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Claudio Katz: Las nuevas rebeliones latinoamericanas (Parte I)

América Latina se ha convertido en un significativo foco de resistencia al imperialismo y al neoliberalismo. Grandes sublevaciones populares afianzaron la presencia de los movimientos sociales y condujeron a la caída de varios presidentes neoliberales. ¿Pero cuál es el alcance de esta oleada de luchas? ¿Qué programas, sujetos y proyectos se delinean en la región?

Cuatro grandes levantamientos

La tónica de estas movilizaciones ha estado signada desde principio de la década por las sublevaciones registradas en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Argentina. En estos cuatro países la protesta social desembocó en levantamientos masivos y generalizados.

Esta misma tendencia a la irrupción popular se verifica también, entre los pobladores de Oaxaca (México), los estudiantes en Chile, los trabajadores de Colombia y los campesinos de Perú. La intensidad de las protestas es muy desigual en la región y coexiste con situaciones de reflujo en países claves como Brasil. Pero uno tras otro, los distintos modelos de estabilidad neoliberal han quedado sobrepasados por el ascenso popular. Chile es el ejemplo más reciente y emblemático de este giro.

La oleada de los últimos años tuvo mayor gravitación en las naciones andinas, fuerte impacto en el Cono Sur y menor influencia en América Central. Pero también este mapa tiende a modificarse, a medida que las movilizaciones recobran fuerza en México e irrumpen en Costa Rica. Los cuatro grandes levantamientos de América del Sur constituyen el patrón de referencia de un proceso regional de resistencias entrelazadas, que interactúan entre sí. (1)

La rebelión más profunda se consumó en Bolivia, en oposición al feroz atropello neoliberal que desde 1985 empobreció al Altiplano. La acción popular doblegó la represión de los presidentes derechistas, en tres mareas de grandes combates. Con la “guerra del agua” se frenó la privatización de este recurso (2000), con la “guerra del gas” se defendieron los hidrocarburos contra la depredación exportadora (2003) y con la escalada final (2005) fue arrollado el presidente Lozada y su sucesor Mesa. A través de una insurrección con 80 muertos y 200 heridos, la población quebró el ciclo derechista e inauguró el actual proceso presidencial de Evo Morales.

También en Ecuador los programas neoliberales fueron sacudidos por varias sublevaciones. Primero los indígenas provocaron la caída del presidente Bucaram (1997) y luego impusieron el derrocamiento de Mahuad (2000), al cabo de seis días de intensos combates callejeros. Las elites consiguieron una breve distensión con el auxilio de un militar (Gutiérrez en el 2003), que enmascaró con retórica nacionalista la continuidad de la agresión patronal. Pero una nueva “rebelión de los forajidos” con mayor presencia de la clase media urbana (2005) demolió este ensayo y abrió la secuencia de fulminantes derrotas electorales de la derecha (2006-07), que condujeron al actual gobierno de Rafael Correa.

En Venezuela la irrupción popular debutó con el “Caracazo” (1989). Este alzamiento fue una respuesta al incremento del precio de la gasolina que implementó un gobierno de los petroleros y banqueros (Carlos A. Pérez). En medio de fulminantes crisis financieras y protestas con centenares de muertos, los intentos continuistas quedaron opacados por un levantamiento militar (1992), que inauguró el proceso bolivariano.

El fracaso de un golpe empresarial sostenido por Estados Unidos (2002) y la gran secuencia de victorias electorales, permitieron a Chávez sepultar el tradicional bipartidismo de las elites. Estas victorias han generado la actual polarización entre la derecha y el gobierno nacionalista. Esta confrontación se expresa cotidianamente en las calles y en los medios de comunicación.

La cuarta rebelión significativa se verificó en diciembre del 2001 en Argentina. Condujo a la caída del presidente neoliberal De la Rúa, que intentó mantener la política de privatizaciones y desregulaciones instaurada en los años 90 por Menem. Esta sublevación coronó la resistencia de los desocupados, que expandieron su método de lucha piquetero a todos los movimientos sociales y confluyeron en un gran levantamiento con la clase media expropiada por los bancos.

