál puede ser la única conclusión lógica? Que no quisieron que se supiera la verdad. El máximo tribunal de la nación ha hecho lo mismo, ocultar la evidencia y dar pie para que las boletas sean destruidas. ¿Podré creer en las instituciones de la República después de esto? No, ni tampoco millones de mexicanos.

Muchos amigos míos, tanto los muy enterados como otros medio apáticos, me han dicho que no hubo fraude y me han dado decenas de argumentos; pero ellos, a diferencia de quien se ostenta como gobernante y de nuestros magistrados, sí estuvieron de acuerdo en que las boletas electorales fueran contadas de nuevo por personas ajenas al poder institucional y confiables por lo mismo. Unos lo dijeron públicamente y otros no, por temor a perder su trabajo, pero pensaron que no hubiera habido ningún problema en el recuento, incluso –en opinión de ellos– para ratificar que las irregularidades habidas en el cómputo oficial no hubieran cambiado sustancialmente los resultados. Nada. Los del poder institucional cerraron filas y terminaron siendo cómplices, por lo menos, de mantener la duda entre quienes pensamos que sí fue fraudulenta esa elección y que no triunfó Calderón. Con su terquedad confirman, para mí, que sí hubo trampa y que el golpe de Estado ex ante (del que he escrito en otros momentos) sí se llevó a cabo, aunque poco podamos hacer ahora para cambiar las cosas.

Es una lástima que estas cosas ocurran en México. Pero, contra lo que probablemente piensan los del poder, no nos acostumbraremos: seguiremos la ruta de la oposición en la medida de nuestras posibilidades. Y, una conclusión inevitable: las instituciones son dudosas y poco confiables.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/03/13/index.php?section=opinion&article=022a1pol