Carlos Fazio: La guerra y la paz

Felipe Calderón no escucha. La disyuntiva lanzada por el poeta y activista no violento Javier Sicilia fue guerra o paz. Y su opción fue muy clara: por un México en paz con justicia y dignidad. Lo que implica un rotundo noal enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública ordenados por Calderón. La respuesta del inquilino de Los Pinos pareció autista: no habrá cambio de estrategia porque tenemos la ley, la razón y la fuerza. Ergo, seguirá la guerra. Tampoco renunciará el superpolicía Genaro García Luna –émulo neodiazordacista del general Cueto, el de la matanza de Tlatelolco–, cuya defensa y control de daños quedó en manos de Televisa, los nuevos policías del pensamiento de la prensa vendida, y familiares de víctimas de la criminalidad cooptados por el gobierno.

Calderón no entendió que para Sicilia el Alto a la guerra y el No más sangre no son demandas simbólicas. Son reales. De allí que la contradicción, ahora, sea recrudecimiento de la militarización versus acciones de resistencia en el marco de la no violencia activa, que, de ir acumulando la fuerza moral y material de todos los que estamos hasta la madre de tanta violencia e inhumanidad generadas por una guerra absurda, a la manera de una bola de nieve podrá derivar en desobediencia civil pacífica.

Calderón no es sordo ni autista; tampoco insensible. Sus decisiones responden a una estrategia preconcebida, con eje en una doctrina de seguridad nacional importada. Como dijo Sicilia, la política de seguridad de Calderón fue diseñada por Estados Unidos. Su lógica es militar. Parte del mito de la guerra, como una realidad humana fundamental a la cual se reducen todas las demás. La guerra destruye la política y borra la frontera con la paz. La lógica de Calderón invierte la fórmula de Clausewitz: la política se transforma en la prolongación de la guerra gracias a otros medios. Si la política es la prolongación de la guerra, se asimila a la guerra y debe ser conducida por la guerra.

El uso de los conceptos no es inocente. En nombre de una presunta guerra a las drogas, Calderón instauró un régimen de excepción, con zonas del país bajo virtual estado de sitio. Calderón ha buscado poner al Estado y a la sociedad en función del estado de guerra. Lo primero lo logró. Durante cuatro años y medio la guerrade Calderón dominó la agenda pública: convirtió la nota roja en noticia principal de diarios y medios electrónicos. En el segundo objetivo, poner a la nación en permanente pie de guerra, fracasó. Su estrategia de guerra generó violencia, miedo y terror, pero no logró transformar a la sociedad en un inmenso ejército movilizado bajo su mando. Sus llamados a la unidad nacional contra los criminales, losverdaderos enemigos de México –los hijos de puta, diría Aguilar Camín–, fracasó porque se trata de una guerra fantasma, con base en un mito.

El mito de la guerra no obedece a un simple error intelectual: es útil. El culto de la seguridad sólo puede favorecer los privilegios y justificar el statu quo. El uso del Ejército, la Marina de guerra y la policía militarizada de García Luna es el sostén y justifica un tipo de sociedad basada en el centralismo autoritario y la explotación jerarquizada. Su papel ideológico cumple la función de perpetuar las relaciones entre dominadores y dominados. El método consiste en cambiar la ideología de la lucha de clases por otra ideología ficticia e inmovilista. De allí el apoyo del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial y otros once grupos corporativos a la Ley de Seguridad Nacional enviada al Congreso por el Ejecutivo.

Eso Sicilia lo tiene claro: la violencia de los señores de la muerte es resultado de estructuras económicas y sociales que generan desigualdad y exclusión. La infame realidad y la demencia criminal se nutren de las omisiones, complicidades y/o colusiones mafiosas de los que detentan el poder: la partidocracia, los poderes fácticos y sus monopolios, las cúpulas empresariales y las jerarquías conservadoras de las iglesias, los gobiernos y las policías.

La militarización de la sociedad forma parte de un engranaje organizado, necesitado e institucionalizado para preservar el actual estado de cosas. Como ha quedado plasmado en el discurso beligerante de Calderón, alias El Churchill, utiliza el monopolio del poder (sic) para hacer la guerra en nombre de todos los mexicanos de bien, y quienes no lo apoyan son sospechosos de ser cómplices de los enemigos del Estado. Un Estado que se sirve del monopolio de las armas para hacer una guerra permanente contra el pueblo. Mientras más autoritario y violento es un Estado, más trata a la nación como enemiga.

Pero los ciudadanos están desarmados. De allí la necesidad de la política. La política es el arte de las transacciones de la tolerancia y el arte de lo posible. La política comienza cuando el Estado deja de ser violento y entra en diálogo con los ciudadanos; cuando el Estado se sujeta a las leyes resultado de un diálogo con los ciudadanos. La paz es la consecuencia de la renuncia a los medios violentos. Es decir, al uso de las armas que matan.

Sicilia se opone a una paz armada como parte de un modelo militar. Quiere llevar al régimen al terreno de las soluciones no armadas. El diálogo que ofrece Calderón es un monólogo; se siente poseedor de la verdad única y ofrece unacooperación con base en la dialéctica del amo y el esclavo. De arriba a abajo. Frente a esa manipulación maniquea del poder, la multitud que aspira a una paz con justicia y dignidad impulsa otra forma de hacer política; quiere una democracia participativa y más representativa. El nuevo Ya basta de los de abajo y las clases medias está dirigido a la reconstrucción del tejido social de la nación. La marcha significó la ruptura del terror y la posibilidad de que el dolor social se convierta en acción colectiva organizada. Los sonidos del silencio son otra forma de lucha. El alto a la guerra es hoy una cuestión de salvación nacional.

Fuente: La Jornada

Ricardo Rocha: El modelo y la crisis

El gobierno está siendo el peor de los ciegos al no querer ver el desempleo, la deuda, las movilizaciones

El presidente de Estados Unidos, el mero mero del Banco Mundial, el rector de nuestra UNAM, nuestro gran escritor, el principal empresario mexicano y el más significativo líder social de nuestro país coinciden: hay que revisar el modelo económico. Y los señores Obama, Zoellick, Narro, Fuentes, Slim y López Obrador lo plantean como una tarea urgente e impostergable.