La protesta alcanzó un nuevo pico frente a nuevas provocaciones represivas (Puente Pueyrredón a mediados del 2002) que reactivaron la lucha popular. Esta resistencia perdió intensidad posteriormente, pero ha impuesto un serio límite a las agresiones capitalistas. Las clases dominantes lograron restaurar la autoridad del estado y contuvieron la ira de los oprimidos a través del gobierno de Kirchner. Pero en un marco de recuperación económica, debieron otorgar significativas concesiones sociales y democráticas.

Tres ejes comunes

Todas las rebeliones sudamericanas han enarbolado reclamos coincidentes contra el neoliberalismo, el imperialismo y el autoritarismo. Estas exigencias se tradujeron en planteos de anulación de las privatizaciones, nacionalización de los recursos naturales y democratización de la vida política.

La reacción popular se apoyó en la erosión de la dominación burguesa que generó el neoliberalismo periférico. Este programa derechista no solo precarizó el trabajo y masificó la pobreza, sino que también condujo a un deterioro significativo de la autoridad de las clases opresoras. La reorganización económica en que embarcaron los grupos dominantes generó grandes crisis, que deterioraron la capacidad de las elites para gestionar del estado. Este resquebrajamiento incentivó la irrupción por abajo.

En un marco de quiebra de la estabilidad política y pérdida de la hegemonía de los partidos tradicionales, los manifestantes exigieron en Bolivia la re-estatización del agua y la nacionalización de los hidrocarburos. Reclamaron el fin de la regresión social provocada por privatizaciones y cierre de minas, que desgarraron el tejido social, masificaron el trabajo precario y alentaron el narcotráfico.

La misma motivación antiliberal tuvo la sublevación en Ecuador, dónde la pobreza afecta al 62% de la población. Los oprimidos se insurreccionaron contra un esquema de economía dolarizada, primarizada y privatizada, que generó terribles colapsos inflacionarios, financieros y cambiarios. En Venezuela el primer estallido popular enfrentó la carestía provocada por los ajustes el FMI. Esta reacción se afianzó, cuando el desmoronamiento del sistema bancario precipitó la fuga de capitales, en un marco de inflación y devaluación descontroladas. La reacción popular fue una protesta contundente contra la privatización petrolera y la turbia privatización de los bancos.

También en Argentina la rebelión estalló frente a dos nefastos efectos del neoliberalismo: la confiscación de ahorros de la clase media para solventar la deuda pública y la masificación del desempleo generada por la flexibilización laboral. Los oprimidos exigieron en la calle la reversión de una política económica, que produjo una depresión sin precedente desde los años 30.

Estas mismas demandas han predominado en las movilizaciones de otros países. La mayoría popular rechaza los acuerdos de libre comercio (Colombia, Perú, Centroamérica), las secuelas de las privatizaciones (Chile, Uruguay), la desregulación laboral (Brasil) y el encarecimiento de los alimentos (México).

Pero este cuestionamiento al neoliberalismo adopta también un perfil antiimperialista, ya que la liquidación de empresas públicas y la apertura comercial beneficiaron a muchas corporaciones norteamericanas y europeas. La recuperación de la soberanía nacional mediante la re-estatización de los recursos naturales ha sido un reclamo de todas las rebeliones.

Esta exigencia desembocó en Bolivia en la nacionalización de los hidrocarburos. El alcance de esta medida se encuentra actualmente en disputa, en los contratos que el gobierno negocia con las multinacionales. En estas pujas se juega el monto de la renta que absorberá el estado y el uso asignado a ese excedente. La movilización social impuso también la extensión de las nacionalizaciones a otros sectores (agua, ferrocarriles, teléfonos), aunque es evidente que el futuro del país se define el manejo estatal del petróleo y el gas. (2)

La misma conexión entre nacionalizaciones y movilización popular se comprueba en Venezuela. También allí se registra una expansión de la propiedad estatal tanto en la órbita petrolera, como en los servicios públicos de agua, telefonía y electricidad. Este curso revierte el rumbo neoliberal y coincide con la tendencia a la nacionalización que se verifica en todos los países exportadores de crudo. Pero también se enmarca en una lucha particular contra la corrupta burocracia transnacional que manejaba la empresa estatal PDEVESA.

