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Julio Yao: Para entender la invasión de Estados Unidos a Panamá

Panamá. Irak, Yugoslavia… ¿y Colombia?

La invasión de Estados Unidos a Panamá fue precedida por un completo programa de desestabilización en el cual se empleó el arsenal total de la inteligencia estadounidense. El patrón intervencionista, ahora perfeccionado, se remonta a 1950-1953, cuando la CIA diseñó el derrocamiento de Mossadeq en Irán, para reemplazarlo por la horrorosa tiranía del Sha; a 1954, cuando la CIA derrocó a Jacobo Arbenz en Guatemala, para implantar gobiernos dictatoriales que diezmaron cientos de miles de indígenas; a 1965, cuando invaden República Dominicana para eliminar a Juan Bosch y derrotar a fuerzas constitucionalistas; a 1970-1973, cuando la CIA intentó impedir la victoria en las urnas de Salvador Allende y luego intervino en su derrocamiento, que ocasionó la muerte de más de 30,000 personas. Ni hablar de las intervenciones de la CIA en la península coreana, Indonesia, Filipinas, y en toda la región latinoamericana y caribeña.

Estados Unidos satanizó y planificó el asesinato de los dirigentes de Cuba, Libia, Irak y Yugoslavia y donó cientos de millones de dólares a la oposición política en esos países. Estados Unidos bloqueó la mediación de la O.E.A. para una solución pacífica a la crisis en Panamá y bloqueó e impidió el rol del Consejo de Seguridad como principal órgano responsable por el mantenimiento de la paz y la seguridad en Cuba, Irak, Libia y Yugoslavia.

Estados Unidos, sin declaración de guerra emitida por su Congreso (en violación del ‘War Powers Act’), agredió a Panamá, Irak, Libia y Yugoslavia, matando e hiriendo a considerable cantidad de personas civiles e inocentes.

En cuanto a Yugoslavia -y sólo para mencionar sus acciones desestabilizadoras anteriores al inicio de los bombardeos en abril de 1999-Estados Unidos, tal como hizo en Vietnam y con los ‘contras’ de Nicaragua, organizó (con la complicidad de la OTAN) y financió con drogas al KLA (Ejército de Liberación de Kosovo); autorizó la participación de ‘fuerzas especiales’ secretas en Kosovo; organizó al ejército croata, cuyos generales se sumaron al KLA; conspiró y conspira aún para desmembrar y disolver a la República Federativa Socialista de Yugoslavia; aplicó una terapia de shock para disminuir la productividad y agravar la deuda externa de Yugoslavia, de modo que las riquezas de este país quedaran a merced del capital extranjero (globalización) y aumentara la pobreza de los yugoslavos.

Estados Unidos vetó la ayuda a las seis repúblicas de Yugoslavia para crear un ambiente artificial para la separación e impuso sanciones a Yugoslavia, suspendiéndoselas a las repúblicas que se separaron. Estados Unidos creó un Tribunal Ad Hoc para satanizar a la dirigencia Serbia, Slobodan Milosevic en especial, pero, por otro lado, rechazó la creación del Tribunal Penal Internacional creado por las Naciones Unidas para que sus líderes políticos y militares (Reagan, Bush, Cheney, Powell, etc.), escaparan a la jurisdicción del Tribunal aprobado en Roma. Estados Unidos usó los medios de comunicación de alcance internacional para crear apoyo a su propaganda de guerra, justificar sus agresiones y satanizar a los eslavos, serbios, árabes, palestinos y musulmanes como asesinos genocidas.

Estados Unidos se ha constituido en la única superpotencia mundial con capacidad de agresión sin límites: no reconoce la autoridad de las Naciones Unidas ni respeta el Derecho Internacional. No admite límites geográficos ni políticos a su política de dominación mundial. Aparece como ‘campeón de la democracia’ y líder del ‘mundo libre’, pero en realidad su único interés es saciar los apetitos de su oligarquía y de su complejo industrial y militar mediante su acaparamiento del mercado mundial y las riquezas de los demás pueblos. Estados Unidos, el único Hegemón de la Historia, es el enemigo público número uno de la Humanidad.

Sanciones, demonizaciones y agresiones como instrumentos intervencionistas

La invasión a Panamá había sido precedida por la invasión a Grenada en 1983 y era como un presagio de lo que ocurriría mientras se derrumbaba el antiguo campo socialista: era la primaria invasión de la Postguerra Fría. Estados Unidos pretendió inaugurar un nuevo Orden Internacional bajo su égida, y Panamá fue un tubo de ensayo para futuras agresiones. En Panamá se aplicó por primera vez el concepto de la soberanía limitada de los Estados.

Con la disolución de la Unión Soviética, Estados Unidos y sus aliados en la OTAN comprendieron que podían actuar sin contrapeso alguno para imponer sus decisiones y concepciones estratégicas y de seguridad. El mundo, con unas Naciones Unidas impotentes, estaba a la merced de las potencias imperialistas con Estados Unidos a la cabeza.

Ahora bien: cuando Estados Unidos decide destruir a un país enemigo, por las razones que fuesen, aplican sanciones de diverso tipo: comercial, económica, financiera, política, diplomática, así como presiones mediante instituciones u organizaciones internacionales, con el fin de debilitar la base del poder político en dicho país. De este modo buscan asfixiar la economía del país y crear una crisis artificial para que el descontento de las masas identifiquen como culpable a sus dirigentes políticos y traten de derrocar al gobierno.

El gobierno de Estados Unidos -a través de la CIA- emplea su influencia avasalladora dentro y fuera del país para desacreditar, no solamente al país sino a sus líderes en particular. Se les acusa de todo lo que sea necesario para enlodarles su reputación. Lo que menos importa es si las acusaciones son ciertas: lo que importa es que la gente cree a ciegas lo que canalizan los medios de comunicación. En este sentido, la CIA impacta los mecanismos profundos del inconsciente colectivo para moverlos en la dirección que conviene a sus intereses. Mientras más se vilipendia, mejor.

Así, los dirigentes escogidos como blanco de la CIA se convierten progresivamente en monstruos ante la opinión pública. Se dejan filtrar en los medios, informaciones falsas acerca de sus vidas personales, gustos específicos, estilos de vida, vicios, aberraciones, fanatismos y creencias religiosas, condición moral y sus principios.

Como lo ha explicado Noam Chomsky: ‘Cuando la Casa Blanca decidió que su amigo Noriega estaba volviéndose demasiado arrogante y tenía que irse, los medios de comunicación siguieron las indicaciones y lanzaron una campaña para convertirle en el demonio más vil desde Atila el Huno, una repetición del proyecto contra Gaddafi de algunos años antes. Este esfuerzo se identificó con el engaño de la ‘guerra contra la droga’…La operación de propaganda fue un éxito aplastante. ‘Manuel Noriega pertenece a esa especial hermandad de criminales internacionales, hombres como Gaddafi, Idi Amin o el Ayatolá Jomeini, a quienes los norteamericanos les encanta odiar’, salmodió Ted Koppel, de modo que ‘un fuerte apoyo público a una represalia estaba casi garantizado’. ¿Por qué odiaban los norteamericanos a Noriega en 1989 y no en 1985? ¿Por qué era necesario derrocarle ahora pero no entonces?.’

Sin embargo, con anterioridad al gobierno de Estados Unidos le bastaba utilizar las sanciones solamente, sin satanizar a sus enemigos personalmente. Cuando las sanciones no surtían el efecto deseado, Estados Unidos empleaban la fuerza, desde el bloqueo naval o la prohibición de exportar ciertos productos de carácter bélico (armas, municiones, combustible, etc.). Después de cierto tiempo, si el objetivo no había sido logrado, Estados Unidos usaba el ataque militar directo.

Estados Unidos decide desestabilizar a Panamá

El 10 de diciembre de 1985, el director del Consejo de Seguridad Nacional, el vice-almirante John Poindexter, presionó en Panamá al general Manuel Antonio Noriega (1) para que las Fuerzas de Defensa iniciaran un ataque a Nicaragua; (2) para que autorizara la presencia militar estadounidense después del 31 de diciembre de 1999 y (3) para que Panamá se sometiera a la política exterior de dicha potencia. El ataque a Nicaragua daría lugar a la invasión a ese país por parte de Estados Unidos ‘en defensa de Panamá’, en virtud del Tratado de Neutralidad. Pero Noriega rechazó las presiones, y Poindexter amenazó al militar panameño, advirtiéndole ‘que se atuviera a las consecuencias’.

Diferentes fuerzas, tanto en Estados Unidos como en Panamá, convergieron en un plan para desestabilizar a Panamá. El expresidente Nicolás Ardito Barletta, quien había sido derrocado en septiembre de 1985 por haber designado a una comisión investigadora del crimen del doctor Hugo Spadafora, inició gestiones contra Noriega para recuperar el poder y, según autores norteamericanos, contrató a Norman Bailey, agente financiero de la CIA. El senador Jesse Helms organizó audiencias sobre Panamá, a principios de 1986, para promover un clima contra Panamá, utilizando el asesinato del doctor Hugo Spadafora entre otros alegatos, y buscar la forma de anular los Tratados Torrijos-Carter.

Memorandum secreto y agenda oculta

En abril de 1986, el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos emitió directrices (en un memorándum ‘Secreto’ del cual solamente se hicieron siete copias) para organizar una campaña de operaciones psicológicas a gran escala con el fin de desestabilizar a Panamá con el fin de (1) restablecer el control del Canal por parte de Estados Unidos; (2) mantener la ocupación militar después del 2000; (3) eliminar la influencia de Japón en los asuntos del Canal y su posibilidad de construir y controlar uno nuevo, ya fuese al nivel del mar o mediante un tercer juego de esclusas y evitar que el canal cayese en manos de Cuba o la Unión Soviética; y (4) ahuyentar a inversionistas de Oriente para evitar que las áreas revertidas y el futuro canal cayeran en manos posiblemente ‘enemigas’ .

Como excusa para su intervención (según el memorándum), el gobierno de Estados Unidos utilizaría los ‘rumores’ de corrupción en la cúpula de las Fuerzas de Defensa, particularmente la supuesta participación de Noriega en el narcotráfico y el lavado de dinero.

EEUU atiza a la oposición y aplica sanciones

La campaña contra Noriega arreció a partir de junio de 1986, cuando el periodista Seymour Hersch publicó en la primera plana del New York Times un catálogo de todos los ‘delitos’ imputables a Noriega. Años después, este periodista admitió haber reproducido datos de la inteligencia (¿de su amigo Bailey?), sin someterlos a verificación.

Estados Unidos aprovechó al máximo la aspiración de muchos panameños de instaurar un gobierno democráticamente electo y puso en escena una agenda oculta de intervención y agresión. Orientó y estimuló abiertamente toda oposición al régimen, desde la sede de la embajada hasta las instalaciones militares de Estados Unidos a orillas del Canal. Los paros, las protestas, las disensiones, las marchas y manifestaciones sirvieron de mampara a los planes intervencionistas, que incluyeron muchas operaciones encubiertas. El modelo de intervención utilizado en 1986 por Estados Unidos para derrocar a Ferdinando Marcos en Filipinas fue trasplantado a Panamá y ejecutado desde su embajada. La Cruzada Civilista, creada en 1987, contaba con oficinas en Washington.