Por el contrario, el gobierno calderonista se opone autista y sistemáticamente a la necesidad de un replanteamiento de fondo. En su lugar, ha optado por puros ungüentos de superficie. Por ahí andan sueltas las 25 medidas unilaterales de principio de año que se anunciaron como un Acuerdo Nacional, que en realidad nunca lo fue porque no le preguntaron nada a nadie. Luego por ahí y por allá algunas otras aspirinitas para una gripe que ya se reconoce oficialmente como neumonía y que en la realidad ya requeriría de terapia intensiva ante la gravedad de los síntomas en todo el cuerpo social del país.

El gobierno está siendo el peor de los ciegos al no querer ver: el aumento incesante y doloroso del desempleo, aun con sus propias cifras; la explosividad de la cartera vencida; las movilizaciones de transportistas en todo el país; las protestas callejeras por la presencia del Ejército; la debacle del peso; el abandono del campo y el deterioro sistemático en los niveles de ingreso y poder adquisitivo.

Eso sin contar con la despiadada espiral de violencia e inseguridad que se manifiesta en las calles de numerosas ciudades, que son ya verdaderos campos de batalla entre el Ejército y un crimen organizado que cuenta con 4 millones de jóvenes desempleados como un potencial inacabable para su reclutamiento. No se necesita ser muy listo para suponer que hay dos razones de la enfermiza ceguera gubernamental: la cercanía de las elecciones de julio y la negativa a reconocer la magnitud de la crisis como justificación para no discutir el modelo económico. Seguramente operan también las presiones de quienes quieren seguir manteniendo sus privilegios aun a riesgo de reventar una liga de contingencia social que ya no puede seguir estirándose más.

Así que en lugar de entrarle a la búsqueda de soluciones verdaderamente estructurales, el gobierno ha optado por dos vías igual de peligrosas: una, la de la línea dura de mantenerse inflexible, por ejemplo, en lo del precio del diesel mientras se beneficia a unos cuantos con la colocación de dólares que sirven para pagar deudas internacionales privadas y para las arcas de las matrices extranjeras de los bancos que operan en México; la otra es un discurso ya muy añejo “en beneficio del país”, “por la unidad de los mexicanos”, “hacia un futuro mejor”, que no tiene efecto alguno en la búsqueda de soluciones.

En cambio, la intolerancia absoluta a toda crítica que atente contra la verdad oficial. Lo que desprende un cada más intenso tufo autoritario, que sería lo único que nos faltaba para acabar de ensombrecer lo que ya es, de por sí, un oscuro panorama.

Sin embargo, el mayor de los riesgos es desperdiciar una oportunidad histórica para replantearnos el país que podemos y debemos ser. Para abatir la pobreza como el más pesado lastre del pasado, la más infame realidad del presente y el más grave impedimento para el futuro.

Es urgente, pues, una gran convocatoria, de verdad, a la que concurran los más importantes y representativos dirigentes empresariales, sociales, partidistas y del gobierno para reconstruir el México que todavía es posible.

Mañana ya será muy tarde.

Artículo Original: El Universal

Lorenzo Meyer: El verdadero peligro para México

Desviar la atención. El auténtico peligro para la viabilidad de México ha estado a la vista de todos y desde hace mucho tiempo: la profunda corrupción de sus instituciones públicas.

Vicente Fox y la alianza conservadora que él encabezó encontraron muy útil concentrar el grueso de la energía y recursos del gobierno y sus aliados —medios de difusión, organizaciones empresariales, iglesias, el viejo corporativismo, etcétera— en difundir la idea de que el gran peligro para México eran la oposición electoral de izquierda y su proyecto. A estas alturas ya debiera de haber quedado claro que el auténtico enemigo de la sociedad mexicana ha sido otro: la gran corrupción pública y su inseparable acompañante, la impunidad.

Ambos factores, aunados a la falta de dinamismo de la economía y a la muy injusta estructura social, son las razones principales de que el crimen organizado haya alcanzado la posición dominante que hoy ejerce. Y lo peor es que quienes se supone que encabezan la lucha contra las organizaciones criminales son los que antes engañaron con el falso diagnóstico, pero que hoy se alarman porque la descomposición del entramado institucional ha llegado al punto de que ya apareció el terrorismo incipiente.

Una definición. Una forma de empezar a entender las razones de un fenómeno complejo es formular una definición adecuada, y la profesora Cindy C. Combs propone una particularmente útil del terrorismo: “Una síntesis de guerra y teatro, una dramatización de la violencia más condenable —la que se perpetra contra gente inocente— que se desarrolla frente a una audiencia con la intención de crear un clima de miedo con objetivos políticos”, (Terrorism in the Twenty-First Century: Universidad de Carolina del Norte, 2003, p. 10).

Lo ocurrido el pasado 15 de septiembre en la celebración de la Independencia nacional en Morelia —el estallido de dos granadas lanzadas deliberadamente sobre una multitud que celebraba un aniversario más de la independencia—, se corresponde con la definición de Combs: una brutal puesta en escena de la peor de las violencias, aunque ya no para crear sino para exacerbar el miedo colectivo. A partir de ese atentado quedó claro que nadie se debe considerar a salvo de la violencia criminal: ni pobres ni ricos, ni niños ni ancianos, ni los comprometidos ni los indiferentes, ni los de izquierda ni los de derecha. Obviamente, el objetivo final de quienes actuaron en Morelia es político: mandar un mensaje a los responsables de formular e implementar la política estatal contra el crimen organizado para que no interfieran con su actividad.

En principio, la acción en Morelia pareciera diseñada para demostrar a todos que, no obstante la movilización militar ordenada por Felipe Calderón desde diciembre de 2006, su gobierno no es capaz de cumplir su función básica y razón de ser: proteger la vida y bienes de los ciudadanos.

¿Quién exactamente decidió poner en evidencia la incapacidad de las autoridades mediante un ataque a gente absolutamente al margen de cualquier acción contra las bandas criminales? No lo sabemos aún, pero queda claro que esa acción es simplemente el eslabón más reciente de una cadena que empezó con el reguero público de cadáveres de narcotraficantes rivales, policías e incluso de algunos militares (¡más de 3,300 en lo que va de este año!). Esa mezcla de teatro y guerra subió de tono con las mutilaciones y decapitaciones de algunas de las víctimas, con los mensajes a las autoridades en sitios públicos y dio un paso más con las ostentosas matanzas colectivas, como las recientes en Yucatán y en La Marquesa —de una docena pasaron a dos docenas de ejecutados en una sola acción y sin que quede claro por qué se les ejecutó— para concluir con lo ocurrido el pasado día 15: el asesinato de ocho inocentes frente al gobernador del Estado, en una plaza supuestamente vigilada y en la tierra natal de quien está al frente del Poder Ejecutivo. Hasta ahora seguimos sin saber quién fue responsable del salto cualitativo en la inseguridad ni el motivo preciso de la acción.