Un conflicto semejante ha comenzado a verificarse en Ecuador luego de la anulación de un fraudulento contrato petrolero (Oxy), que ha reintroducido el debate sobre la nacionalización. Hasta ahora, el nuevo gobierno sólo propone destinar los fondos excedentes que genera la exportación de combustible, al desarrollo de programas sociales.

A diferencia de estos tres cursos en Argentina las privatizaciones se han mantenido sin grandes cambios. El gobierno neutralizó el reclamo popular de recuperar las empresas públicas y se limitó a regular las tarifas de estas compañías. Pero las tensiones no están zanjadas, porque en toda la región crecen las demandas de estatización. Son reclamos contra la depredación minera (Perú, Chile) o la destrucción del medio ambiente (Brasil), que están invariablemente enlazadas con el rechazo de las bases militares norteamericanas (Ecuador, Puerto Rico) y los ensayos de intervención yanqui (Centroamérica, Colombia). Las banderas antiimperialistas han recuperado centralidad, frente al dramático proceso de recolonización política que sufrió la región en las últimas dos décadas.

En todas las rebeliones emergió también una exigencia de democracia real. Por primera en la historia regional una oleada de revueltas no enfrenta a dictadores, sino a presidentes constitucionales. Esta novedad demuestra que las luchas latinoamericanas no se restringen a una batalla contra regímenes totalitarios. Existe una percepción ya generalizada que la vigencia de sistemas constitucionales no resuelve los dramas sociales. Se nota que estas estructuras políticas son utilizadas por las clases dominantes para implementar atropellos contra los trabajadores.

Las sublevaciones contra presidentes autoritarios o corruptos comenzaron en Perú fines de los 80, siguieron en Brasil en 1992 y posteriormente en Paraguay 1999. Pero actualmente esta batalla incluye exigencias de refundación política integral. Por esta razón ha prevalecido la petición de Asambleas Constituyentes en varias revueltas, a pesar del uso negativo que tuvieron últimamente estos mecanismos. Sirvieron para maquillar la continuidad del orden vigente (Brasil) y para facilitar reelecciones de presidentes neoliberales (Argentina).

La Asamblea que emergió en 1999 en Venezuela condujo al logro de importantes conquistas populares. Ahora se debate otra reforma constitucional que consagraría nuevos avances (fondo de estabilidad social, reducción de jornada de trabajo, supresión de autonomía banco central). La derecha resiste estos logros, mediante inconsistentes cuestionamientos a la extensión del mandato presidencial

Una lucha más encarnizada se está librando también en Bolivia con los conservadores, que buscan detener cualquier iniciativa que afecte sus privilegios. Bloquean sistemáticamente el funcionamiento de la Asamblea Constituyente, exigiendo una mayoría de dos tercios para aprobar las principales leyes. Este mismo tipo de sabotajes serán más difíciles en Ecuador, luego de la demoledora derrota que sufrieron los partidos tradicionales. Pero en estas Asambleas se discutirán no solo los reclamos antiliberales, antiimperialistas y democráticos, sino también viejos problemas que han recobrado relevancia.

Transformaciones en el agro

El neoliberalismo agravó sustancialmente el drama de los pobres rurales. Las agresiones capitalistas contra los pequeños agricultores acentuaron durante la última década los violentos conflictos por la tierra, que acosaron a Colombia, precipitaron el levantamiento de Chiapas, multiplicaron las masacres en Perú y provocaron más 300 muertos en Brasil.

En situaciones agrarias nacionales muy diferentes, estos atropellos generaron resultados semejantes de polarización social, miseria campesina y enriquecimiento de los grandes propietarios o contratistas. La fractura entre el sector moderno de exportación y la agricultura de subsistencia se agravó de manera uniforme, acentuando el desamparo rural y la emigración a las ciudades.

