Daily Archives: November 6, 2007

Marco Rascón: El desastre de la debilidad social

A 25 años de políticas neoliberales, a 11 de “transición pactada”, a siete de la alternancia, la gran derrotada ha sido la sociedad mexicana, el tejido social y la destrucción de las formas de organización comunitaria y sectorial. La izquierda se confundió: creyó que defender y recrear las viejas estructuras clientelares y corporativas del viejo régimen era organizar a la sociedad.

Si el sismo de 1985 generó la organización de la sociedad e influyó en toda la estructura política, los partidos y las decisiones gubernamentales, los actuales desastres naturales han reflejado la catástrofe de la desorganización social, así como la incapacidad de la nuevas formas privadas y gubernamentales para resolver estructuralmente las consecuencias, pues en el fondo lo que se esconde es toda una visión contrainsurgente y previsora ante la posibilidad de que la sociedad tome bajo su control la emergencia y que, como en 1985, rebase y desplace las formas verticales y antidemocráticas.

Todas las instituciones privadas y públicas mueven grandes aparatos, como hacen ahora por lo de Tabasco, pero siempre preocupadas por la posibilidad de que la sociedad civil se organice y pueda cuestionar todo el modelo de prevención, de atención y de origen de los desastres.

Para los grandes consorcios privados, el gran objetivo de la “ayuda” es la deducibilidad de impuestos. Su solidaridad tiene como fundamento deducir sus pagos al fisco, y en estos últimos meses, antes de que entren en vigor las nuevas disposiciones fiscales, la tragedia ha sido un regalo para evadir el pago de impuestos de 2007, como habían venido haciendo tradicionalmente con el “redondeo”, los “teletones” y toda la estructura privada de fundaciones para la filantropía con la cual han pretendido sustituir las políticas públicas y la organización comunitaria y gremial.

En este afán de deducir impuestos, los grandes consorcios privados del comercio, la banca, los medios electrónicos, se publicitan como vanguardia de la organización social, promoviendo cuentas bancarias para la ayuda, debilitando más al erario, el mismo que luego carga con la responsabilidad de la falta de atención y solución ante las pérdidas sociales.

La pérdida y el desastre de origen “natural” se han ido perfilando como un buen negocio, cuyo logo de la protección civil debería ser un buitre en espera de víctimas para alimentarse. Esto crea un círculo vicioso que se desarrolla bajo la premisa de mantener una sociedad civil laboral, gremial y comunitaria en altos grados de debilidad y dependencia, sin capacidad de autorganización ni de generar estructuras desde abajo. Todo el concepto de protección civil está marcado por los criterios contrainsurgentes de impedir el fortalecimiento del tejido social y formas autónomas e independientes de gestión social. Así, bajo el concepto de “ayuda”, albergues, comedores, centros de distribución de ayuda y salvamento, etcétera –dirigidos por organizaciones oficiosas y los grandes intereses privados, preocupados sobre todo por el negocio–, fortalece una filosofía de control social.

Si en 1985 fluyó la solidaridad de pueblo a pueblo a través de sindicatos, organizaciones inquilinarias, de barrio, grupos estudiantiles, de la cultura, intelectuales, campesinas, de mujeres, hoy la solidaridad se expresa por conducto de los bancos, las televisoras, los grandes centros comerciales y trasnacionales, que es más lo que se publicitan que lo que ayudan. Todo esto va aunado a la exigencia de que el Estado debe responder económicamente a la reposición de las pérdidas en viviendas, empleos, crédito e infraestructura pública, una vez retirados los reflectores. El robo y saqueo de la población desesperada son rápidamente criminalizados y sirven para hacer todo tipo de declaraciones moralistas, mientras el saqueo fiscal y el gran negocio de la ayuda no es motivo de cuestionamiento, sino expresión de la debilidad social.

En el caso de Tabasco, como en muchas otras partes del país y del mundo, la respuesta a las tragedias hace revelaciones sobre el grado de justicia o injusticia en la sociedad. En Nueva Orleáns se observó claramente. En nuestro caso, la paralización política en general, el discurso estridente y demagógico en la política, la inexistencia de una actitud verdaderamente opositora y eficiente, constructora de propuestas, han dejado una sociedad polarizada y conflictiva que ante la emergencia y las catástrofes se ve impedida de hacer del desastre un ejercicio de organización y democracia. La búsqueda grosera de ganar políticamente en el desastre y formar bases clientelares en torno a las necesidades descalifica a las fuerzas políticas y únicamente deja en el ejército y en los grandes consorcios privados el control de la infraestructura para la ayuda.