El crimen organizado es una fuerza dominante en muchos municipios del país, pero recurrir al terrorismo es retar no sólo a un gobierno local, sino al federal y a sus poderosos aliados (a empresarios, a Washington, a la iglesia). ¿Para qué el desplante? ¿Se quiso dejar en claro ante todos que los criminales pueden imponer sus agendas por sobre las del resto de los actores políticos? ¿Buscaron cobrar el rompimiento de acuerdos ya pactados o inducir a buscar uno nuevo? Se pueden formular éstas y otras preguntas similares o diferentes —por ejemplo, ¿pudiera ser una acción llevada a cabo por algún grupo político para crear un clima de mano dura?—, pero de momento no hay respuesta. Sin embargo, la falta de información no impide abordar otros aspectos del fenómeno violento.

¿Un pago diferido? El régimen autoritario que caracterizó la vida política mexicana de casi todo el siglo XX presumió de haber construido el sistema de poder más sólido de América Latina y uno de los más estables del mundo. Pero esa estabilidad no democrática tuvo un costo muy alto que hoy seguimos pagando todos. Parte central de ese costo fue la institucionalización de la corrupción y de la impunidad y hasta hoy nada efectivo se ha hecho por poner fin a esa herencia infame.

En la etapa clásica del dominio del PRI sólo el presidente podía llamar a cuentas a los grandes corruptos. En las pocas ocasiones en que se puso a uno de ellos ante un juez, la acción poco o nada tuvo que ver con la justicia real y sí mucho con la “justicia selectiva”, tan útil al poder presidencial para mantener la disciplina entre la clase política; un buen ejemplo fue el encarcelamiento del líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, “La Quina”, por Carlos Salinas.

Sin embargo, frente a cada “quinazo” hubo centenas de casos conspicuos de impunidad. Manuel Ávila Camacho, por ejemplo, dejó hacer y deshacer a Maximino, su hermano; el círculo íntimo de Miguel Alemán empleó a fondo sus posibilidades de corrupción sin límites; Carlos Hank González se convirtió en símbolo de cómo un político pobre se transformaba en lo opuesto gracias a la protección presidencial. Arturo Durazo Moreno hizo de su amistad con José López Portillo la palanca para convertir a la policía capitalina en una estructura del crimen organizado. Las cuentas suizas de Raúl Salinas o la buena fortuna de los hijos de Marta Sahagún no se explican sin una relación directa entre poder presidencial y negocios privados. La lista de casos se podría extender hasta dar forma a un volumen similar al directorio telefónico.

Como no hay crimen organizado exitoso —y el mexicano vaya que lo es— sin algún tipo de complicidad entre criminales y autoridades, el ambiente de corrupción generado por el sistema autoritario del siglo XX resultó un excelente caldo de cultivo para que nacieran y prosperaran las organizaciones criminales hasta llegar a convertirse, de marginales y subordinadas, en rivales de la clase política. Lo anterior fue posible por la combinación de corrupción institucional con la cercanía geográfica del gran mercado norteamericano de las drogas. Como bien lo señalara Luis Astorga en su historia del narcotráfico mexicano —El siglo de las drogas, (México: Espasa Calpe, 1996)— esa actividad empezó a echar raíces en México hace ya más de medio siglo, protegida por algunos gobernadores y militares en el norte del país pero, con las condiciones propicias descritas, esa actividad creció hasta salirse del control del poder político e imponer sus propias reglas, que es la situación actual.

¿Qué hacer? No hay respuesta fácil, pero cualquier intento por romper el círculo vicioso requiere abrir varios frentes de lucha contra los auténticos enemigos de México. Hay que empezar por la difícil pero indispensable tarea de crear una policía auténtica. Perseguir seriamente no sólo a los narcotraficantes de base, sino a sus socios indispensables y que además de los policías corruptos es toda la red de empresas y empresarios lavadores de dinero y los miembros de la clase política que dan protección al crimen organizado: presidentes municipales, gobernadores, altos funcionarios del aparato de seguridad. Y finalmente, abrir oportunidades reales de trabajo a los jóvenes. Miguel de la Madrid anunció pero nunca se llevó a cabo la renovación moral de la política mexicana y desde 1982 la economía no tiene vitalidad.

En suma, que el verdadero enemigo de México es la combinación de corrupción pública con una economía formal sin brío. Si ambos problemas no se enfrentan con inteligencia y voluntad, no es imposible el retorno del Estado fallido del siglo XIX.

http://www.yucatan.com.mx/noticia.asp?cx=9$2900000000$3918131&f=20080925

Víctor M. Toledo: La caída del ciclista

¿Juega Dios con los ciclistas? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que no sólo hay dioses; también hay demonios de las pequeñas cosas, duendes diminutos, juguetones chaneques, gnomos, pequeños seres bromistas, dedicados todos ellos a promover sorpresas, hechos inesperados, sucesos imprevistos. Para la ciencia, estos eventos impredecibles han dado lugar a la llamada “teoría del caos”, dedicada a atender situaciones en las que “un pequeñísimo cambio en las condiciones iniciales puede modificar drásticamente el comportamiento general de un sistema en el largo plazo”: El aleteo de una mariposa puede provocar un huracán, un tornillo mal colocado la caída de un avión, un microbio el colapso de un imperio, y… una caída en bicicleta el inicio de la ingobernabilidad de un país.

Todo indica que la mayoría de los accidentes no son hechos fortuitos o derivados del azar, sino el resultado de eventos consciente o inconscientemente inducidos o facilitados por el accidentado. Dicho de otra forma, cada quien promueve sus propios accidentes. Quien anda en bicicleta sabe que ya posee la habilidad de mantener un equilibrio, por ello el ciclista es, en cierto modo, un maestro en el arte de balancear. El ciclista que cae debido a una pérdida aunque sea temporal de su pericia, ha perdido su capacidad de mantener su balance, de sostenerse en movimiento por medio de dos ciclos y mediante el justo medio entre dos fuerzas opuestas: una que viene de la izquierda, la otra desde la derecha.