En Panamá, el gobierno de Estados Unidos inició sus presiones con la restricción o disminución de la cuota azucarera, consciente de que el presidente Eric Arturo Delvalle (que a la sazón apoyaba a Noriega) era el dueño de uno de los ingenios azucareros más importantes de Panamá. En efecto, Delvalle decidió traicionar a Noriega para no perder sus negocios y se pasó al bando de Estados Unidos, que lo reconoció como legítimo presidente de Panamá, pese a que era un ‘gobierno fantasma’, financiado ilegalmente por Estados Unidos con fondos pertenecientes a la República de Panamá que habían sido congelados en ese país.

A principios de 1988, el presidente Ronald Reagan invocó la Ley de Poderes de Emergencia Económica en tiempo de guerra y declaró al ‘régimen Noriega-Solís Palma’ como ‘una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos’; aplicó sanciones económicas, comerciales, financieras y monetarias a Panamá; congeló depósitos bancarios de Panamá en Estados Unidos; redujo drásticamente la circulación del dólar; retuvo aviones de la empresa Air Panamá; prohibió a ciudadanos y empresas de Estados Unidos entregar dinero y valores al gobierno panameño y tendió un cerco diplomático para aislar al gobierno panameño y obligar a la renuncia de Noriega como comandante de las Fuerzas de Defensa de Panamá.

El gobierno norteamericano excluyó a Panamá de los beneficios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe, para reducir sus exportaciones; usó el veto contra Panamá en las instituciones internacionales de crédito; suspendió todos los programas de ayuda al desarrollo de Panamá; canceló las donaciones y retuvo todo tipo de pago; entre ellos, los de la Comisión del Canal al gobierno panameño, los servicios públicos como luz, agua y teléfono, así como alquileres de apartamentos y casas.

Simultáneamente, los servicios de inteligencia planificaron y apoyaron la oposición interna a Noriega y las Fuerzas de Defensa, así como al partido gobernante, el P.R.D.; infiltraron las agrupaciones políticas y empresariales; penetraron, socavaron y dividieron a las Fuerzas de Defensa; obtuvieron el apoyo de la alta jerarquía de la iglesia Católica; azuzaron a diversas agrupaciones antimilitaristas y financiaron medios de comunicación, tanto nacionales como extranjeros. Alentaron paros, marchas, piqueteos y huelgas.

Las sanciones económicas hicieron caer el crecimiento económico de Panamá al 0% a finales de 1989.

Luego iniciaron las acusaciones (falsas unas y ciertas otras) contra el general Noriega: narcotraficante, dictador, bisexual, adicto, asesino, pornógrafo, fanático del vudú, la magia negra y la hechicería de todo tipo; violador de prostitutas y niñas; doble espía; agente de la CIA.

Construyeron un cerco diplomático en torno a Panamá mediante presiones a la comunidad internacional para que desconocieran al gobierno panameño, rompieran relaciones diplomáticas, retiraran a sus representantes, suspendieran todo tipo de ayuda y violaran el Derecho Internacional.

A la vez, el gobierno norteamericano inició ‘negociaciones’ con Noriega para sacarlo de las Fuerzas de Defensa ‘honrosamente’, pero con ultimátum: Noriega debía retirarse en la fecha impuesta por Estados Unidos, una condición totalmente inaceptable. Cuando todo fracasó, el Pentágono empezó a aumentar su presencia militar en Panamá de manera inconsulta y arbitraria, de manera escalonada, y en violación a los Tratados Torrijos-Carter que obligaban a la coordinación mediante la Junta Combinada de Defensa. Las tropas se instalaron dentro y fuera de la antigua Zona del Canal y circularon sin obedecer a las leyes nacionales ni a lo pactado en los Tratados.

Realizaron maniobras militares sin la aprobación panameña, muchas de ellas de alta peligrosidad en áreas prohibidas y sin controles de ninguna especie, especialmente dentro de la ciudad de Panamá. Las fuerzas armadas de Estados Unidos tomaron posesión de numerosas instalaciones de servicio público, tales como hidroeléctricas, potabilizadoras, comunicaciones, etc. Profundizando su intervención, aterrizaron en lugares prohibidos; introdujeron vehículos y lanchas artilladas a lo largo y ancho del territorio nacional; sus aviones entraban y salían del espacio aéreo de Panamá sin aprobación ni notificación y en violación del Convenio de Chicago de 1944 y acuerdos aéreos bilaterales.

Finalmente, recurrieron a la provocación abierta a los miembros de las Fuerzas de Defensa: los arrestaron, los atacaron y los insultaron. Sin embargo, las Fuerzas de Defensa tenían instrucciones de no ceder ante las provocaciones norteamericanas, que buscaban el pretexto para invadirnos. Cuando todo lo anterior fracasó, Estados Unidos lanzaron la invasión que destruyó a Panamá en forma genocida.

EEUU boicotea la Comisión Tripartita para el nuevo Canal

El temor a un canal japonés: Preocupación vital para Estados Unidos eran los avances de Japón en Panamá. El general Omar Torrijos había iniciado contactos con los japoneses para realizar estudios de factibilidad de un nuevo Canal o de reformas al viejo y ambos países habían suscrito Declaraciones Conjuntas y otros compromisos. El presidente Reagan se hizo invitar a las negociaciones y participó en la firma de acuerdos tripartitos (EEUU, Japón, y Panamá) para los estudios de un nuevo Canal. Se creó la Comisión de Estudios de Alternativas al Canal, pero a Estados Unidos sólo le interesaba desviar de su curso las relaciones entre Panamá y Japón, porque, al finalizar el Tratado del Canal el 31 de diciembre de 1999, Panamá tendría exclusiva potestad e independencia para acordar arreglos con cualquier país.

Estados Unidos se dedicó a boicotear a la Comisión Tripartita, y ésta no logró realmente reunirse y desenvolverse como se preveía. El General Manuel Antonio Noriega viajó a Japón a fines de 1986 y fue recibido como un jefe de Estado. Los japoneses confirmaron su interés en construir y financiar un canal al nivel del mar.

El gobierno panameño logró sobrevivir a las sanciones, pero también reprimió las manifestaciones, empeorando su imagen ya bastante deteriorada.

Comando Sur acelera escalada militar

A lo largo de 1987-1989, Estados Unidos aumentó ilegalmente sus fuerzas militares, sin consultar al gobierno de Panamá y en violación abierta del Tratado del Canal, y Panamá elevó protestas pertinentes en la Organización de Estados Americanos (OEA) y en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fueron desestimadas rutinariamente con sus bostezos acostumbrados.

Los norteamericanos dejaron de cumplir los Tratados del Canal y anularon en la práctica los mecanismos binacionales establecidos, particularmente la Junta Combinada de Defensa, de la cual se ausentaron para proseguir un curso unilateral predeterminado.

El Comando Sur, cuyo cuartel general estaba localizado en Quarry Heights, condujo entre 1988 y 1989 cientos de operaciones militares por tierra, mar y aire, fuera de las áreas autorizadas y dentro de jurisdicción panameña, sin solicitar la aprobación de Panamá, con el fin de provocar a las Fuerzas de Defensa y a la población.

EEUU manda espías y dona diez millones a la oposición

Pese al estado de intervención y agresión, el gobierno panameño organizó elecciones generales en mayo de 1989. Agentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos realizaron intervenciones de variada gama. La más conocida fueron las intervenciones radiofónicas a través de emisoras clandestinas, pero las mismas fueron detectadas, y un norteamericano, Kurt Muse, confesó su participación y declaró que los equipos fueron puestos a su disposición por la CIA. En una de las primeras operaciones de la invasión, Kurt Muse fue liberado de la cárcel Modelo por un equipo ‘Delta’ de fuerzas especiales, que asesinó a sus custodios.

El presidente George Bush, dando seguimiento a la política de Reagan, intervino abiertamente en las elecciones al anunciar que había entregado diez millones de dólares a la oposición, provenientes de las cuentas que el gobierno panameño mantenía en bancos de Estados Unidos y que fueron ilegalmente congeladas desde marzo de 1988. El conteo de votos fue interrumpido, y las elecciones fueron anuladas. Una caravana encabezada por los candidatos de la oposición–monitoreada a cada paso por la inteligencia militar estadounidense–fue violentamente reprimida, y Washington empleó profusamente las imágenes de los ataques a los candidatos de la oposición para desacreditar al gobierno panameño y justificar su escalada intervencionista.

Miembros de los Batallones de la Dignidad fueron visiblemente los responsables. Sin embargo, algunos de los que estuvieron presentes han indicado a este autor que en dichos ataques participaron personas ajenas a los milicianos que fueron vistos poniéndose y quitándose camisetas de los Batallones.

Intervenciones desde la embajada y el Comando Sur

A medida que arreciaban las protestas de la oposición también Estados Unidos profundizaba su intervención, al punto de que el propio embajador de esa nación en Panamá, Arthur Davis, y su hija participaron personalmente en muchas de las acciones. Elementos de la embajada norteamericana ayudaron a coordinar muchas de las acciones y estuvieron presentes en marchas y demostraciones. Algunos, como el propio Agregado Militar, por ejemplo, fueron detenidos in fraganti. El propio John Maisto, quien estuvo a cargo de la desestabilización en las Filipinas, fue trasladado a Panamá para aplicar la misma receta. Maisto acaba de ser nombrado Asesor del Jefe del Comando Sur, en vísperas del Plan Colombia. En y desde las bases militares en el Canal se fraguaron numerosas acciones intervencionistas. Incluso el periódico de las fuerzas armadas (Tropic Times) fue empleado permanentemente y de manera ilegal para apoyar la desestabilización.

El gobierno panameño, a raíz de las sanciones, estaba en la ruina, y la actividad económica se redujo drásticamente. No había dinero para pagar la planilla ni para atender los gastos más elementales. Solamente con la ayuda de algunos países amigos pudo el gobierno del ministro Encargado de la Presidencia, Manuel Solís Palma, sobrevivir a corto plazo. Así, entre paros, demostraciones, falta de liquidez, desesperación y represión, Estados Unidos planificó las acciones militares que fructificaron en la invasión del 20 de diciembre de 1989.

El golpe del 3 de octubre y la responsabilidad de EEUU

En 1988 se había emitido el Documento de Santa Fe (II), que señalaba la necesidad no sólo de eliminar a Noriega sino de desmantelar las propias Fuerzas de Defensa en su totalidad. En marzo de 1988, un número reducido de oficiales intentó dar un golpe al general Noriega, sin éxito. Más tarde, el 3 de octubre de 1989, otro grupo de oficiales al mando del mayor Moisés Giroldi, apresó a Noriega y se hizo momentáneamente con el poder, pero las fuerzas norteamericanas no intervinieron para apoyar el golpe porque el mismo era perpetrado por fuerzas ‘torrijistas’ dentro de las Fuerzas de Defensa que exigían la salida de las tropas de Estados Unidos el 31 de diciembre de 1999. El golpe a Noriega había sido estrechamente coordinado con el Comando Sur a través de los servicios de inteligencia militar, pero el Pentágono decidió no involucrarse por los motivos señalados. Noriega estaba completamente dominado y sólo se requería que el helicóptero norteamericano, que volaba sobre el Cuartel, descendiera y se llevara al prisionero. Al no atender la solicitud de apoyo del Comando Sur, Estados Unidos debe compartir la responsabilidad por la ejecución de los golpistas. En cambio, el pasado 12 de noviembre, el ex general Marco Cisneros, que coordinó la invasión, mintió al declarar en un programa televisivo sobre la Invasión de Panamá (‘Infinito’: War Secrets), que el Comando Sur le había ‘rogado’ a Giroldi que le entregaran a Noriega, y que éste se había negado.

