Daily Archives: January 17, 2008

Emir Sader: Por la paz en Colombia

La liberación de los primeros rehenes es un acto que debe ser saludado desde diversos puntos de vista. En primer lugar, porque recuperaron su libertad personas que habían estado recluidas durante varios años, aisladas del mundo y de sus familiares. Es un gesto humanitario que debe ser saludado como tal, con los debidos agradecimientos a todos los responsables, entre ellos y en primer lugar al presidente venezolano Hugo Chávez, luego a los representantes de gobiernos como los de Argentina, Cuba y Brasil, entre otros, por su apoyo.

En segundo lugar, porque Colombia es uno de los epicentros de la “guerra infinita” de EU y por primera vez este país deja de ser agente de la guerra para convertirse en mediador de eventuales procesos de paz. El mecanismo ya viciado impide éxito en diversos casos, el más largo de los cuales es Palestina.

Ni en Palestina ni en Irak ni en Afganistán ni en Colombia parecían prosperar iniciativas de resolución pacífica de los conflictos llevadas a cabo por Washington.

Es una buena sugerencia para que otros busquen soluciones o al menos alternativas que avancen en la dirección de la solución pacífica de los conflictos en el mundo. Una posibilidad para que gobiernos progresistas, y especialmente el Foro Social Mundial, busquen demostrar que “otro mundo es posible”, otras formas de superar la política de militarización de los conflitos de parte de la potencia imperial estadunidense.

En el caso colombiano se trata de no detenerse en la liberación de los detenidos de una parte y de otra, aunque éste sea el próximo paso concreto, que servirá de poco, si siguen en acción los paramilitares, si el ejército sigue atacando a campesinos, si siguen los secuestros; en fin, si la guerra sigue. De ahí que la propuesta de Hugo Chávez –promover una negociacion política que permita terminar con la guerra y replantear la relación del gobierno de Colombia con las FARC y el ELN en el plano político– sería un objetivo fundamental para que Colombia cierre ese capítulo duro de su historia que tantos sufrimientos causa a su pueblo, para que América Latina deje de tener un epicentro de las “guerras infinitas” del gobierno estadunidense, para que no se entorpezcan las relaciones entre los gobiernos del continente por esa guerra.

Y, finalmente, para que se sepa que se pueden resolver los conflictos sin apelar a la guerra, a la violencia, a la militarización, para lo cual es necesario tener gobiernos con iniciativa, audacia y compromiso para arribar a soluciones favorables al bienestar de nuestros pueblos, como ha sido el caso de Venezuela. Perderían los que apuestan a la violencia y a la guerra para ganar los conflictos; esto es, los fabricantes de armamentos, los que viven de eso en Colombia.

Ha llegado el momento de constituir una especie de Grupo de Amigos de Colombia con los gobiernos que han participado con éxito en esta primera negociación, tanto los latinoamericanos como los europeos, porque queda claro que esa acción tiene legitimidad y posibilidad de éxito.

La cuestión colombiana es un problema de los colombianos, pero se ha visto que el apoyo internacional tiene buenas posibilidades de éxito y apoyos internos e internacionales, además de que puede representar un nuevo hito en este comienzo de siglo, todavía dominado por las “guerra infinitas” del imperio.

América Latina puede dar al mundo el ejemplo de que puede resolver sola, de forma pacífica y justa, el conflicto colombiano.

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Carlos Montemayor: Las FARC y el terrorismo

El viernes de la semana pasada, en un discurso ante el Poder Legislativo de su país, el presidente venezolano Hugo Chávez se atrevió a plantear como una solución política el reconocimiento a las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC) como fuerzas beligerantes. Las reacciones nacionales e internacionales fueron en su mayor parte previsibles.

De inmediato, por ejemplo, el gobierno de Colombia rechazó la propuesta de reconocimiento de las FARC como fuerza beligerante e insistió en la solución militar para extirparlas como “un cáncer” a fin de que en 2010 Colombia se convierta en “un país sin terroristas”. En círculos políticos colombianos, la iniciativa de Chávez fue cuestionada incluso por constituir una intervención en asuntos internos colombianos. El portavoz del Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, Sean McCormack, rechazó el 14 de enero la propuesta de retirar de la “lista de organizaciones terroristas” a las FARC, y la gobernante alemana Angela Merkel fue de la misma “escéptica” opinión un día después.

Interesante planteamiento el del presidente Chávez no por imposible de realizar, sino por la importancia de poner en la mesa de debate nacional e internacional el sesgado y utilitario concepto de “terrorismo” y descubrir otras capas de la realidad social en el mundo actual. Particularmente cuando la “injerencia internacional” de nuestros días no se origina en los círculos terroristas, sino en los financieros.

La senadora colombiana Piedad Córdoba expresó, por su parte, el 13 de enero, que “la gente tiene que entender que efectivamente las FARC son un ejército, son un sujeto político en el país, son una realidad política y no podemos olvidarnos de eso, porque en esa medida y de esa manera no vamos a lograr lo que queremos, que es la liberación de todos los compañeros”. El argumento es relevante: “son un sujeto político en el país, son una realidad política”. Ésta es la dimensión que varios gobiernos en el mundo tratan de eliminar, ocultar o distorsionar en procesos sociales de oposición o en movimientos de resistencia a ocupaciones territoriales de fuerzas extranjeras. No es difícil observar que en Chechenia, Irak, Palestina, Pakistán o Colombia, por poner algunos ejemplos, hay una práctica de descalificación política utilitaria a movimientos y procesos sociales. La petición de reconocer a las FARC en Colombia como fuerza beligerante se relaciona con numerosos casos de muchos países del mundo, incluido México.