Desastres como el de Tabasco reflejan las dimensiones y consecuencias de la debilidad social y lo que ha sido la obra del conflicto por el poder político y la hegemonía de intereses económicos.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/06/index.php?section=opinion&article=021a2pol

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Magdalena Gómez: Los caminos inciertos del derecho indígena

La reciente aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas encuentra en México un escenario poco propicio para alcanzar justiciabilidad en el orden interno. Varios factores inciden: en primer lugar, la postura de la clase política que hegemoniza en el Congreso de la Unión: nos referimos a la dupla PRIAN, mientras el PRD no logra remontar de manera unánime el impacto de la postura que asumió su fracción en el Senado en 2001. Por otra parte, las organizaciones vinculadas al Congreso Nacional Indígena tienen fundada desconfianza en la posibilidad de que se modifique la contrarreforma que dio al traste con el proceso de diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, desvirtuando el contenido de los acuerdos de San Andrés.

En el primer caso, un indicador del escaso o nulo interés en los pueblos indígenas es la agenda de la reforma del Estado, en la que brilla por su ausencia la reflexión y propuesta en esta materia. Sus prioridades son más bien endogámicas y responden a la necesidad de revisar sus reglas de juego sin consideración siquiera a la apertura de espacios de democracia participativa. En el caso de quien ocupa el Ejecutivo no se le ven las mínimas señales de voluntad para asumir en serio la implicación del contenido de la Declaración; basta ver la orientación regresiva de la actual política indigenista.

En correspondencia con esta realidad, en el reciente Encuentro de Pueblos Indígenas de América, realizado en Vícam, Sonora, sencillamente no se destacó la demanda por el reconocimiento de derechos y la aplicación de la Declaración de la ONU. El movimiento está en otra dinámica.

Si a ello sumamos que la naturaleza jurídica de la Declaración deja su aplicación a expensas de la voluntad política de los estados, nos encontramos con un panorama frágil, por decir lo menos. Llamó la atención que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en el comunicado oficial del pasado 13 de septiembre señaló que, aunque la declaración no es jurídicamente vinculante, supone un instrumento legal internacional que ayudará a proteger a los indígenas contra la discriminación y marginación, y subrayó: “La declaración será vinculante para los gobiernos si promulgan leyes nacionales para reconocer el documento”. Hasta hoy el único Estado que ha hecho eco de la recomendación es la República de Bolivia, que ya convirtió en ley la Declaración universal de derechos de los pueblos indígenas.

Pese a la situación descrita, hay inquietud en algunos sectores por conocer cuáles serían los espacios posibles de impacto de la declaración. Por ello es importante que se conozca su contenido, se analice el contraste del mismo frente a lo que hoy establece la Constitución General en nuestro país, en particular que se tome en cuenta que uno de los derechos claves en el documento internacional es el relativo a la libre determinación y a la autonomía para disponer de sus territorios y recursos naturales, señalando que se refiere a los que “tradicionalmente han poseído u ocupado”; también se refiere a la necesidad de contar con el consentimiento libre e informado antes de que el Estado realice algún proyecto, incluye dentro del patrimonio de los pueblos indígenas los recursos genéticos, etcétera. Como vemos, hay un claro antagonismo con la lógica privatizadora dominante.

Por lo demás, de regularse en nuestro país tendría que ser en la Constitución General, ya que la materia es de competencia federal. Este punto es importante porque en algunas entidades se está promoviendo legislación en el contexto de la Declaración de la ONU y habría que estar muy claros de que los márgenes de regulación a ese nivel son muy estrechos.

Por otra parte, habría que considerar el impacto político de sepultar definitivamente la aspiración de que se derogue la contrarreforma indígena de 2001, si se entra al juego de reformitas locales marginales que en última instancia irían en concordancia con el vaciamiento de los acuerdos de San Andrés que se realizó en el texto actual del artículo segundo constitucional. Si bien formalmente la Declaración da respaldo para que se amplíe el marco de derechos a los pueblos indígenas y se vaya más allá incluso de lo pactado entre el EZLN y el gobierno federal en 1996, no podemos engañarnos sobre la fuerza política que se requiere para lograr tal objetivo.

Por ejemplo, hoy se cuenta con el reconocimiento parcial de algunos de los derechos de los pueblos indígenas, pero ni siquiera esos precarios derechos se han cumplido. Es el caso del derecho al traductor e intérprete: en 20 años no se ha logrado concretar un programa nacional de formación y profesionalización de traductores en lenguas indígenas. De estas realidades lamentables hablamos, más allá del voluntarismo discursivo y formalista.

* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/06/index.php?section=opinion&article=020a2pol

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