Operaciones incubiertas e intervenciones extraterritoriales

Los servicios de inteligencia (CIA, DIA y la inteligencia naval) de Estados Unidos diseñaron varias operaciones encubiertas para eliminar a Noriega, y el FBI autorizó a las fuerzas armadas para arrestar a dirigentes de otros Estados y traerlos ante tribunales de ese país, incluso para asesinarlos, en violación del Derecho Internacional. Se analizó la posibilidad de que Estados Unidos apoyara a una fuerza de panameños y algunos mercenarios para que iniciara ataques a Noriega desde sus bases militares en Panamá. Desde 1989, el Comando Sur había sido designado como el centro para Conflictos de Baja Intensidad en América Latina y, en tal sentido, allí se diseñaron esquemas para violentar radicalmente la estructura social, política y económica de los países escogidos a fin de alinearlos a los intereses de Estados Unidos.

Gran cantidad de oficiales militares de Estados Unidos tejieron una red de espionaje sobre Panamá, que recabó toda la información requerida en caso de invasión: sitios estratégicos y claves, funcionarios importantes, personas peligrosas, direcciones residenciales, teléfonos y faxes, hábitos y rutinas, lugares frecuentados, antecedentes y perfiles políticos, depósitos de armas y municiones, cuarteles y sitios de entrenamiento, cantidad y calidad de armamento, listas de amigos y enemigos, control de comunicaciones e inteligencia, etc. Miles de oficiales y sus familias fueron alojados en hoteles y residencias alquiladas en Panamá, que contribuyeron a levantar planos y crear un sistema operativo.

La planificación militar incluyó planes de contingencia, y fueron varios los proyectos diseñados en el Pentágono para invadir a Panamá con el fin de ‘arrestar’ a Noriega.

La invasión del 20 de diciembre de 1989

En vista de que todos los intentos de eliminar a Noriega habían fracasado o bien no eran opciones viables para Estados Unidos, la única superpotencia mundial decidió invadir Panamá el miércoles 20 de diciembre de 1989. La operación era totalmente ilegal: el Secretario General de las Naciones Unidas solamente fue informado el día anterior. A la medianoche, a partir de las 11:30 p.m., fuerzas de tierra, mar y aire convergieron sobre diversos sitios preseleccionados, especialmente las instalaciones de las Fuerzas de Defensa en el Aeropuerto de Punta Paitilla; en el Cuartel Central, ubicado en el populoso barrio de El Chorrillo; en el Cuartel de Tinajitas, del corregimiento de San Miguelito; en Fuerte Cimarrón, sede del Batallón 2000, en Pacora; en el Cuartel de Panamá Viejo; en el Cuartel de Los Pumas, ubicado en el antiguo Aeropuerto de Tocumen; en la Base Militar de Río Hato, antigua base estadounidense, donde se encontraban dos institutos de nivel secundario; en la Base Naval de Coco Solo, en Colón.

Cuando todos dormían o se preparaban para celebrar las navidades, la única superpotencia mundial dejó caer sobre un pequeño y desarmado país toda su potencia de fuego. Estados Unidos sobresaturó, en un desproporcionado ataque a Panamá, el escenario bélico. Los agresores utilizaron naves y aeronaves, vehículos, armas, municiones, equipos y recursos bélicos nunca antes utilizados en combate real. Varios aviones Stealth F-117, invisibles a radares ortodoxos, despegaron desde su base en Nevada, se reabastecieron de combustible en el aire, dejaron caer bombas de 2,000 libras sobre Río Hato y El Chorrillo, y regresaron a su sede. Los Stealth ni siquiera fueron detectados por los radares de Estados Unidos en Panamá, menos por Panamá, que no contaba con radares de ninguna clase.

Helicópteros Apache con la más alta tecnología, el bombardero AC-130 Spectre; vehículos todoterreno Hummer; tanques de asalto Sheridan M-551, vehículos blindados M-113, y tanquetas; ametralladoras de varios calibres; y municiones desconocidas, algunas posiblemente químicas; rayos láser y otras utilerías nuevas como chalecos y cascos especiales, visores nocturnos fueron utilizados contra un país que no poseía fuerza aérea, defensa antiaérea ni artillería pesada.

Fuerzas de defensa debilitadas y divididas antes de la invasión

A finales de 1989, las Fuerzas de Defensa se encontraban divididas, debilitadas y carentes de comando central efectivo. Meses, semanas, días y horas previas a la invasión, la artillería liviana y otras armas pequeñas fueron retiradas de los cuarteles y sitios designados por órdenes de oficiales panameños que trabajaban para la inteligencia de Estados Unidos. Parte del desarme militar fue responsabilidad del general Noriega, temeroso de un nuevo golpe. Pero la artillería restante fue retirada por artimañas de la inteligencia gringa. Los oficiales del Estado Mayor en su mayoría no presentaron combate, y la poca resistencia de esa entidad estuvo a cargo de tenientes, sargentos, cabos, rasos y simples policías. La mayor resistencia recayó sobre los Batallones de la Dignidad y Codepadis, civiles voluntarios a quienes se les dio un entrenamiento pobre y deficiente.

La invasión del 20 de diciembre fue catalogada como la operación bélica más importante de Estados Unidos después de la guerra de Vietnam.

Las mentiras de Bush sobre la invasión

En la mañana del 21 de diciembre, el presidente Bush explicó las razones de la invasión: para (1) proteger a ciudadanos norteamericanos; (2) salvaguardar los Tratados y proteger el Canal; (3) capturar y conducir a Noriega ante tribunales de Estados Unidos; (4) restaurar la democracia en Panamá. Pero era evidente-como declaró el ex jefe del Comando Sur, Fred Woerner–que ni los tratados ni los ciudadanos estadounidenses corrían peligro alguno. Por otra parte, Estados Unidos no tenía capacidad legal para apresar a Noriega, porque esto no lo permitía ningún tratado o el derecho internacional. Además, como manifestara el ex agente de la CIA, Philip Agee, a raíz de esta invasión, no es política de Estados Unidos intervenir militarmente para restaurar la democracia y, en todo caso, Panamá siempre ha sido dominado por un grupo de familias. Thomas Pickering, embajador de Estados Unidos en las Naciones Unidas, manifestó que su país invadió a Panamá ‘en defensa propia’, porque desde territorio panameño se enviaban drogas a Estados Unidos. Un argumento tan ridículo como inaceptable.

El gobierno norteamericano había invocado, como razón para invadir, que las Fuerzas de Defensa habían ‘asesinado’ a un marino cuando el auto en el que viajaban se encontraba ‘extraviado’. La verdad es otra: el marino y sus acompañantes formaban parte de un equipo de tareas especial perteneciente a la inteligencia naval norteamericana al cual se le había asignado la tarea de provocar abiertamente a los militares panameños para encontrar un pretexto. En un auto alquilado y repleto de armas, los marinos (conocidos como los ‘hard chargers’), rebasaron un retén de las Fuerzas de Defensa en el perímetro del Cuartel Central; hicieron caso omiso a la señal de alto y dispararon contra el edificio principal, hiriendo a varias personas, entre ellos, a un niño. Los militares panameños respondieron legítimamente al ataque. Sin embargo, la muerte del marino (un colombiano), no fue reportada en Washington conforme a los procedimientos usuales.

El presidente Bush acusó a las Fuerzas de Defensa de haber agredido a un teniente de la marina y de manosear su esposa, detenidos cuando rondaban por el Cuartel Central a la hora del incidente citado. Sin embargo, la Dirección de Relaciones Públicas de la institución negó públicamente al día siguiente haber arrestado a la pareja.. Pero el ‘incidente’ sirvió para enardecer a la opinión pública en Estados Unidos y el extranjero en contra de Noriega.

El presidente Bush dijo que ‘este presidente’ no iba a tolerar el atropello a ciudadanos norteamericanos, mucho menos amenazas a mujeres norteamericanas. Sin embargo, ‘este presidente’ (Chomsky dixit) no hizo ni dijo absolutamente nada cuando varias monjas norteamericanas fueron violadas y asesinadas meses antes en El Salvador o cuando una monja norteamericana (Diana Ortiz), pocas semanas antes de la invasión a Panamá, fue secuestrada, torturada y violada por la policía guatemalteca. ‘Este presidente’ tampoco protestó cuando, el 1′ de enero de 1990 (a sólo 10 días de la invasión) dos monjas norteamericanas fueron asesinadas por terroristas organizados por Estados Unidos en Nicaragua, etc., etc.

Las maniobras psicológicas ejecutadas en Panamá bajo los servicios de inteligencia norteamericanos fueron exitosas. Una semana después de la invasión, ‘los militares norteamericanos enviaron a cientos de especialistas en guerra psicológica a Panamá ‘para difundir mensajes de propaganda pronorteamericana por todo el país’ en una campaña para ‘reforzar la imagen de los Estados Unidos’ y ‘para imprimir la influencia norteamericana en casi todas las fases del nuevo gobierno’, informa la prensa. ‘Estos muchachos son…muy sofisticados en los aspectos psicológicos de la guerra-dijo un oficial del ejército. Trabajan en propaganda.’

Mordaza a la prensa nacional e internacional

Contrario a Vietnam, la prensa internacional (la de Estados Unidos en particular) no estuvo presente en el escenario porque no se les permitió. Los periodistas fueron retenidos en el Comando Sur en Quarry Heights, y solamente cuando todo hubo terminado y luego de borrar las huellas más importantes de la carnicería, se les llevó en recorridos guiados. Ello impidió que el mundo conociera los crímenes de guerra y otras atrocidades cometidas por las tropas norteamericanas. La prohibición de la prensa internacional fue ordenada por el Secretario de Defensa, Dick Cheney, en violación de reglamentos del Pentágono y la Constitución, por considerar contraproducente su presencia en campos de ‘batalla’ (ecos de Vietnam). Cheney, candidato a la vicepresidencia bajo el joven George Bush, se opuso y se opone a la desclasificación de documentos secretos sobre operaciones militares. ¿Por qué será?

Crímenes de guerra

Considérese, por ejemplo, que Estados Unidos bombardeó áreas densamente pobladas en medio de la oscuridad; que sus tropas combatieron y dispararon indiscriminadamente la mayor parte de las veces; que los aviones erraron frecuentemente sus blancos (los F-117, por ejemplo) y destruyeron objetivos civiles; que miles de residencias fueron incendiadas por militares de Estados Unidos. A raíz de la inexperiencia de muchos soldados jóvenes y de la decisión tomada por el general Maxwell Thurmann (el ‘loco Max’, apodo de Vietnam), quien no escatimó víctimas inocentes, miles de panameños no combatientes sucumbieron: miles de muertos y heridos, muchos de cuyos cadáveres fueron destruidos y desaparecidos para borrar evidencias. Thurman seguía órdenes de otro enloquecido general: Colin Powell, Jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor, cuyos criterios operativos ordenaban sobresaturar con incomparables fuerzas al pequeño Panamá, ordenando arrasar con una capacidad para sobrematar (‘overkill’) al enemigo. Colin Powell es el candidato para la Secretaría de Estado si gana el joven y analfabeto George W. Bush.