Probablemente no hay mayor desgracia para un gobernante que sufrir un accidente en bicicleta, porque el evento devela, como metáfora y suceso, una situación personal de pérdida de control (interno y/o externo), de ingobernabilidad sobre el instrumento que conduce. Como un contrapunteo invisible pero efectivo, se pierde doblemente el equilibrio: en la conducción bicicletera y en la dirección gubernamental. El colmo: el ciclista se cae, y por el diccionario de sinónimos sabemos que caída significa declinación, descenso, decadencia, desplome, derrumbamiento, desmoronamiento, hundimiento, ocaso. Y todo hecho inusual, por diminuto o personal que parezca, encierra la posibilidad de convertirse en símbolo, en icono, en parteaguas de la historia de los individuos, las comunidades y las sociedades.

Cuando el ciclista que cae es además un presidente acorralado, acotado, debilitado por los acontecimientos y las fuerzas que estaría obligado a gobernar, la probabilidad de que le ocurra un accidente es muy alta. Creo que nunca ha habido, en la historia reciente del país, un presidente con tan poca capacidad de maniobra como el que actualmente nos (des) gobierna. Investido mediante un mecanismo fraudulento (ahí siguen, amordazadas pero vivas, las urnas de la elección de 2006 a la espera de ser interrogadas), su “debilidad de origen” lo ha llevado a obligadas alianzas con las poderosas elites económicas, los líderes más corruptos del sindicalismo, las televisoras, los gobernadores prepotentes y mafiosos, las corporaciones trasnacionales (¿alguien se imaginaba a un presidente mexicano llevándole un pastel al gigante Wal-Mart?), los bancos extranjeros, y un grupo de funcionarios públicos leales pero ineficaces y corruptos. Ello lo deja sin autoridad moral y, en consecuencia, sin capacidad para la acción, frente a las dos grandes fuerzas que lo amenazan de manera permanente: el crimen organizado ya empoderado social y militarmente, y la oposición política, social y ciudadana de un país cada vez más injusto e inseguro.

La caída del ciclista tiene un último y peculiar significado. No se pueden hacer análisis políticos acertados en un país tan lleno de magia colectiva como México sin tomar en cuenta la fecha cabalística de la ruptura histórica. El 2010 está tan presente en el inconsciente social de los mexicanos como el maíz, el águila y la serpiente, la Virgen de Guadalupe o el mole poblano. Conforme nos acercamos a esa fecha, a ese “accidente societario” soñado, columbrado, intuido y deseado por millones de ciudadanos, nos aproximamos a un momento en el que el anhelo por un cambio induce y condiciona una esperanza que marea. En la intimidad, la gente, los ciudadanos, bien pueden otorgar un significado premonitorio a la caída de la bicicleta.

Es en este contexto que las propuestas de Porfirio Muñoz Ledo, aparentemente inoportunas, excesivas o descabelladas, son de una enorme trascendencia. Solamente una reforma profunda del Estado, de sus formas y reglas, incluida la posibilidad de revocar los mandatos de quienes gobiernan, puede ofrecer una salida democrática y evitar la opción autoritaria y violenta. La caída del ciclista no es solamente una alegoría, una broma de los demonios de las pequeñas cosas o una nueva demostración de la teoría del caos. También es una señal, diáfana y oportuna, de la llegada de un límite y de la debilidad de un régimen, y de un “estado de cosas”. En algún lugar de algún momento futuro los mexicanos hablarán, con nostalgia o con coraje, con placer o con amargura, de aquel hecho extraño y absurdo que desencadenó el cambio que el país necesitaba. En la memoria colectiva se grabó con letras de oro como la “parábola de los ciclistas que caen”. Roguemos por ellos.

“Dicen que queremos derrocarlo, pero él se cae solo”: A.M. López Obrador

Artículo Original: La Jornada

Javier González Garza: Estado debilitado

Lo ocurrido en el estado de México, Michoacán y más recientemente en el penal de Tijuana, Baja California, es una clara muestra de la debilidad e ineficiencias gubernamentales en materia de seguridad pública. Todo ello ha dejado al desnudo el rotundo fracaso de la estrategia de combate al crimen organizado.

Distintos gobiernos en el mundo han usado el tema de la violencia para buscar la unidad por encima de las diferencias. Pero ello no desaparece las contradicciones sociales ni elimina las reivindicaciones políticas de cambio en las políticas públicas. La violencia y la pobreza se engarzan en un terrible círculo vicioso. La violencia obstaculiza la lucha contra la pobreza y ésta produce el caldo de cultivo ideal para el surgimiento del crimen y delincuencia organizada. Cuando ese círculo crece pone en riesgo la gobernabilidad democrática.

En materia económica, la inseguridad desincentiva la inversión privada, ahuyenta los capitales de inversión productiva, limita el desarrollo y cuando las dificultades para controlar y disminuir los índices delictivos aumentan se afecta con ello la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Sin embargo la actual explosión del crimen organizado a niveles sin precedentes en nuestro país tiene además causas institucionales.

El crimen organizado no tiene color ni ideología, no quiere apoderarse del Estado, tampoco quiere dirigir las políticas públicas ni tomar las grandes decisiones del Estado, es decir, no cuenta con proyecto político; su interés primordial son las ganancias económicas. Para este sencillo objetivo, busca protección institucional y ello desde luego amenaza las funciones básicas del Estado. La delincuencia organizada requiere de protección de algún empleado público o actor privado que le pueda dar cualquier tipo de protección o facilidad para realizar su negocio. Así crimen organizado y corrupción van de la mano.

Si no perdemos de vista que el fin del crimen organizado es el lucro, entonces entendemos por qué, al igual que otras empresas, busca tener el control monopólico de su mercado a cualquier costo. En esa búsqueda la violencia o la amenaza de violencia son tan importantes como la corrupción.

La evolución del crimen organizado ha transitado de prácticas sencillas a formas más sofisticadas, a través de nuevos modelos organizacionales delictivos trasnacionales, pasando por los mercados globales de dinero, hasta la incursión en complejas redes de tráfico de armas, equipos cibernéticos, aviones y en últimas fechas hasta submarinos.