En julio de 1997 fueron divulgados en el semanario Proceso algunos documentos de Inteligencia Militar, en uno de ellos, en una tarjeta dirigida al secretario de la Defensa, se lee lo siguiente:

“Entre los años 1991-1992 acudió a la Secretaría de la Defensa Nacional (EMDNS5) el doctor Alberto Zékelly, en ese entonces funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con la pretensión de que esta dependencia mostrara su acuerdo para que nuestro país suscribiera el protocolo II adicional a los convenios de Ginebra, que regula conflictos armados de carácter interno. Esta secretaría estuvo en desacuerdo por considerar que con la firma de ese protocolo se ponía en riesgo de afectación la soberanía del país y se abría la posibilidad de una injerencia externa que en un caso determinado, incluso tratándose de bandas de narcotraficantes, pudieran alcanzar un estatus beligerante y, en consecuencia, acogerse al derecho internacional. Ante esta negativa, el doctor Zekelly propuso que se accediera a una petición de la Cruz Roja Internacional para abrir una oficina en México. Esta secretaría también se mostró contraria a esta pretensión.”

Queda claro que la Secretaría de la Defensa se opuso a que México firmara el protocolo II adicional a los convenios de Ginebra porque había detectado la presencia del grupo armado que después conoceríamos como EZLN. La firma del protocolo favorecería, en términos militares, al grupo armado antes aun de lanzar una declaración de guerra. Pero el otro argumento era peculiar: tal firma pondría en riesgo de afectación nuestra soberanía por facilitar la injerencia internacional. El planteamiento es contradictorio no sólo por la “injerencia” que México padecía ya desde ese momento con los organismos financieros internacionales, sino por este simple hecho: que el ejército esté actuando cada vez más a fondo en la lucha antinarcóticos es resultado ya de una injerencia internacional.

La ley estadunidense definió el terrorismo como la “violencia premeditada, políticamente motivada y llevada contra objetivos no combatientes por grupos subnacionales o agentes clandestinos” y el terrorismo internacional como el “que involucra a los ciudadanos o el territorio de más de un país”. En septiembre de 2001 el Departamento de Estado dio a conocer en Estados Unidos el Informe global sobre terrorismo, que identificaba a 29 organizaciones terroristas en todo el mundo. De ellas, 14 eran de tendencia extremista islámica y contaban con algún tipo de apoyo abierto o encubierto de gobiernos de países como Afganistán, Siria, Líbano, Irán o Libia.

El informe del Departamento de Estado presentaba en las fichas de cada una de estas organizaciones su descripción, sus principales actividades, su fuerza estimada, su área de operaciones y sus apoyos externos. Las organizaciones consideradas terroristas eran básicamente de fundamentalistas islámicos y de extrema izquierda. Incorporaron en la lista a organizaciones como las FARC, de Colombia, ETA, de España, e IRA, de Irlanda.

Según ese informe las organizaciones fundamentalistas islámicas habían aumentado su actividad por el estallido de la violencia en el conflicto palestino- israelí en septiembre del año 2000, dato relevante porque el documento apuntó que la mayoría de ellas tenían a Israel y a Estados Unidos entre sus principales blancos. Es decir, el rasgo que tipifica a las organizaciones que Estados Unidos considera terroristas no es “el terror” o daño que producen a grupos no combatientes, sino la descalificación política con que se les proscribe.

En abril del año pasado consideramos una forma de modernización de las leyes en México reconocer el delito de terrorismo como una realidad mundial de cuyo riesgo debemos precavernos, a sabiendas de que el término terrorismo no es resultado, en términos reales, de un análisis social, sino que proviene de una descalificación política utilitaria. En México se pretende asimilar el concepto de terrorismo a los grupos que emprendan ciertas acciones “que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad para que tome una determinación.”

Resulta peligroso referirse al terrorismo como una fuerza que busca “presionar a la autoridad para que tome una determinación”. La parte riesgosa es la tentación de confundir el término terrorismo con la inconformidad social. En la base de esta tentadora confusión está la explicación de las reacciones inmediatas de los gobiernos colombiano y estadunidense de rechazar el reconocimiento de las FARC como fuerzas beligerantes. También la reacción extrema de César Gaviria, hoy líder del Partido Liberal: “Las afirmaciones del presidente Chávez constituyen un grave quebrantamiento de la Carta Democrática Interamericana”. Curiosa reacción, sobre todo ahora que en México y en el continente entero han venido presionando a todo tipo de autoridades, con magníficos resultados, las elites financieras e industriales de nuestros países, el sistema bancario (que en nuestro caso ha dejado de ser mexicano), los consorcios trasnacionales, los gobiernos de Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Ante esta presión real para que las autoridades tomen “una determinación”, la presión de “los terroristas” parece una broma.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2008/01/17/index.php?section=opinion&article=018a1pol

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