Las fuerzas norteamericanas penetraron en el principal hospital del país –el Santo Tomás– adonde fueron llevadas cientos de víctimas; tomaron control de todas sus, prohibiendo la entrada de algunos médicos por razones políticas y maltratando a otros; retiraron del hospital todos los registros existentes, por lo que no se sabe a ciencia cierta cuántos ni cómo murieron y cuántos quedaron heridos, como tampoco el tipo de armas o municiones utilizadas. La inmensa mayoría de las víctimas la constituían civiles inocentes que no participaban en los combates. Quemados, heridos, cortados, destrozados, carbonizados, muchas murieron víctimas de la barbarie del ejército más poderoso de la Tierra.

Asesinatos perpetrados por militares de EEUU

Pero existen suficientes testimonios en libros publicados en Panamá y otros países que demuestran no sólo cómo murieron combatientes y civiles inocentes sino que, además, acusan a las fuerzas norteamericanas de cometer crímenes de guerra. Dichas publicaciones nos indican que dichas fuerzas:

1. Mataron a muchos civiles inocentes en sus residencias.

2. Mataron a muchos civiles inocentes por la espalda, mientras descendían de sus casas en medio de la oscuridad.

3. Mataron y remataron a miembros de las Fuerzas de Defensa y de los Batallones de la Dignidad que habían sido heridos previamente.

4. Impidieron brindar asistencia médica a los heridos en las calles y residencias, dejándolos morir sin remedio.

5. Mataron a heridos que recibían atención médica en hospitales, clínicas y centros.

6. Mataron a prisioneros de guerra dentro de centros de retención.

7. Mataron a combatientes que ya se habían rendido, con las manos en alto, luego de dárseles garantía de respetarles la vida.

8. Mataron a muchos civiles inocentes, atrapados en sus autos, que fueron aplastados por tanques y tanquetas de las fuerzas invasoras.

9. Mataron a muchos soldados y policías mientras dormían y que no presentaron combate, sin dárseles oportunidad de rendirse.

10. Mataron a mujeres después de violarlas.

11. Mataron a muchas personas por simple sospecha o nerviosismo.

12. Mataron a muchas personas dentro de sus autos porque se salieron de la fila en los retenes; porque los agresores se pusieron nerviosos; porque tuvieron ‘problemas de comunicación’; porque no hicieron un alto o no cumplieron órdenes ‘en inglés’.

13. Mataron a muchas personas por ‘error’ o por simples ganas de matar, sin explicación ni justificación.

14. Maltrataron, golpearon y torturaron a prisioneros de guerra.

A los anteriores asesinatos, considerados como los más graves crímenes de guerra según los tratados internacionales, habría que añadir otros que tampoco son justificables ni perdonables. Los hechos demuestran que las fuerzas invasoras destruyeron miles de viviendas de gente humilde, que quedó en total desamparo. Cientos de personas sufren aún severos traumas psicológicos y fisiológicos que las han inhabilitado, al punto de que quedaron incapacitadas. Muchos embarazos fueron malogrados. Miles de hijos de las víctimas sufren el síndrome de la desintegración familiar por la desaparición de quienes constituían el sustento en el hogar y muchos son ahora delincuentes por esa razón.

Las fuerzas invasoras destruyeron numerosos edificios e instalaciones civiles y equipos pertenecientes al Estado y al pueblo panameños, cuyo valor alcanza quizás miles de millones de dólares. Las fuerzas invasoras se llevaron valiosos botines de guerra, desde las armas y equipos de las Fuerzas de Defensa-muchos de estos nuevos-hasta las armas del ‘Pía Vesta’ y las computadoras del G-2 de esta institución. Las fuerzas invasoras incautaron miles de cajas llenas de documentos. Saquearon muchas riquezas del país, como piezas arqueológicas irremplazables, joyas precolombinas, tesoros artísticos. Se llevaron la primera bandera nacional. Existen testimonios de personas a quienes las tropas norteamericanas despojaron de joyas, dinero y pertenencias de todo tipo, aparte de que les dejaron enormes cuentas en llamadas de larga distancia a Estados Unidos.

Miles de personas no combatientes fueron arrestadas y retenidas en campos de concentración durante largos períodos de tiempo tan sólo por el hecho de pertenecer al partido político gobernante, por ser funcionarios del gobierno, por simple sospecha o necesidad de prevención o por puro terrorismo de Estado, sin que hubiesen formalmente cargos contra estas personas.

Todos los medios de comunicación (prensa, radio y televisión) –salvo los colaboradores– fueron intervenidos por las fuerzas invasoras y sometidas a estricta censura, y la totalidad del país fue sometida a un régimen de ocupación violatorio del Derecho Internacional.

Las fuerzas norteamericanas cercaron las embajadas de Cuba y Libia y penetraron en la residencia del embajador de Nicaragua; atropellaron a diplomáticos de esos países, en flagrante violación de la inmunidad diplomática y el derecho de asilo.

Nuevo gobierno toma posesión en una base gringa

Un gobierno, integrado por la oposición a Noriega y que reclamó el poder, fue juramentado en una base militar norteamericana horas antes del inicio de la invasión. Dicho régimen de facto fue instalado y protegido por varios años por las fuerzas invasoras, a pesar de que todo ello constituía una descarada violación de la Carta de la Organización de Estados Americanos (O.E.A.), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y del Derecho Internacional.

A raíz de la agresión, tanto la O.E.A. como la Asamblea General de la ONU condenaron la invasión e instaron a las fuerzas de Estados Unidos a retirarse de Panamá inmediatamente, lo cual, por supuesto, no ocurrió, y urgieron a los panameños a ponerse de acuerdo para llamar a nuevas elecciones bajo supervisión internacional, lo que, por supuesto, tampoco se llevó a cabo por la prepotencia del gobierno de Estados Unidos. Inglaterra y Canadá votaron a favor de la invasión, y otros tantos se abstuvieron. En el Consejo de Seguridad, la resolución que condenaba la invasión recibió el triple veto de E.U., Inglaterra y Francia (miembros de la OTAN). El Salvador fue el único país de Latinoamérica que votó en contra de la resolución que condenaba la invasión. ¿Por qué habra sido?

Haciendo gala de su control sobre los medios de comunicación internacionales, Estados Unidos propaló la versión de que no hubo muchas víctimas inocentes ni daños colaterales que lamentar. Se capturó a Noriega y con ello-dijeron–se dio un golpe certero a los narcotraficantes. Pero, el narcotráfico aumentó, al igual que el consumo del drogas ilícitas en Panamá.

Durante los dos años que duró el estado de ocupación, ocurrieron muchos incidentes violatorios de los derechos humanos de la población y aumentó el tráfico y el consumo de drogas en Panamá, que era mucho menor antes. Noriega fue condenado a 40 años de prisión luego de un juicio ilegal en muchos aspectos que careció de evidencias sólidas. Carlos Lehder, quien declaró contra Noriega a cambio de una reducción en su pena, después se retractó admitiendo que había mentido. Ricardo Bilonick, el ‘testigo dinamita’ que decían tener los fiscales contra Noriega, lo consiguieron mediante un trato con el Cartel de Cali, que primeramente amenazó a Bilonick y luego lo compró por cientos de miles de dólares a cambio de un ‘favor’ que Estados Unidos le hizo a dicho Cartel.

En agosto de 2000, los capos del Cartel de Medellín declararon en Colombia que Noriega realmente nunca permitió el uso de Panamá como puente del narcotráfico, aunque sí toleró el lavado de dinero, contradiciendo la propaganda de guerra y las acusaciones de Estados Unidos.

En la invasión hubo muchas más víctimas que en la Plaza de Tiennamen y que en el derrocamiento de Ceausescu en Rumania. Sin embargo, mientras miles de panameños morían y el resto veía la destrucción de su soberanía y de su país, ninguno de los crímenes cometidos por la más grande ‘democracia’ del mundo en Panamá aparecieron en las pantallas de los televisores del ‘mundo libre’, concentrados en las ‘atrocidades’ de ‘tiranos comunistas’!

Como fruto de la invasión, Japón disminuyó su presencia bancaria y financiera y sus inversiones en Panamá de manera drástica, y su influencia en la Comisión Tripartita para el Estudio de las Alternativas al Canal decreció de manera significativa. En la década de los noventa no se ha mencionado la participación de Japón en el nuevo Canal.

Perspectivas, once años después

La decisión de desestabilizar a Panamá data de fines de 1985, pero la orden fue dada en el Consejo de Seguridad Nacional norteamericano en la primera semana de abril de 1986. Tanto las agresiones e intervenciones anteriores al 20 de diciembre como la invasión de esta fecha no han sido castigadas como lo exigen la Carta de las Naciones Unidas, tratados internacionales que rigen la materia y el Derecho Internacional, y han quedado impunes, a pesar de que Estados Unidos es responsable de numerosos crímenes de guerra y debe indemnizar a Panamá por la totalidad de los daños.

Ningún gobierno ‘panameño’ ha tenido siquiera el interés de crear una comisión que investigue los diversos aspectos de la invasión. No sabemos cuántos muertos, heridos y desaparecidos ocasionó la invasión. No ha habido una reclamación oficial al gobierno de Estados Unidos por la destrucción de la economía y de propiedad nacional y estatal, mucho menos por las víctimas. Ni siquiera se han atrevido a declarar el 20 de diciembre como Día de Duelo Nacional. Ninguno de los partidos políticos ha querido arriesgar su futuro revolviendo este tema, pero este hecho vergonzoso significa que los partidos y sus líderes no representan ni defienden a la nación panameña. Exijamos, pues, la constitución de una Comisión de Investigación sobre la Invasión a Panamá y una Comisión de Reclamaciones al gobierno de Estados Unidos que determine la responsabilidad legal y la cuantía financiera de la indemnización.

Al parecer, la clase política panameña carece de decoro. ‘Ver un crimen en silencio es cometerlo,’ dijo José Martí.

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=050506&Parte=0

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Miguel Concha: Impunidad y denegación de justicia

En ocasión del décimo aniversario de la masacre de Acteal, es con la memoria de los de abajo como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) vuelve a definir la situación jurídica de ese crimen de Estado, y todo con base en la consideración objetiva, continuada y minuciosa de las denuncias, testimonios y demandas penales de los sobrevivientes, en los mismos lugares de los hechos –no en la interpretación política posterior de la Procuraduría General de la República (PGR), ni desde hace un año y a cientos de kilómetros de distancia–, y en los estándares nacionales y sobre todo internacionales del derecho humano a la justicia.

Con argumentos puntuales, en su nuevo documento, sale al paso de las recientes versiones descontextualizadas, inconexas y distorsionadas, que pretenden infructuosamente disculpar, desde arriba, a los principales autores materiales de los hechos, al gobernador de Chiapas y al Presidente de la República.