Este fenómeno es parte de un mercado global donde se importan bienes, capitales y servicios y donde se buscan, por encima de todo, ganancias. Las cuantiosas utilidades del crimen organizado, producto de la protección institucional, de la corrupción y de la violencia, siempre buscarán un lugar dentro de la economía formal. Este proceso consta de por lo menos tres etapas: la colocación, transferencia e integración. Primero se transforman grandes cantidades de efectivo en formas económicas fáciles de intercambiar; en segundo término el dinero se mueve dentro del sistema financiero con la finalidad de no exhibir su origen; en la tercera etapa se integra al mundo de los negocios.

Este proceso permite gastar, ahorrar e invertir el dinero proveniente de la delincuencia organizada en la economía formal, donde a pocos molesta. Debemos recordar que en nuestro país se permite la adquisición de inmuebles, vehículos de alto costo y artículos de lujo en efectivo.

Así se cierra este círculo: crimen organizado, violencia, protección, corrupción, mercado, lucro y disfrute de las utilidades.

Esto lo entendieron los italianos en 1993 y por esta razón realizaron la operación Manos Limpias enfocada a desarticular las redes de protección institucional de la mafia, donde insignes actores políticos de todos los partidos se encontraban coludidos con poderosos actores económicos. Algunos ex primeros ministros resultaron implicados en los casos de corrupción y protección a la delincuencia organizada, al igual que cientos de empresarios y altos ejecutivos de empresas privadas, inclusive 12 empresarios implicados se suicidaron. Veinte de las más grandes empresas italianas tenían nexos con la mafia.

Esa tóxica mezcla se repite en nuestro país; políticas públicas fallidas, funcionarios públicos y actores empresariales corruptos, un aparato estatal débil con instituciones sin legitimidad, y apatía ciudadana.

En el caso italiano Antonio Negri señalaba que cuando la derecha nos llama a la unidad contra la inseguridad, en el mismo acto, nos pide que perdamos identidad política. La derecha busca expropiarnos la capacidad de denunciar y de luchar contra las injusticias sociales. Esto no lo podemos permitir porque la causa fundamental de la criminalidad es la exclusión social y el fracaso económico de un modelo que este gobierno se empeña en sostener.

Debemos impulsar un compromiso de verdaderas Manos Limpias, pero sin olvidar que las contradicciones sociales aún siguen vigentes.

Artículo Original: Reforma (Acceso mediante suscripción por pago)

J. Enrique Olivera Arce: ¿Unidad para qué?

Desde lo más profundo de la descomposición del sistema económico y político de la Nación, se llama a la unidad de todos los mexicanos para hacerle frente a la escalada de violencia en que incurre el crimen organizado. Retóricamente suena bien y efectivamente, sólo con la unidad se puede ir al rescate y reconstrucción de un tejido social en crisis en el que todos estamos involucrados. Sin embargo, no son pocos los que desgarrándose las vestiduras claman por ello llevando agua a su molino. Para estos, unidad, es la consigna de moda y el especular sin sustento alguno sobre los responsables de la condenable agresión a inermes ciudadanos en Morelia, es la tarea. Pareciendo discordante y fuera de lugar el que mediáticamente desde el PRI surja la pregunta: ¿Unidad para qué?

Interrogante contra corriente que resulta por demás lógica, cuando al mismo tiempo el Secretario de Gobernación afirma que no habrá cambios en la estrategia del gobierno federal en el combate a la delincuencia organizada., sin mediar una evaluación autocrítica y creíble sobre los resultados hasta ahora obtenidos en la sacudida al avispero. Y mucho menos sobre la situación que hoy guarda el Estado-Nación, caldo de cultivo para la trasgresión impune del estado de derecho.

Después del niño ahogado, todos a una a tapar el pozo. (¿Quiénes?) ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Con qué? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pues para empezar, una guerra no se inicia dando palos de ciego, sin tener claros propósito, objetivos, estrategia, y medios para alcanzar la victoria. Naturalmente, también y en primer término, identificar al enemigo, conocer de sus propósitos últimos, calificando a su vez su capacidad real y potencial para saber a que y a quienes se pretende enfrentar.

Se nos dice de un poderío financiero del enemigo, muy superior a las disponibilidades del gobierno; se habla de sus nexos con aliados externos desparramados por todo el orbe, y se afirma todos los días, que se le va venciendo en la medida del alto número de capos de rostro patibulario que las fuerzas del orden atrapan o eliminan y que, en esa misma medida, son substituidos por otros de igual o sin duda ya, peor catadura. El cuento de nunca acabar. Pero nunca, hasta ahora, se ha tenido la atingencia de informar a la ciudadanía que el ejército de capos y sicarios que operan en el terreno, está al servicio de poderosas empresas criminales y altos ejecutivos que desde lujosas oficinas, con sofisticada tecnología planean y conducen impunemente sus ilícitas operaciones, lo mismo en México que en otras latitudes.

Nada parece indicar que contra estas altas esferas de la delincuencia organizada, personajes de cuello blanco y finas maneras, se privilegie la estrategia de la guerra emprendida. Nada se nos dice al respecto ni se observan avances en tal sentido. La cabeza principal de la hidra sigue siendo un misterio no resuelto. No se conoce al enemigo más allá de los daños que hoy lamentamos.

Por los resultados y daños colaterales, para el común de los ciudadanos queda la impresión de que no se ha tomado para nada en cuenta lo anterior. El enemigo, al que ya se califica “traidor a la patria”, es un fantasma que está en todos lados y al mismo tiempo no está en ningún lugar. Lo mismo podría ubicársele en el bando de los malos que en el de los que se dicen ser los buenos. La corrupción y la impunidad que domina en México, impide establecer distingo alguno para diferenciar a los unos de los otros.

La sabiduría popular enseña que “según el sapo es la pedrada”. Y está visto que no se alcanzará la victoria oponiendo violencia a la violencia en el terreno, si no se combate al corazón del enemigo en su madriguera, oponiendo inteligencia superior a la que hoy por hoy parece dominar en las altas esferas de la industria del crimen, como bien lo saben los señores de las fuerzas armadas que conocen de la manufactura del paño.

Así que unidad ¿para qué? ¿En torno a qué? ¿A los gobernantes en turno? ¿A un sistema de procuración de justicia cuestionado? ¿O a una inexistente política con visión de Estado que sin atentar contra los derechos humanos y clima de libertad cuya construcción ha costado mucha sangre al pueblo de México, haga de la racionalidad, buen juicio, honestidad, y un profundo amor a la patria su estandarte? La unidad a secas, en abstracto, al costo social y político que sea, únicamente conduce al pensamiento único; al fascismo dictatorial que el enemigo real pretende imponernos.