Esta redoblada opresión incentivó nuevas resistencias agrarias, organizadas en torno a movimientos muy diversos (CONAIE en Ecuador, Zapatismo en México, Cocaleros en Bolivia, MST en Brasil), cuyos programas desbordan las demandas tradicionales de los campesinos. Estas plataformas no se limitan como en el pasado al reclamo de una reforma agraria, ya que existe una importante asimilación de las frustraciones legadas por esos procesos.

Durante el siglo XX se consumaron dos grandes revoluciones agrarias (México, Bolivia) y varias reformas significativas de la propiedad (Guatemala, Chile, Perú, Nicaragua, El Salvador). Las transformaciones fueron en cambio superficiales, en los países que fue preservada la concentración de la tierra (Brasil, Venezuela, Ecuador, Colombia, Honduras, República Dominicana y Paraguay). Solo en dos naciones (Argentina y Uruguay) no se registró ningún tipo de modificaciones. Pero de esta gran variedad de cursos emergió un escenario común de polarización, entre prósperas empresas de exportación y estancadas explotaciones de subsistencia. La pobreza y las desigualdades se han acentuado y en muy pocas regiones floreció un segmento intermedio de burguesía agraria. (3)

Este resultado indujo a los nuevos movimientos sociales a proponer soluciones más integrales que la vieja reforma agraria. Algunas propuestas prestan mucha atención a la protección del medio ambiente y plantean sustituir el agro-negocio por modelos de producción alimenticia prioritariamente destinada al mercado interno. Se ha tornado evidente, la escasa utilidad en materia de eficiencia y productividad de las transformaciones agrarias que mantienen en pie la estructura del capitalismo periférico. (4)

En este nuevo contexto el campesinado no ha jugado el papel protagónico que exhibía a principios del siglo XX. No repitió el rol que tuvo en México, como agente dinámico de la primera revolución contemporánea de la región. Esa intervención condujo a una guerra civil que desbordó todos los compromisos ensayados por las jefaturas burguesas. Este rol volvió a notarse en otros levantamientos posteriores como la insurrección salvadoreña de 1932, pero no ha persistido al comienzo del nuevo siglo. (5)

Si bien la desaparición del campesinado no es un proceso abrupto e inexorable, es visible la pérdida de cohesión social de este sector. La proletarización desplazó hacia los centros urbanos el eje de la lucha social, incluso en países como Bolivia que recrearon la pequeña propiedad luego de una importante reforma agraria. El campesinado persiste como fuerza de peso, pero sin el liderazgo que exhibió en varios momentos de la centuria precedente.

Notas:
1) Una detallada radiografía de la evolución de las luchas populares exponen periódicamente los estudios del Observatorio Social de América Latina (Revistas de OSAL- CLACSO).
2) Hasta el momento la nacionalización ha quedado a mitad de camino. El gobierno canceló los juicios penales contra las compañías y la gestión de los nuevos entes estatales es muy permeable a las presiones de las empresas. Esta opinión expone el ex ministro: Soliz Rada Andrés. “La nacionalización ha quedado a medio camino”. Página 12, 15-10-07. Tampoco se está utilizando adecuadamente los nuevos ingresos que el fisco obtiene del repunte de las exportaciones. Ver: Stefanoni Pablo. “Empate catastrófico en Bolivia”. Le Monde Diplomatique, octubre 2007.
3) Un balance de estas transformaciones presenta: Sampaio Plinio Arruda. “La reforma agraria en América Latina: una revolución frustrada”. OSAL 16, enero-abril 2005.
4) Un modelo alternativo ha sido elaborado por el MST de Brasil. Stedile Joao. “A reforma agraria já está esgotada”. Epoca 2-7-07.
5) El papel potencialmente revolucionario del campesinado fue tempranamente advertido por algunos teóricos como Mariátegui, que rechazaron la dogmática caracterización de este sector como un segmento conservador. Lowy Michael. “Introducción”, O marxismo na América Latina, Fundacao Perseo Abramo, Sao Paulo 2006.

Claudio Katz es Economista, Investigador, Profesor. Miembro del EDI (Economistas de Izquierda.

* Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=048589&parte=1

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