Hace exactamente diez años un grupo de más de cien paramilitares priístas de la región de los Altos, ataviados con paliacates rojos en la cabeza y vestidos a la usanza de la entonces llamada Policía de Seguridad Pública masacraron en forma deliberada, y no de manera fortuita, como ahora se quiere afirmar, con armas de fuego –incluyendo algunas de uso exclusivo del ejército, machetes y cuchillos–, a 45 indígenas tzotziles, más cuatro niños aún no nacidos, y dejaron heridos y lisiados a otros 26, todos ellos pertenecientes a la Organización Sociedad Civil Las Abejas, que ayunaban y oraban por la paz en la ermita católica del campamento de desplazados denominado Los Naranjos, vecina a Acteal.

A pesar de la afirmación del mañosamente llamado Libro Blanco de la PGR, reiterada recientemente por una enigmática “Clínica Jurídica” del Centro de Investigación y Docencia Económicas, en el sentido de que ninguno de los cuatro cadáveres femeninos que presentaron embarazo tenían lesiones cortantes de origen traumático en la región del abdomen, ni en los genitales, y/o de que en la ejecución de este crimen de lesa humanidad no intervinieron cuchillos ni machetes, consta en las necropsias de ley realizadas dentro de la Averiguación Previa AL7C/SJI/657/997, de la causa penal 361/99, que 15 de los cuerpos pertenecientes al sexo femenino y 5 al masculino presentaron lesiones producidas por armas blancas corto contundentes, punzocortantes, confuso cortantes, cortantes y confusas, y que uno de los cuatro cadáveres de las mujeres embarazadas presentaba como causa de muerte la exposición de víscera al medio ambiente, a través de herida corto contundente penetrante en cavidad abdominal.

Otro dato que abona para la tipificación de un crimen de Estado es que, mientras la masacre se llevaba a cabo, la Policía de Seguridad Pública, que se encontraba en la carretera y en la escuela del lugar, a escasos 200 metros de donde estaban ocurriendo los hechos, no intervino y además reportó con toda frescura “sin novedad”, a pesar de que desde las 12 horas el vicario, entonces de la Diócesis de San Cristóbal, se comunicó por teléfono con Homero Tovilla Cristiani, entonces secretario general de Gobierno, para informarle de la situación, y de que supuestamente éste solicitó información al director de Seguridad Pública, y éste a su vez al primer oficial de Seguridad Pública del estado, quienes aparentemente durante todo el día no supieron ni advirtieron nada grave.

Como dato igualmente significativo, es importante añadir que resulta por demás contradictorio que los soldados acantonados por esos días y a esas horas en un retén cercano, no hayan intervenido, a pesar de que la agresión se prolongó por siete horas y de que un peritaje de audiometría realizado por la CNDH el 6 de enero de 1998 determinó que “tuvieron la capacidad de escuchar las detonaciones de los impactos producidos por los proyectiles de arma de fuego”.

Consta además de manera oficial en declaraciones ministeriales que inmediatamente después de los hechos, el subsecretario de Gobierno, el secretario ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública y el subprocurador de Justicia Indígena al momento de ocurrir la masacre, pretendieron ocultar a toda prisa los cadáveres a la prensa, y no cuidaron que se preservara debidamente el lugar de los hechos. Por todo ello, y más, mucho más que se puede añadir, el Estado mexicano no ha cumplido con su obligación de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia, para asegurar que no se repitan tales hechos, y otorgando a todas las víctimas o sus familiares la debida reparación de los daños, pues mientras, como afirma el CDHFBC, no se reconozca a la masacre de Acteal como un crimen de Estado, producto de una comprobada política contrainsurgente, no habrá soluciones duraderas, y tanto la denegación de justicia como la impunidad seguirán presentes.

Por esto, Amnistía Internacional urgió el pasado miércoles a los gobiernos estatal y federal “a cumplir con su responsabilidad internacional de garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de esta grave violación de los derechos humanos”.

* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/22/index.php?section=opinion&article=015a1pol

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Silvia Ribeiro: Prohibido ser campesino

Vivimos en tiempos de guerra. Parecería que el solo hecho de ser indígena o campesino es una afrenta a los poderosos. La guerra contra la vida campesina es ancha y ajena y por muchas partes sentimos sus dentelladas. Empezó hace mucho, pero en días como hoy, a 10 años de la masacre impune de indígenas en Acteal, se siente más la herida.

Es una guerra suicida, porque los indígenas y campesinos han sido por más de 10 mil años los que han creado, cuidado y legado a toda la humanidad las bases de la alimentación, las fibras para abrigo y vivienda, la crianza de animales domésticos, el uso y cuidado de los bosques y ríos, de plantas medicinales, la comprensión profunda de la naturaleza, junto a una rica diversidad de aproximaciones filosóficas, políticas, artísticas y estéticas de la vida.

No es una visión romántica de la vida campesina: aún hoy la mayor parte de la alimentación mundial la proveen los campesinos y campesinas, quienes pese a los ataques directos o mediados y a las oleadas salvajes de migración siguen siendo más de la cuarta parte de la población mundial y siguen siendo los únicos capaces de mantener la biodiversidad agrícola y de semillas, vitales para el sustento de todos.

Son parte de esta guerra los tratados de “libre” comercio, patentes de corso de las grandes empresas para el tráfico de gente y mercancías, que hasta prevén fríamente –como en el caso del TLCAN– que con su advenimiento miles de campesinos desaparecerían. También son parte de esta guerra la privatización del agua y la tierra por leyes y programas gubernamentales y los cultivos transgénicos, otra arma de las trasnacionales de los agronegocios para contaminarnos y monopolizar las semillas, llave de toda la red alimentaria.

Pero a veces la guerra toma formas extremadamente descarnadas, como la masacre a sangre fría de 45 indígenas en Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997. Aumenta la ignominia que a 10 años no se haya castigado a muchos de los autores materiales del crimen ni a ninguno de sus autores intelectuales.

Por el contrario, la guerra que se tramó desde el gobierno de Ernesto Zedillo, se intenta remozar con la versión de intelectuales de alquiler que pretenden cambiar el pasado, inventado una batalla “entre indígenas” que nunca existió. Lo que sí hubo –atestiguado nuevamente en estos días por muchos de los que estuvieron allí– fueron cadáveres de mujeres, niños y hombres asesinados a tiros por la espalda, algunos mientras rezaban en la iglesia, otros intentando escapar de la matanza, a manos de paramilitares entrenados desde fuentes gubernamentales.

Al 2007, la guerra continúa y en México se regodea con muchos otros asesinatos y atropellos impunes, como el ataque contra los campesinos y pobladores de San Salvador Atenco y Oaxaca, el asesinato de Aristeo Flores, del Consejo de Mayores de la Comunidad de Ayotitlán, de Concepción Gabino de Cuzalapa, de Faustino Acevedo de Oaxaca, por defender tierra, agua y semillas, la violación y asesinato de la anciana nahua Ernestina Ascencio por militares y muchos otros. Además de los más de 900 casos de presos políticos, la mayoría indígenas, que documentó Blanche Petrich (La Jornada, 28/10/2007) solamente desde el arribo del PAN al gobierno en el 2000.

Tan crucial como no olvidar Acteal, es saber que se preparan nuevas masacres, como han advertido desde las propias comunidades hasta personalidades reconocidas internacionalmente como John Berger y Naomi Klein recientemente.

Los métodos no han cambiado mucho. Otra vez, con la excusa de supuesta “protección ambiental”, se amenaza desalojar a comunidades zapatistas, con el contubernio de autoridades ambientales, como sucede en la reserva ecológica comunitaria de Huitepec y en la comunidad de Bolon Ajaw, aunque son las comunidades zapatistas las que verdaderamente cuidan el bosque.

Otra vez, se inventan asociaciones “civiles” para hacer creer que hay un enfrentamiento entre indígenas que pelean por la tierra, como la Opddic, cobijo de paramilitares que han agredido varias veces con armas a los campesinos zapatistas.

Pese a esta guerra que no cesa, las comunidades indígenas zapatistas en Chiapas, que el mundo conoció desde el levantamiento del EZLN en 1994, ya son una de las mayores experiencias de resistencia y creación autogestionaria de la historia. Tanto por su duración, su extensión territorial y en miles de personas, como por la calidad de la transformación: en la práctica y a contrapelo del poder han creado nuevas formas de educación, salud, economía, cultura, política, relaciones de género y de generaciones.

Donde había devastación, muerte, violaciones y humillación han sembrado vida, justicia y dignidad. Esta experiencia colectiva que ya es parte de la historia a nivel planetario, encarna la esencia terca y noble de la vida campesina. Por muchas razones, desde la deuda histórica con ellas hasta porque son apenas unos de los eslabones más visibles del ataque frontal contra muchas formas de resistencia al capitalismo salvaje, es tarea de todos defenderlas.

* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/22/index.php?section=opinion&article=019a1eco

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Immanuel Wallerstein: El informe de inteligencia de EU sobre Irán, ¿una reversión importante?

El director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos publicó el 3 de diciembre una versión desclasificada de un informe conocido como National Intelligence Estimate (NIE), una evaluación nacional de inteligencia sobre Irán y las armas nucleares. El periódico The New York Times la llamó en un titular “reversión importante”. “Revirtió” una NIE realizada en 2005. Y dio la señal de un viraje en la política oficial de Estados Unidos. En 2005, la NIE “evaluó con gran confianza que Irán está decidido a desarrollar armas nucleares”. En 2007, la NIE “juzgó con gran confianza que en el otoño de 2003, Teherán puso un alto a su programa de armas nucleares”.

Casi todos los análisis públicos y de prensa de este informe suponen que la evaluación fue realizada por el director de Inteligencia Nacional y que está siendo leída por el gobierno de Bush y por el Congreso, quienes apenas ahora la toman en cuenta. Algunos incluso la llamaron “golpe de Estado” contra Bush y/o Cheney y los neoconservadores. No creo esta secuencia ni por un momento. Asumo que esta evaluación fue discutida previamente dentro del gobierno de Bush. Después de todo, se dice que el informe fue escrito hace como un año. Creo que este informe es el resultado de una discusión al interior del gobierno, que tomó la decisión con el conocimiento y la aprobación de George W. Bush para que el informe fuera dado a conocer al público. Este informe no conducirá a una reversión. Da señales de que la reversión ya ocurrió.

¿Qué podemos inferir de esto? Podemos inferir que el largo debate en curso entre la facción que favorece la acción militar inmediata contra Irán (Cheney y sus amigos, el gobierno israelí y sus amigos) ha perdido ante la facción, mucho más grande, que por varias razones piensa que esa acción militar no es sabia. No me sorprende el resultado, puesto que he estado argumentando por algún tiempo que la facción contraria a una acción bélica inmediata era mucho más fuerte dentro del gobierno estadunidense que la facción de Cheney, particularmente dado que la facción contraria a la guerra inmediata incluye al Estado Mayor Conjunto.

¿Qué ocurrirá ahora en relación con Irán? Probablemente no mucho. Rusia, China y Alemania ya arrastraban los pies con mucha obviedad en relación a las futuras sanciones contra Irán. Es muy poco probable que haya sanciones ulteriores, Irán ha persistido en su argumento de que tiene el derecho a continuar con el desarrollo de su programa de enriquecimiento de uranio, mientras que al mismo tiempo congela su programa de desarrollo de armas nucleares. Y continuará con esto por ahora.