José Cueli: Instinto de muerte

En una época que se afana por prestigiar la investigación experimental, la tecnología de punta y la comunicación a través de los mass media, de los datos verificables y cuantificables, de las verdades absolutas (?), ¿cómo transmutar en análisis experimentales unas imágenes que no llegan a la conciencia y que la mágica sutileza del sicoanálisis no reclama de nosotros otra realidad que ha de vivirse transportando a otro campo que se nos va de las manos? ¿Cómo transmutarlo si es el sicoanálisis con su instinto de muerte un reactivo al revés, una inopinada visión retrospectiva de lo que es y no es?

Si el mundo se nos revela con ínfulas de urbanidad electrónica suprema, pero desmentido por las disonancia de una agitación estruendosa –guerras, hambre, terrorismo, crueldad, tortura, corrupción, violencia y desintegración familiar, desigualdad social, violación de los más elementales derechos humanos– que lo invade todo, que se diría ser una etapa masiva de cientificidad, que haga un hombre en trance de transformación y traslado, una partícula perfectamente hábil y anodina para el cumplimiento de unos propósitos que rebasan a la razón, pero lo “adaptan” a vivir en sociedad, cuya finalidad nadie penetra.

El instinto de muerte freudiano es anterior a este desmando crítico, perpetuamente tornadizo, apresado en garras de eternidad. Tratar de detener lo que se nos escapa, se nos va de las manos, en un laboratorio es cosa vana. ¿Es la materia la que queda o la que se va, la que se transforma, la que se traspone? ¿Y, las formas se pierden o, más bien, se repiten, se eternizan como anunciaba Freud en Más allá del principio del placer? ¿Qué da movimiento al instinto de muerte, a la crueldad, a la violencia y a la tortura?

Freud amplía la noción de psique y al lado opuesto de la razón encuentra el inconsciente, y en oposición al instinto de vida encuentra el de muerte, estableciendo de este modo la posibilidad de concebir, como parte constitutiva de lo humano, esa fuerza contraria a la razón, determinante para explicar lo que hasta entonces había quedado inaccesible a la ciencia.

Freud no es aceptado por la academia positivista propietaria de la ciencia, porque ésta es hija de la razón, y la razón no acepta al inconsciente, al no ser medible ni predecible ni verificable.

Fue el siglo XX, ¿y lo será el XXI?, la centuria de la ciencia de los hechos, el método experimental, el de intervenir en su conjunto, incluyendo al hombre dándole las formas más caprichosas. La estructura del universo se va descifrando por la actitud omnipotente del hombre que no considera límites físicos ni sociales ni morales a sus actos, pues cree que él mismo fue quien los inventó.

Sin embargo, tanto científicismo que deja de lado a la sicología de las profundidades de Freud no ha podido, sino por el contrario, frenar la descomposición social y la violencia y capacidad de la destructividad humana. No es ignorando al inconsciente y a la parte “negra” que nos habita y constituye como lograremos, si es que es posible, dar todavía esperanza al futuro de la humanidad.

De nada ha servido la ciencia medible, precisa y aséptica que ha dado paso a la creación de tecnología de punta para crear armamento complejo para matar y aniquilar.

Hartos estamos de escuchar discursos cargados de estulticia en los que se habla y actúa desde la prepotencia imperialista de “bombas inteligentes”, guerras, (léase) matanzas preventivas. Ya no cabe el engaño.

A pesar de la manipulación y el uso alevoso y perverso de los mass media, las imágenes de tortura no hacen sino constatar que hemos perdido el rumbo.

Quizá aún haya tiempo de enmendar tantos errores. Pero para ello habrá que estudiar con más profundidad la naturaleza humana.

http://www.jornada.unam.mx/2008/09/19/index.php?section=opinion&article=a06a1cul

Juventud Comunista del Ecuador: Ni un minuto de silencio, toda una vida de combate

La Juventud Comunista del Ecuador (JCE), en comunicado enviado el  lunes 1 de septiembre del 2008 a nuestra redacción, recuerda  con todo fervor revolucionario los seis primeros meses del cobarde ataque en Angostura – Ecuador, por parte del gobierno uribista.

Por ABP Ecuador/PC Ecuador, tomado de ABP

En cualquier lugar donde nos sorprenda la muerte,

bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de guerra

haya llegado a un oído receptivo y otra mano se tienda

a empuñar nuestras armas, y otros hombres se apresten

a entonar nuestros cantosluctuosos con tableteo

de ametralladoras y nuevos gritos de guerra y victoria.

-Che-

El Ser Humano nuevo va naciendo con la frescura de la montaña, con la picadura de zancudos, empapado de lluvia, enlodado con el recuerdo cariñoso de los seres queridos, en la soledad de la noche guerrillera…Pero, en esa misma montaña es donde se van limpiando todas las taras y vicios de la sociedad burguesa, donde aprendes a ser sencillo, aprendes a ser humilde, sin egoísmos, un ser humano tierno que se sacrifica por los demás, que da todo por los demás, que sufre cuando sufren los demás, un ser humano que ríe cuando ríen los demás. Ahí nace el Ser Humano nuevo, en la montaña, como nace el clandestino en la ciudad o como nace el guerrillero en el campo.

La Juventud Comunista del Ecuador convencida de encontrar un camino menos doloroso y conociendo los padecimientos del pueblo colombiano -causado por el terrorismo estatal dirigido por Uribe- apoya fervientemente, se solidariza y se compromete con las acertadas combinaciones de todas las formas organizadas de lucha contra el gobierno fascista que se ha tomado el Palacio de Nariño, aún más en esta fecha que recordamos los seis meses del asesinato al camarada Raúl Reyes y nuestros compañeros de combate en Angostura-Ecuador.

Uribe se ha convertido en un Presidente frustrado y desesperado imperado por un orden criminal ante una  población inerme, campesinos desplazados, fumigando campos con sustancias toxicas, realizando redadas para-militares masivas,  lloriqueando y demandando a los gobiernos de Ecuador y Venezuela el involucramiento al conflicto interno, un presidente incapaz y mentiroso que en sus “supuestas negociaciones” de canje de prisioneros ha utilizado cualquier variedad de credenciales e insignias, como  la más cobarde técnica de guerra sucia. A la vez nos solidarizamos con los familiares de los asesinados y familiares de los presos políticos, quienes han llevado una  lucha  permanente y tenaz contra Uribe.