El hecho básico que debemos siempre tener en cuenta es que el actual gobierno estadunidense tiene lleno su plato —mantiene su presencia en Irak, en Afganistán, y se preocupa acerca de la muy real posibilidad de que haya un quiebre del orden en Pakistán. Aun Bush puede darse cuenta que el posible desarrollo de armas nucleares por parte de Irán de aquí a 10 años no puede desplazar estas otras preocupaciones en el orden de prioridades.

Sin duda Estados Unidos buscará una fachada verbal de crítica contra Irán. Vean los comentarios públicos del presidente hacia el informe. La retórica es muy similar a la fachada verbal de favorecer la creación de un Estado palestino hacia finales de 2008. Pero nadie presta mucha atención –ni siquiera los candidatos presidenciales en Estados Unidos (de alguno de los dos partidos). Esas afirmaciones son sólo eso –fachadas verbales. Bush comienza a caer en una tendencia al fastidio de intentar salvar la cara mientras sobrevive lo que sin duda será su año más infeliz en el puesto.

Entretanto, todo el resto del mundo está pensando en lo que deberá hacer en Medio Oriente después de 2009, con la gran probabilidad de que un presidente demócrata asuma el cargo en Estados Unidos. Debería ser obvio para ellos que, por el momento, el único Estado estable en Medio Oriente es Irán. Por supuesto, Irán tiene sus conflictos internos y la facción de Ahmadinejad bien puede perder las próximas elecciones. Pero Irán –poder petrolero, poder de la Shía, poder militar y demográfico en la región– es un actor importante que debe tomarse en cuenta. Los países preferirán tener a Irán de su lado que en contra suya. Irán no va a desaparecer.

A lo largo de los años, Irán le ha hecho muchas ofertas a Estados Unidos de hacer un trato, proponiéndole trabajar juntos respecto de Irak y otros asuntos. Y el gobierno de Bush ni siquiera reconocía el gesto. Tal vez ahora sea muy tarde para que Estados Unidos haga un trato así –pero no es tarde para China o Rusia o aun Europa occidental. Tampoco es muy tarde para Pakistán o Arabia Saudita, dos países cuyo colapso desestabilizaría la región en modos que harían que el fiasco de Irak pareciera una molestia mediocre.

De hecho, en este punto siento que Condoleezza Rice y Robert Gates entienden mejor que Hillary Clinton o Barack Obama, pero tal vez no. En cualquier caso, tengo la sensación de que la evaluación de la NIE es una forma elegante de decir la doctrina Bush ¡requiescat in pace!

* © Immanuel Wallerstein
* Traducción: Ramón Vera Herrera
* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/22/index.php?section=opinion&article=022a1mun

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Robert Fisk: Syria denies killing General in car-bomb attack

So, they assassinated another one yesterday. A general, Francois El-Hajj by name, not known in Europe but a senior officer and the chief of the Lebanese general army staff, whose battle for the Nahr el-Bared Palestinian refugee camps earlier this year made him an obvious target for the Syrians, for the Iranians, for the Palestinians, for just about anyone else you care to note.

Although he was an obvious target, the implications for the current army chief and possible future president – General Michel Suleiman – were devastating.

General El-Hajj was blown to pieces with three of his colleagues at about seven o’clock in the morning as he moved through Baabda, a Christian and supposedly safe suburb of Beirut. He was looked after by his own bodyguards and he was lost by them.

There was no way in which he was going to be saved from the blast. His vehicle was passing a car packed with 35 kilos of TNT when the parked car exploded. The force of the blast, in front of the Baabda municipality buildings, threw the bodies 15 yards and shook the diplomatic quarter. The General, his driver and one bodyguard were confirmed dead. A fourth man is believed to have been killed in the explosion and seven were wounded.

The Lebanese Information Minister Ghazi Aridi blamed the Syrians for the assassination although, interestingly, and with great concern for his use of words, Walid Jumblatt, who has constantly blamed the Syrians for attacks on democratic politicians in Lebanon did not do so. Nor did Marwan Hamadi, one of Mr Jumblatt’s parliamentary colleagues.

It seems, therefore, that Lebanese politics are changing once again and that those who were enemies of the Syrians are no longer necessarily so.

But Lebanon’s appalling pseudo-civil war nonetheless continues. The last assassination was the anti-Syrian member of parliament Antoine Ghamem, murdered in his car on a Beirut street in a Christian area not far from Baabda. Almost every other week we are faced with an assassination. And, much worse, we are supposed to expect it.

When I had dinner with Mr Jumblatt, I made the point that what was terrible about the assassinations was we are beginning to expect them, they are part of our daily life. Every day we are expected to endure an assassination or an attempted assassination, and what is it meant to mean? Syria denied involvement in yesterday’s bombing, accusing “Israel and its Lebanese instruments” in a statement from Damascus, of benefiting from the atrocity.

But if this was a warning from Syria, and if General El-Hajj was meant to die – which he did – what is the message for General Suleiman and for all Lebanese?

* © The Independent
* Published: 13 December 2007
* http://news.independent.co.uk/fisk/article3247574.ece

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Néstor de Buen: Tenías razón, don Carlos Marx

Los datos de una crisis típica del capitalismo aparecen ahora, con mayores detalles en la prensa diaria. Claro está que se refieren a los apuros de la economía estadunidense. Los problemas derivados de la decadencia del dólar, no atenuados por la política de guerra que ha seguido el señorito Bush, constituyen hoy en día las noticias relevantes.

No hay que olvidar que esto viene de atrás, de cuando se inventó en Estados Unidos que en Irak existían armas de destrucción masiva, lo que justificaría la intervención armada de su ejército para localizar y destruir esas armas que supuestamente ponían en peligro la paz mundial.

Varios años de guerra han comprobado que el gobierno de Bush mintió para justificar el enorme gasto, en recursos y en soldados, que ha supuesto la aventura iraquí. Los resultados no han podido ser más negativos. Han permitido llegar a la conclusión de que lo único que ha logrado el gobierno estadunidense es despertar en el interior de su país una animadversión cada vez más notable y en beneficio de un triunfo más que previsible del Partido Demócrata. Pero, además, no han evitado el desastre de su economía.

Siguiendo por la misma línea de conducta, se viene preparando la guerra en contra de Irán, país al que se acusa de todo lo imaginable. De nuevo resultará la falta de confirmación de las acusaciones si, como es previsible, Estados Unidos se lanza a otro conflicto.

No hay que olvidar, por otra parte, que detrás de la invasión de Irak se encuentra el más que explicable motivo de la explotación de su petróleo. No suele la prensa dar noticia del desarrollo de esa actividad de Estados Unidos en Irak, pero todo hace suponer que el beneficio petrolero tiene que haber sido considerable. Con Irán los objetivos serían muy semejantes.

En el orden interno dentro del Partido Republicano el abandono de muy importantes funcionarios ha sido notable. No es frecuente que suceda y en este caso es evidente que las bajas han sido motivadas por el deseo de no compartir la absoluta decadencia del Partido Republicano en manos de un personaje tan ineficaz como es el señor Bush. Su último amarre ha sido, por ahora, la famosa Condoleezza Rice, con un desempeño notable en la cartera de Relaciones Exteriores, pero que también podría, en breve plazo, mandar al presidente con viento fresco para rescatar un poco su propio valor.

Esta crisis capitalista encuentra, sin embargo, un marco de comparación que la hace más notable. El euro asume ya un protagonismo por encima del dólar que hace pensar que una economía inteligente como la europea, armada sobre un difícil consenso inicial, mantiene el crecimiento que, además, se apoya en la inmigración de africanos que encuentran empleo y para ello se juegan la vida en sus viajes, pero alimentan las zonas más sacrificadas del trabajo en beneficio de los nacionales. España, país que ha sido a lo largo de la historia notable exportador de españoles, tanto por razones económicas como políticas, es hoy receptor, me parece que entusiasta, de una mano de obra que ocupa los lugares incómodos. Y sin duda ello se acompaña de un desarrollo económico notable. Aunque se juegue a una democracia difícil en la que la sombra del fascismo: Rajoy y su Partido Popular, no deja de estar presente.

Pero en el mundo hay otras economías en desarrollo. Notable el que se produce en la República Popular China, generosa exportadora de productos de muy buen precio y en la India. La antigua Unión Soviética ha rencontrado su desarrollo económico y todo parece indicar que viene acompañado de expresiones democráticas cada vez más notables.

A nosotros nos tocarán, nos tocan ya, las consecuencias de la crisis estadunidense. Las noticias acerca de un problema financiero del Grupo Slim no resultan gratas. Habrá que volver a la idea de que nuestra economía se vincule más a Europa sin olvidar el mercado iberoamericano.

Entre tanto tendremos que sobrevivir a la contradicción inminente: la emigración masiva a Estados Unidos y su rechazo cada vez más brutal por parte de los estadunidenses, que empiezan a darse cuenta de que deben mantener sus puestos de trabajo, al precio que sea. Muros por delante, por supuesto.

* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/16/index.php?section=opinion&article=019a2pol

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Arnaldo Córdova: Partidocracia

La expresión es un invento de los italianos, allá por los años ochenta del siglo pasado: partitocrazia. En mis viajes a Italia por entonces, yo preguntaba a amigos y conocidos qué era lo que entendían por eso. No hubo uno solo que me diera una definición igual a la de los demás. Recuerdo que uno de ellos planteó, al menos, tres significados: cuando los partidos gobiernan sin consultar a sus bases ni a sus electores; cuando un partido, solo o con aliados, como era el caso de la Democracia Cristiana, impide que otros participen del gobierno; cuando ya nadie, dentro o fuera del Estado democrático, los puede controlar y sus burocracias imponen sus intereses puramente pragmáticos a las demás fuerzas políticas y a la ciudadanía. Es curioso que el término haya aparecido cuando ya todos los partidos, incluidos el Partido Comunista y la Democracia Cristiana, estaban en una crisis que muy pronto se volvió irreversible y todos fueron borrados de la escena.

A mi amigo le desmonté sus pretendidas definiciones con un argumento general y tres particulares. Le hice observar que lo que ellas encerraban no eran más que descripciones genéricas y parciales de lo que hemos conocido a lo largo de la historia como régimen democrático de partidos y que no incluía otras características, por ejemplo, que los partidos son votados por ciudadanos, que cada elección es una consulta al pueblo elector que ratifica o niega su apoyo a los partidos y que, casi en todas partes, las coaliciones están permitidas. La primera argumentación particular fue que yo no conocía un solo partido en el mundo (tal vez se habrá dado algún caso que yo por ignorancia desconozca) que hiciera con regular frecuencia consultas a sus bases (a lo más que llegan es a sus congresos internos que, la mayoría de las veces, dejan mucho que desear como consultas) y, menos aún, a la ciudadanía. Robert Michels (1876-1936), alemán que vivió mucho tiempo en Italia y que fue uno de los primeros grandes teóricos en materia de partidos políticos, llegó a postular que los partidos están regidos por una ley de hierro: cada partido está férreamente controlado por una oligarquía partidista. Un partido, por naturaleza, remató, es una organización antidemocrática. En esencia, yo estoy de acuerdo con esa idea, aunque, como todas las definiciones lapidarias, no sirve para describir con exactitud la realidad política.