Conjuntamente, concordamos y consideramos a las FARC-EP como fuerzas beligerantes de principal oposición a las políticas para-militares de Álvaro Uribe Vélez, siendo una barricada permanente en contra de todos los planes Imperialista, una guerrilla que se ha convertido en la vanguardia combativa del pueblo  y sobre todo en la esperanza revolucionaria mediante la lucha armada  para encontrar la paz en Colombia.

El verdadero terrorismo es ejercido por el gobierno colombiano ante sus continuos ataques a la población en general, como aquel 1 de marzo del 2008, las FARC-EP son la respuesta organizada del pueblo ante la violencia generada por el Estado. Reiteramos pues el apoyo y el compromiso permanente de seguir luchado junto a todas las organizaciones por la construcción del SOCIALISMO.

Juramos Vencer……….¡Venceremos!

Juventud Comunista de Ecuador

http://anncol.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1293&Itemid=9

Dilbertina: Recordando el porqué Our Words in Resistance es mi lugar

Hoy al saber el aniversario de Our Words in Resistance, me vino a la mente como empecé a visitar este sitio, hogar para los que hemos querido manifestar nuestros No. Y bien, les quiero comentar que el principal motor es y ha sido siempre hablar por Alejandro Ordaz Moreno.

Durante todo el mes de agosto no hemos tenido noticias de él, no hemos escrito de él, muchas personas como yo, llegaron a este lugar buscando información sobre Alejandro, por suerte el verano en España ha terminado, cuando menos las vacaciones de verano, esperemos que pronto se celebre su juicio y el resultado sea favorable para él y su familia.

Todos los días, al abrir este aparato que me mantiene conectada con ustedes, lo primero que hago es buscar la palabra Alejandro Ordaz Moreno, busco las noticias más actuales, entro a su página. No hay nada desde julio. Hoy que celebramos el primer aniversario de este maravilloso espacio encontré este artículo, es solamente, para leer y comprender un poco el lugar donde se encuentra Alejandro, esperando que el Gobierno y la Secretaría de Relaciones Exteriores comprendan la situación de él. Y no veamos una apelación por falta de ayuda del Consulado.

Gracias a todo el equipo de Our Words in Resistance por darme voz para expresar mi sentir sobre el caso de Alejandro.

Crimen y castigo

FREDERIC SÁNCHEZ

Llevo un tiempo visitando presos en centros penitenciarios españoles, como lo hacía en Francia años atrás, y creo que la situación se hace cada vez más difícil para las personas privadas de libertad, a lo que se suma el continuo aumento del número de presos y del tiempo de sus condenas. La deducción lógica que sigue a esta situación es la complicación de la labor de todos los actores que forman parte del mundo penitenciario, teniendo también consecuencias sobre los altos índices de reincidencia. Está lejos de mí la idea de una indulgencia melosa o de victimización ingenua hacia la persona reclusa. Se trata de un llamamiento al realismo, a la responsabilidad y madurez de toda una sociedad hacia unos ciudadanos aislados por un tiempo de ella.

Mientras oímos cada vez más voces, legítimas y justificadas en ciertos casos, pidiendo más protección y, por tanto, más castigo, se están apagando silenciosamente ideas del humanitarismo penal como la reinserción social, el tratamiento personal o el mínimo respeto a los derechos fundamentales de las personas momentáneamente entre rejas, olvidando que el mandato fundamental que debe presidir la fase de ejecución penal es la reinserción. Parece ser que inconsciente o conscientemente aceptamos la idea de que el preso, por ser preso, tiene que pasarlo mal, como si no fuera suficiente la privación de libertad.

Esta situación, que debiera presidir la normalidad penal, no se constata cuando observamos que el sistema pensado para la reintegración del individuo se ha convertido y corrompido de tal manera que se ha vuelto él mismo un generador de corrupción y exclusión, fomentando el efecto contrario al pretendido, que es la reeducación y reinserción del individuo. Un sistema donde el que tiene dinero sigue siendo muy favorecido, donde el fuerte domina al débil, donde el mercado de todo tipo de drogas es de lo más fructífero, donde se regatea el precio de mercancías supuestamente prohibidas como los móviles. ¿Qué sentido de derecho, justicia y respeto hacia el prójimo se va desarrollando en la cárcel?

Lo que descubrimos en realidad detrás de los muros de la prisión es la visión microscópica del funcionamiento de una sociedad, un espejo que revela a nuestras democracias su cuestionable desarrollo. Nuestra incapacidad de gestión de esta microsociedad nos da la medida de nuestro verdadero entendimiento de la naturaleza humana, nos interroga sobre la dignidad y la debilidad del hombre, sobre su sentido de la responsabilidad, sus capacidades para fingir, mentir y hacer recaer la responsabilidad en los demás.

Acaso pensamos que todos estos bumeranes lanzados detrás de los muros no volverán. Hablamos de personas de carne y hueso, con historias personales, únicas. Saldrán afectadas por su experiencia. Pienso en ese joven, para nada un delincuente, que entra por primera vez en prisión tras un error en su trayectoria y se ve sumergido en aguas turbias, sin más recurso que aprender a nadar en ellas, asimilando así los rudimentos de la delincuencia. No debemos olvidar el viejo dicho que nos aconseja jamás decir de ese agua no beberé. Desfilan por mi mente todos los que, llorando, me decían que nunca hubieran pensado caer tan bajo. No sólo es cuestión de educación; también de circunstancias de la vida.

Cuántas veces he oído a mi buen amigo Luis Chabaneix, abogado penalista, relatarme con mucha frustración sus luchas frente a una aplicación de la ley deshumanizada e impersonal, donde muy a menudo se trata de negociar la pena sin consideración de la persona. Vuelvo a visitar a Carlos en la cárcel, porque fue reintroducido entre rejas por no haber cumplido con una obligación -no arriesgada para nadie- y no respetar una regla de conducta.

También podría hablar del “doble castigo” del preso extranjero a la hora de reflexionar sobre la inmigración. Puedo mencionar ejemplos de denegación de derechos fundamentales reconocidos en la Ley Orgánica General Penitenciaria, como los permisos o la libertad condicional, por el sencillo hecho de que se trata de extranjeros, arguyendo el riesgo de fuga o la fecha de cumplimiento de pena lejana. A la hora de un consenso sobre la Constitución Europea, parece que los centros penitenciarios estén todavía fuera de esa preocupación. Evocar el caso de los africanos haría mucho más desolador el análisis, pues están aún más aislados jurídica y emocionalmente.

Esta penosa situación no es específica de España, sino que afecta a casi toda Europa, pero teniendo en cuenta el aumento de derechos promovidos por el Gobierno actual en beneficio de diversos colectivos, desearía que España fuese, también en este campo, el promotor de un verdadero cambio de las mentalidades. Ése es mi anhelo y ciertamente el de la mayoría de las personas circunstancialmente privadas de libertad.

La problemática carcelaria se inscribe dentro de una dimensión política, económica y social, pero también humana y espiritual, creo yo. “Todo el mundo quiere cambiar la humanidad, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo”, decía León Tolstói. La madurez de una sociedad se mide también por su capacidad para gestionar sus cárceles. Es tiempo de hacer frente al problema, no sólo castigando más y por más tiempo, sino reflexionando sobre el mandato reinsertador que preside la fase de ejecución penal y haciendo de ese mandato una preocupación auténtica.

Frederic Sánchez es capellán de prisiones francés.

http://www.elpais.com/articulo/opinion/Crimen/castigo/elpepuopi/20080905elpepiopi_5/Tes

Luis Javier Garrido: La Sentencia

El país vive uno de los peores momentos de su historia por las políticas antinacionales y antipopulares del gobierno entreguista de Felipe Calderón.

1. La sentencia de 45 años en contra de Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco –detenido desde hace dos años en el penal de alta seguridad del Altiplano–, pronunciada por el juez penal primero de Texcoco, Alberto Cervantes, el 21 de agosto, que se suma a la sentencia previa de 67 años y seis meses dictada por el mismo juez (lo que le acumula un total de 112 años de prisión), así como la sentencia de 31 años y 10 meses a otros 11 dirigentes del FPDT, todas ellas por los hechos del 4 y 5 de mayo de 2006 en Atenco, constituyen una aberración jurídica que avegüenza lo mismo al Poder Judicial federal que al pueblo de México.

2. ¿A quién puede extrañarle tras esta decisión que los policías culpables de innumerables delitos, incluyendo el de violación, durante su actuación en los operativos de esos días, permanezcan impunes? ¿O que algunos de los luchadores sociales detenidos, como el joven Héctor Galindo, permanezcan incomunicados en celdas de confinamiento, con la complicidad de los visitadores de la CNDH?

3. El “modelo político” neoliberal le ha asignado al Poder Judicial el papel de legitimar las decisiones políticas por muy aberrantes que éstas sean, y esto ha determinado que en el México de “la alternancia” no existan tribunales autónomos y que durante los años del panismo oscuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrados y jueces “de consigna” estén ya convalidando decisiones de un poder político que actúa como mandatario de intereses privados, incluso extranjeros, y el caso de Atenco resulta por ello significativo.

4. Las sentencias en contra de los dirigentes del frente parecen ser no sólo una advertencia a los luchadores sociales que se oponen en los países sometidos por los mecanismos de “la globalización” –como es el caso de México– a los grandes intereses trasnacionales, sino que buscan sentar al mismo tiempo un precedente metajurídico para el futuro inmediato, de ahí su carácter monstruoso, pues rebasan cualquier fallo judicial en contra de opositores políticos del periodo del porfiriato o de los peores años del priísmo, como el sexenio diazordacista.

5. La aberración es absoluta asimismo si se considera la naturaleza de las acusaciones en contra de dirigentes campesinos que no cometieron delito alguno y a quienes se les responsabiliza por secuestro y ataques a las vías generales de comunicación. El instrumento utilizado desde los años 40 hasta el diazordacismo fue el delito de disolución social establecido en el artículo 145 del Código Penal, que fue suprimido como consecuencia de un debate abierto por el movimiento estudiantil y popular de 1968 (único punto, por cierto, del pliego petitorio de entonces que aceptó Díaz Ordaz), pero ahora se recurre a cualquier tipo de acusación, incluso de delitos del orden común, insostenible desde la lógica jurídica.

6. La paradoja resulta en consecuencia muy clara: un gobierno ilegítimo, cuyos principales integrantes son verdaderos presuntos delincuentes de Estado, empezando por Felipe Calderón, a quien se ha señalado en los últimos meses no sólo por peculado y tráfico de influencias como por innumerables delitos electorales, que le permitieron usurpar el cargo, y ahora nada menos que por haber cometido el delito de traición a la patria al pretender entregar a compañías extranjeras la industria petrolera nacional –que es de carácter estratégico para el país–, y sobre cuyo jefe de gabinete, el ciudadano español Juan Camilo Mouriño, se han presentado innumerables pruebas de presunta delincuencia organizada, se atreve a acusar de incontables delitos a algunos de los más dignos luchadores sociales de México.

7. Las sentencias no son únicamente “absurdas y abusivas”, como las calificó en agosto la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, al evidenciar la desastrosa situación que hay en México en la materia, agravada por el hecho de no existir un Poder Judicial autónomo. Muestran sobre todo la impunidad del poder político, que quiere vengarse de luchadores sociales que al defender sus tierras frenaron el proyecto trasnacional multimillonario de construcción de un aeropuerto internacional, y que pretende por este acto despótico amedrentar al pueblo ciudadano.

8. Estos fallos judiciales muestran la colusión PAN-PRI en las grandes decisiones de Estado y su objetivo de imponerle al país un modelo económico –y político– transexenal, y por lo mismo son corresponsabilidad, como lo fueron los operativos del 4 y 5 de mayo de 2006, de Calderón y del gobernador priísta mexiquense Enrique Peña Nieto, y no van dirigidos por lo mismo nada más contra una organización social –el FPDT– o contra todo el movimiento social organizado, sino que constituyen una sentencia contra el pueblo de México.

9. Echarlas abajo y lograr la inmediata e incondicional libertad de Ignacio del Valle y de sus compañeros del frente es, por lo mismo, una responsabilidad de todos, más allá de ideologías y de capillas, si no se quiere que las estructuras fascistoides del actual poder político asfixien en poco tiempo todos los espacios de libertad por los que pugna el pueblo de México.

10. El mes patrio de 2008, marcado por la lucha de resistencia en defensa del petróleo, debe ser también de la defensa de los derechos individuales de los mexicanos si no se quiere que el actual gobierno avance en su pretensión de criminalizar a los movimientos sociales.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=opinion&article=024a1pol