La segunda argumentación particular fue que a mí no me parecía que el monopolio prolongado de un partido, por sí solo o en alianza con otros, impidiera a otras grandes fuerzas, aun coaligadas, acceder al poder. Mientras una mayoría de los ciudadanos voten a favor de ese partido o de su coalición, podrá argüirse lo que se quiera, menos que se trata de un dominio antidemocrático. En 1990 un grupo de investigadores, en una obra colectiva, se refirió a los regímenes de Japón, Italia, Suecia e Israel como “democracias anómalas” (uncommon democracies), porque en ellos, siendo democráticos, se impedía que las oposiciones llegaran al poder. Se daba un monopolio del poder, en manos de un partido o de una coalición y, sin embargo, como señalara Rafael Segovia en su prólogo a la edición española del libro, eran democracias innegables. Mientras el ciudadano decida y pueda decidir libremente, no me parece que haya antidemocracia. Por eso deberíamos cuidarnos de no atribuir a la democracia virtudes que no le pertenecen.

La tercera argumentación particular fue que, de darse el caso de que ya nadie, dentro o fuera del Estado, pudiera controlar a los partidos en sus acciones arbitrarias, estábamos ante dos perspectivas: o los partidos daban un golpe de Estado y acababan con la democracia o la hipótesis era totalmente falsa y no podía presentarse de ninguna manera en la realidad. Si los partidos gobiernan a través de sus representantes en el Estado (jefes de gobierno, legisladores, por ejemplo) y son esos, sus representantes, los que ejercen el poder, no podía ser que no pudieran controlar a sus partidos, porque habrían dejado de ser representantes para convertirse en simples figuras decorativas. Si los partidos siguen recurriendo a las elecciones para instalarse en el poder del Estado, entonces la hipótesis es falsa. Mi amigo, desde luego, me dijo que no estaba de acuerdo en nada.

De las definiciones de que he tratado hay algo que concuerda con lo que ahora está de moda decir para hablar de una supuesta partidocracia en México. La idea más socorrida es que los partidos no hacen consultas a la ciudadanía (léase, grupos de interés) e imponen sus fines pragmáticos. Se argumenta, por ejemplo que, en contradicción con la Constitución que, en su artículo 35 (prerrogativas del ciudadano) dicta que todo ciudadano tiene el derecho de votar y ser votado, sin entender su naturaleza, el que sólo los partidos pueden postular a quienes pueden ser votados, se impone, a través del nuevo artículo 41, una partidocracia, que quiere decir algo así como “aquí sólo los partidos se reparten el pastel del poder y los ciudadanos se van al demonio”.

Desde que quedó claro, a lo largo del prolongado proceso de reforma política iniciado en 1977, que los ciudadanos sólo pueden ser votados a través de un partido político y se desechó la idea tan simplista de que cualquier ciudadano por su cuenta puede postularse como candidato, se les ha explicado a sus defensores que hay una hipótesis central en el asunto: si todo ciudadano tiene ese derecho, un absurdo que resulta real es que todos los ciudadanos que integran el padrón electoral se presenten como candidatos “independientes”; podrá decirse que, por absurdo, no es realista. Bien, pero, entonces, ¿hasta dónde se puede fijar la lista de candidatos “independientes” y por cuáles razones? Se dice que los candidatos independientes pueden estar respaldados por un amplio sector de la ciudadanía; pero, entonces, ¿cómo identificar como sujeto jurídico a ese sector? ¿Nada más reuniendo firmas? Hay, además, infinidad de casos de candidatos “independientes” que optan porque los presente un partido. A lo mejor no lo son, pero así se presentan.

La idea de la partidocracia, bandera de los grandes medios de difusión masiva y del Consejo Coordinador Empresarial, aparte unos cuantos más, es tan demagógica y falsa como la idea de la defensa de la libertad de expresión. No pueden entender que la política moderna sólo puede hacerse con partidos políticos y no por la libre, porque entonces no tiene ningún sentido. Creo que el que más se ha esforzado por explicar esto es un hombre sin partido desde hace muchos años, mi querido amigo Pepe Woldenberg. Pero creo que nadie le hace caso. Ya no volveré a pedir a los empresarios que digan a sus abogados que los aconsejen mejor. Después del “oso” impresionante que hicieron los abogados del CCE, al promover un amparo en contra de reformas a la Constitución, ya no me quedan ganas. Los empresarios tienen casi todo el dinero del país y piensan que pueden comprar el poder; ahora los partidos sabrán si se comportan como tales o doblan las manos ante los poderosos y se dejan asustar por el petate del muerto de esa estúpida patraña que se ha dado en llamar partidocracia

* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/16/index.php?section=opinion&article=015a1pol

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Blanche Petrich y Hermann Bellinghausen: El EZLN y juntas de buen gobierno, una alternativa: activistas internacionales

San Cristóbal de las Casas, Chis., 15 de diciembre. Frente al vocero e ideólogo del zapatismo el subcomandante Marcos, un teórico de los movimientos de resistencia belga, Francois Houtart, y dos organizadores de movimientos de masas, Ricardo Gebrim, del Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil, y Peter Rosset, de Vía Campesina, reconocieron en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus juntas de buen gobierno la alternativa del futuro para construir “desde abajo y sin entrar a un callejón sin salida” nuevas formas de lucha para enfrentar el capitalismo y sus efectos de destrucción sobre la tierra y el trabajo.

Fue en la tercera jornada del Coloquio Internacional en Memoria de Andrés Aubry, el intelectual francés que hace décadas arraigó en tierras chiapanecas y que ha sido, para todos los ponentes, un referente clave de su estudio y aprendizaje. Este sábado a mediodía, siempre con abundante concurrencia en la boscosa sede de la Universidad de la Tierra, a orillas de esta ciudad, se habló de las opciones para el socialismo del siglo XXI y de la forma como el proceso de las autonomías zapatistas o del “antilulista” MST se enfrentan por partida doble al nuevo embate del capital, en el que todo se compra y se vende, incluidas las personas y la naturaleza, y a las contradicciones propias de las nuevas y viejas izquierdas.

Al calor de las conferencias, Houtart, con todo tacto, puso el dedo en un renglón que parece dejar cabos sueltos y, al mismo tiempo, incomodar a algunos: la abierta animadversión del subcomandante hacia los amarillos, los perredistas.

Fue a propósito de lo que el sacerdote belga de la Universidad de Lovaina y secretario del Fórum Mundial Alternativo planteaba como el desafío de poder mediar y conciliar entre el “optimismo antisistémico y la necesidad de institucionalizar las rebeliones”. Y abordó el espinoso tema desde Brasil y Nicaragua. “Fue duro, para los movimientos en resistencia de esos países decidirse a votar por Luiz Inacio Lula da Silva o por el Frente Sandinista, a pesar de sus desviaciones, para evitar el avance de la derecha, tanto en lo interno como en lo regional. Con todo respeto me pregunto si en México un razonamiento parecido nos hubiera podido evitar a un gobierno de derecha e ilegítimo”. Cauteloso remató: “es solo una interrogante”.

La pregunta no quedó sin respuesta por parte de Marcos, con el mismo tacto. Cuando tocó su turno en la palabra recordó que cuando los zapatistas critican a los gobernantes y líderes del PRD “no estamos hablando de personas en particular. Estamos hablando de nuestros verdugos, nuestros perseguidores.” Y reiteró un tema que ha abordado muchas veces antes. “Si nosotros hubiéramos apoyado la opción de derecha, hoy estaríamos en un gran bajón. Nosotros sólo alcanzamos a intuir lo que pasaba.”

Houtart, el primer orador, habló del fracaso del socialismo del siglo XX, “que tuvo que caminar con las piernas del capitalismo” y que no logró mínimas premisas, como el desarrollo del uso sustentable de los recursos, privilegiar el valor de uso por encima del valor de cambio, crear una democracia generalizada y permitir la multiculturalidad. Estos son, añadió, algunos de los ejes del socialismo del siglo XXI que, advirtió además, “no podrá ser logrado por decreto”. Por el contrario, concluyó, las luchas antisistémicas deberán no sólo criticar sino contratacar “los procesos de acumulación y su efecto destructivo de la tierra y el trabajo.”

Ricardo Gebrim, de Brasil, apuntó que cuando en 2002 el conjunto de la izquierda brasileña alcanzó tocar su sueño –“Lula la”, Lula allá, en el poder– se agotó el ciclo en el que todos creían que empezaría la transformación y empezó la decepción. “Lula nunca se propuso contruir una fuerza social del cambio”. Pese a la frustración, añadió, 25 años de lucha no se desmontan tan fácil y una parte de esa izquierda, el MST, han iniciado un nuevo ciclo reconociendo “que la democracia electoral es un mecanismo de reproducción del imperialismo”.

Citó la experiencia bolivariana de Venezuela como “la conquista de una acción insurgente por la vía electoral”, y la de Bolivia, “mucho más clara aún, de una acción insurreccional que combinó su movilización con la lucha institucional”. Explicó la nueva fase que vive el MST de Brasil con una consulta popular entre los movimientos populares para buscar una nueva forma de organización política al margen del Partido del Trabajo oficial. Y concluyó con una frase de aliento: “Todo tiempo de baja tiene su fin. Hay que estar preparados y mirar hacia el horizonte”.

Peter Rosset, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano y participante frecuente de los encuentros zapatistas, recordó que la embestida de las empresas trasnacionales para apropiarse de los recursos naturales se ha agudizado en la medida en que se agotan otras esferas de negocios. “Hoy hay un proceso de apropiación de la naturaleza como no lo habíamos visto desde el periodo colonial”, apuntó. Y para lograr sus fines, el capital primero desaloja a la gente de sus tierras y después restructura los territorios.

En México, citó, son 6.2 millones de campesinos despojados desde que entró en vigor el TLC, en 1994. En Brasil, cada año son desalojados del campo 200 mil familias. En la India se han creado territorios especiales enormes, que ocupan las mejores tierras para proyectos industriales y agroindustriales. Y ahí donde hay resistencia al despojo, la respuesta del Estado es la misma: militarización, paramilitarización, guerra. Además, advirtió sobre la nueva trampa, en la que coinciden George Bush, “el ex compañero Lula” y muchos otros gobiernos: las reservas ecológicas que son “vaciadas” de comunidades campesinas para ser entregadas a los proyectos de biotecnología, turismo o biocombustibles. “Hoy –expresó– el capitalismo se viste de verde, que no es otra cosa que parte del mismo genocidio.”

Pero a estas tendencias se oponen, en todo el mundo, movimientos rurales de nuevo tipo, autónomos, algunos antisisitémicos y otros aún con vínculos institucionales, pero todos ensayando formas de lucha “que van desde el pacifismo gandhiano, pasando por la acción directa, hasta, en algunos casos, la lucha armada”.

Citó muchos ejemplos. El MST, cuyas organizaciones en Brasil abarcan ya una superficie similar a la de Italia, el zapatismo, el de la Asociación de Campesinos de Cuba y movimientos tan diversos como los de Indonesia, Zimbawe, Paraguay y Tailandia, en donde se han organizado algunos caracoles de inspiración chiapaneca.

En suma, concluyó Rosset, “no hemos perdido la guerra. Y no sólo eso, creo que podemos ganarla”.

* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/16/index.php?section=politica&article=010n1pol

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Blanche Petrich: Entrevista a Carlos Montemayor, politólogo, poeta y novelista

El escritor considera que es un gran error histórico de este gobierno arrastrar a las políticas policiales y legislativas el término “terrorismo”. Se pregunta: “¿Por qué se está retrasando tanto esta toma de conciencia en los mexicanos? No lo sé. Es alarmante, pareciera que ha habido un desmembramiento de la conciencia ciudadana”

Carlos Montemayor percibe, al repasar las fracturas y descalabros que ha sufrido la seguridad nacional en las últimas tres décadas en México, un profundo proceso “de involución social” que se debe, en buena medida, al desplazamiento de una clase política con visión estratégica, suplantada por una “nueva clase de políticos coyunturales sometidos al espejismo neoliberal”. El panista Felipe Calderón forma parte de esa nueva elite.

El politólogo, poeta y novelista –Guerra en el paraíso y Las armas del alba, entre sus obras más conocidas– detecta uno de los indicios de esta involución en uno de los problemas centrales que implica la Iniciativa Mérida, o Plan México: el crecimiento de grupos paramilitares “que en apariencia dejarán limpias las manos del Ejército hasta que se salgan de control, como ocurrió en Colombia. La distorsión conceptual que está teniendo ya el plan Mérida desde los propios discursos oficiales es señal de que México tendrá que enfrentar más complicaciones severas que soluciones a sus conflictos internos”.

La Jornada conversó con el autor chihuahuense, también colaborador de esta casa, quien, a propósito de esta idea de la involución, recordó un diálogo que tuvo recientemente con un viejo minero coahuilense en Nueva Rosita. “Platicando con algunos sobrevivientes que participaron en la caravana del hambre que marchó a la ciudad de México durante la gran huelga de 1951, uno de ellos me decía: pero, ¿adónde vamos? ¿A la esclavitud de nuevo? Porque aquí y ahora no hay defensa del trabajo, del empleo, de antigüedad, de pensión, de salud. Y me quedé desconcertado porque, en efecto, no hay voluntad política ni para preservar la visión de que la vida pública tiene que estar vinculada con el bienestar de la población.”

–A propósito del título de su nuevo libro, La guerrilla recurrente, ¿cómo han evolucionado los grupos armados en estas últimas décadas?

–En los movimientos armados rurales la formulación ideológica no era esencial. Si consideramos que el EPR forma parte de la descendencia del movimiento de Lucio Cabañas, vemos hoy un discurso más teórico, que Cabañas se resistía a aceptar. Podríamos decir que la evolución del discurso del EPR es más conservadora que el discurso político del EZLN.

–¿Debe ser revaluada la capacidad de acción del EPR?

–El discurso gubernamental parte de la descalificación social y política de estos movimientos, los supone inconexos entre sí y se empeña en ver a las organizaciones como algo aislado y vulnerable hasta su aniquilación. Pero si nos preguntamos por qué una organización como ésta puede mantenerse activa y transformarse a lo largo de 40 años, tendríamos que ver a estos grupos en función de su recurrencia generacional y regional.

–Hay sectores que propusieron una mesa de negociación entre las guerrillas y el gobierno.

–Si hubo intentos, los frenaron. Es evidente que al Ejército no le conviene que se reconozca la desigualdad social como justificación de los movimientos armados. El gobierno parte de la idea de que son grupos sin arraigo y vulnerables ante una lucha sistemática de contrainsurgencia militar y policial. Las administraciones priístas últimas desde la mitad del gobierno de Miguel de la Madrid en adelante se parecen más a las panistas que a las antiguas priístas.

“Hay un descalabro en la continuidad de las políticas de seguridad nacional que puede explicarse en muchas etapas. Una, con el surgimiento del Cisen y la desaparición de la Dirección Federal de Seguridad, otra con el desplazamiento de cuadros formados por el ex secretario de Gobernación Fernando Gutiérrez Barrios y otra que se empezó a formar a partir del general Jorge Carrillo Olea, con una idea de modernidad mayor.

“Y otra, a lo largo de los últimos gobiernos, con un reacomodo de las tareas de inteligencia, sin continuidad ni seguimiento de información colegiada entre la PGR, la PFP o la policía militar y el Cisen. Hay muchas evidencias: políticas erráticas, declaraciones contradictorias. Esto le ha restado fuerza al seguimiento de bases sociales o de conflictos sociales previsibles.

“Hay un descuido esencial, no ver estas tareas como preventivas, sino como agresivas. Podía haber análisis económicos, sociales, políticos que se adelanten a los conflictos y a las catástrofes naturales. El perfil de los miembros de inteligencia nacional debería incluir ingenieros, abogados, historiadores, politólogos, científicos, urbanistas, y no sólo policías y militares.”

–¿Cómo entender la subordinación del poder civil que representa Felipe Calderón al poder militar?

–No creo que se trate solamente de una decisión de Felipe Calderón, sino de un proceso de repliegue de los cuadros políticos, concretamente, desde la imposición de las políticas neoliberales en México. Cuadros diplomáticos expertos en acuerdos internacionales ceden el lugar a técnicos en economía que no responden a dinámicas sociales, sino empresariales. Las políticas de desarrollo económico son suplantadas por planes que se adaptan a las necesidades de la globalización empresarial. Esta pérdida de la visión política en la elite mexicana pone incluso en riesgo a la estructura militar.

“El repliegue de los cuadros políticos en la diplomacia, la economía, los aspectos jurídicos, sociales, culturales, educativos del país ha provocado el arrasamiento económico, el avance del narcotráfico y dentro de poco el debilitamiento de las estructuras de nuestros ejércitos.”

–¿Qué le dice el discurso adoptado ahora por el procurador Eduardo Medina Mora, quien al asimilar el modelo de Colombia ha incorporado al combate contrainsurgente el tema del terrorismo e incluso a lo que llama ‘narcoterrorismo’ y ‘narcoguerrilla’?

–La idea de arrastrar a las políticas policiales y legislativas de nuestro país al término del terrorismo es uno de los grandes errores históricos de nuestro gobierno.

–El argumento es que nuestra condición de vecino de Estados Unidos nos hace vulnerables a que el terrorismo use nuestro territorio para infiltrarse.

–Ése es un argumento de Estados Unidos para controlar el hemisferio, no es un argumento del hemisferio para defenderse de Estados Unidos. Es un argumento para convertirnos en bocado fácil y sazonado para las políticas de seguridad hemisférica desde la perspectiva de Estados Unidos. Para nosotros es más grave el problema de la miseria, el hambre y el desempleo.

–Usted alerta en su libro sobre el regreso de la guerra sucia. ¿Están encendidas las alarmas de la sociedad civil ante las evidencias?

–No están encendidas. Y las condiciones están dadas con esta idea de adaptar el término terrorismo como concepto objetivo y no como una descalificación subjetiva. Están allanando el terreno para una guerra sucia de consecuencias catastróficas. Esto implica ya no el control de ningún crimen organizado, sino de la población civil. ¿Por qué se está retrasando tanto esta toma de conciencia en los mexicanos? No lo sé. Es alarmante, pareciera que ha habido un desmembramiento de la conciencia ciudadana.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/10/index.php?section=politica&article=010e1pol

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Francisco López Bárcenas: Las derechas andan sueltas

Las derechas se engallan. Sus cruzados latinoamericanos han pasado del discurso a los hechos, se despojan de sus máscaras y muestran sus verdaderos intereses antipopulares. No les importan los medios para lograrlos, sean legales o ilegales, pacíficos o violentos. Todo depende de las circunstancias. Si hay condiciones compiten por las vías institucionales, y si pierden recurren al fraude; por el contrario, si no encuentran condiciones usan un discurso que desacredita las instituciones, proclaman su derecho a la rebelión y recurren a la violencia como método de lucha. En otras palabras, juegan a ganar, y si pierden arrebatan. Lo importante es no dejarse vencer y que el capital obtenga las mayores ganancias, sin importar que millones de seres humanos pierdan su oportunidad de vivir dignamente.

Éste parece ser el nuevo signo de los tiempos latinoamericanos del río Bravo a Tierra del Fuego, aunque por la beligerancia que han alcanzado se muestra con más nitidez en Bolivia y Venezuela. Tienen razón para actuar de esa manera. Se trata de países donde desde hace años las fuerzas políticas llevaron al poder presidencial a personas identificadas con las ideas de la izquierda y están dispuestas a pasar del discurso a la acción. Tanto los gobiernos del presidente Evo Morales Ayma como el de Hugo Chávez han puesto en práctica programas que atienden las necesidades de las clases populares al tiempo que establecieron límites a la rapacidad de las trasnacionales en la explotación de los recursos naturales. Eso les duele y, aunque lo han aceptado, no lo han hecho de buena gana.

Pero lo que más les puede es que ambos estados decidieron iniciar procesos constituyentes, donde los pueblos a través de sus representantes han elaborado nuevas constituciones políticas, en las cuales la tendencia es al reconocimiento de la sociedad pluricultural que son, aceptando los derechos de todos, no sólo los de los dueños del capital, y marcadamente los derechos de los pueblos indígenas, sometidos al colonialismo nacional y de las empresas de capital trasnacional; abriendo de esa manera la posibilidad de que todos puedan acceder a una vida digna.

En estos días ambas constituciones fueron sometidas a referendo popular. Si bien en Venezuela el no ganó por pequeño margen, la derecha hizo todo cuanto estuvo a su alcance para prevenir su derrota.

El caso de Bolivia llama la atención porque se trata de un país con población mayoritariamente indígena, con un presidente de origen indígena que llegó al poder con el apoyo de las organizaciones indígenas, pero también de otros sectores nacionales que se sentían excluidos de los anteriores gobiernos neoliberales, lo que los obligó a negociar la representación política de la Asamblea Constituyente y los procedimientos de toma de decisiones. Al parecer, la derecha consideró esto como una concesión de un gobierno débil y pensó avanzar reclamando autonomías regionales donde las burguesías se hicieran del poder y el traslado de los poderes a Sucre, con lo que tensó mas la situación. A pesar de eso, la Constituyente aprobó la nueva constitución política de ese país y se apresta a someterla a referendo. Conscientes de que lo que no ganaron en la constituyente no lo obtendrán en el referendo la derecha ha iniciado una serie de actos subversivos para defender sus intereses.

No son los únicos casos en que la derecha acude a la violencia; si se rastrea, se pueden encontrar muchos más en diferentes estados latinoamericanos. Aunque tampoco se puede perder de vista que también hay otros donde su actuación se ajusta a los márgenes de maniobra que le brinda el cacareado estado de derecho que, como nos enseñó Pierre Bourdieu, no es otra cosa que el producto del funcionamiento de un campo cuya lógica específica está determinada por las relaciones de fuerzas específicas que le confieren su estructura y que orientan las luchas, determinan las acciones jurídicas que limitan en cada momento el espacio de lo posible y con ello el universo de soluciones propiamente jurídicas.

Por eso, cualquiera que sea el campo donde actúe la derecha, es necesario que la izquierda encuentre formas unitarias de enfrentarla. No se puede dar el lujo de dejarla en campo abierto.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/06/index.php?section=politica&article=023a2pol

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