Alma E. Muñoz: Acusan juristas a Felipe Calderón de ejercer su cargo “con fines ilícitos”

Someter la industria petrolera al capital privado equivale a “traición a la patria”, advierten.

Lo culpan de pedir la “complicidad” del Congreso de la Unión para que su reforma sea aprobada.

Felipe Calderón ejerció “con fines ilícitos” su cargo de presidente de la República al enviar seis iniciativas de ley en materia energética a fin de “someter” la industria petrolera nacional al capital privado extranjero, y con ello incurrió en “traición a la patria”, señala el borrador del documento que un grupo de juristas prepara en torno al desempeño del jefe del Ejecutivo.

Como parte de los argumentos, se le acusa de solicitar la “complicidad” del Congreso de la Unión, al enviar esas iniciativas en abril y mayo pasados a las cámaras de Senadores y de Diputados, respectivamente, para que las aprueben.

Los juristas, vía legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), solicitarán que se inicie el procedimiento correspondiente en San Lázaro en contra del panista y, con base en los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución, se le acuse ante el Senado de la República.

Los juristas y expertos –Jaime Cárdenas Gracia, Jesús González Schmal, Raúl Carrancá y Rivas, además de Virgilio Caballero– consideran que Calderón Hinojosa, “presidente por decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”, promovió las iniciativas “en demérito de la independencia y soberanía de la nación mexicana”, y por tanto incurrió en delito.

Señalan que se atacan los artículos 27 y 28 constitucionales al pretender que se anulen efectos normativos para entregar el crudo a particulares, especialmente extranjeros, con base en una norma secundaria, lo que implica “un fraude a la Constitución, pues anula preceptos que aseguran el control exclusivo del Estado respecto de la localización, extracción, procesamiento, almacenamiento, así como distribución, transporte y comercialización de petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica”.

De igual manera cuestionan que, con la reforma a la legislación secundaria, el jefe del Ejecutivo federal intente que las decisiones en el caso de las tres últimas áreas las tomen conjuntamente las empresas privadas y el gobierno, y las relaciones entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y particulares se rijan por el derecho privado, además de que se dejaría en manos de árbitros y tribunales extranjeros las controversias que puedan surgir.

Industria paralela

La participación de inversionistas, principalmente extranjeros, haría que en México se creara –según los expertos y juristas– una industria petrolera paralela a la del sector público, con carácter de negocio totalmente particular, que permitiría blindar jurídicamente sus negocios contra cualquier medida que afecte sus intereses, incluyendo la expropiación, con base en el convenio relativo a la Agencia Multilateral de Garantía de las Inversiones, a cargo del Banco Mundial.

Así que la industria nacional estaría totalmente en desventaja y, por tanto, “el monopolio del Estado, previsto por el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional, quedaría desvanecido”.

En el documento se plantea que la iniciativa de Calderón permite contratos de riesgo prohibidos por el párrafo sexto del 27 constitucional y deja que funcionarios de Pemex queden “exentos de las responsabilidades que obligan al resto de los servidores públicos”, y favorece, “con un velo de opacidad mayor al de los otros entes públicos”, las decisiones que se tomen en la paraestatal.

Asimismo, consideran que, con su actuar, Calderón Hinojosa modifica “subrepticiamente” el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, al hacer que el Estado mexicano abandone la reserva que hizo para sí mismo en el capítulo sexto, Energía y petroquímica básica, donde se apartaron petróleo, hidrocarburos y petroquímica básica, en sus diferentes fases de explotación, de la zona que incluye el acuerdo comercial.

Con ello, indican los juristas, “quedamos colocados en los supuestos de los capítulos XI y XV del mismo, donde se estipula que si un Estado renuncia, privatiza o transfiere a particulares un área sujeta al control estatal, ésta ya no puede ser asumida libremente por el Estado”.

El 8 de abril pasado, Felipe Calderón envió al Senado de la República cinco iniciativas: Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, reformas a las leyes de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión del Petróleo, Orgánica de la Administración Pública Federal y, además de cambios, adiciones a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo.

El 14 de mayo siguiente, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados reformas a la Ley Federal de Derechos. Todo lo anterior, con “preceptos opuestos a la Constitución”, concluyen.

Artículo Original: La Jornada

Luis Javier Garrido: La Sentencia

El país vive uno de los peores momentos de su historia por las políticas antinacionales y antipopulares del gobierno entreguista de Felipe Calderón.

1. La sentencia de 45 años en contra de Ignacio del Valle, dirigente del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco –detenido desde hace dos años en el penal de alta seguridad del Altiplano–, pronunciada por el juez penal primero de Texcoco, Alberto Cervantes, el 21 de agosto, que se suma a la sentencia previa de 67 años y seis meses dictada por el mismo juez (lo que le acumula un total de 112 años de prisión), así como la sentencia de 31 años y 10 meses a otros 11 dirigentes del FPDT, todas ellas por los hechos del 4 y 5 de mayo de 2006 en Atenco, constituyen una aberración jurídica que avegüenza lo mismo al Poder Judicial federal que al pueblo de México.

2. ¿A quién puede extrañarle tras esta decisión que los policías culpables de innumerables delitos, incluyendo el de violación, durante su actuación en los operativos de esos días, permanezcan impunes? ¿O que algunos de los luchadores sociales detenidos, como el joven Héctor Galindo, permanezcan incomunicados en celdas de confinamiento, con la complicidad de los visitadores de la CNDH?

3. El “modelo político” neoliberal le ha asignado al Poder Judicial el papel de legitimar las decisiones políticas por muy aberrantes que éstas sean, y esto ha determinado que en el México de “la alternancia” no existan tribunales autónomos y que durante los años del panismo oscuros ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrados y jueces “de consigna” estén ya convalidando decisiones de un poder político que actúa como mandatario de intereses privados, incluso extranjeros, y el caso de Atenco resulta por ello significativo.

4. Las sentencias en contra de los dirigentes del frente parecen ser no sólo una advertencia a los luchadores sociales que se oponen en los países sometidos por los mecanismos de “la globalización” –como es el caso de México– a los grandes intereses trasnacionales, sino que buscan sentar al mismo tiempo un precedente metajurídico para el futuro inmediato, de ahí su carácter monstruoso, pues rebasan cualquier fallo judicial en contra de opositores políticos del periodo del porfiriato o de los peores años del priísmo, como el sexenio diazordacista.

5. La aberración es absoluta asimismo si se considera la naturaleza de las acusaciones en contra de dirigentes campesinos que no cometieron delito alguno y a quienes se les responsabiliza por secuestro y ataques a las vías generales de comunicación. El instrumento utilizado desde los años 40 hasta el diazordacismo fue el delito de disolución social establecido en el artículo 145 del Código Penal, que fue suprimido como consecuencia de un debate abierto por el movimiento estudiantil y popular de 1968 (único punto, por cierto, del pliego petitorio de entonces que aceptó Díaz Ordaz), pero ahora se recurre a cualquier tipo de acusación, incluso de delitos del orden común, insostenible desde la lógica jurídica.

6. La paradoja resulta en consecuencia muy clara: un gobierno ilegítimo, cuyos principales integrantes son verdaderos presuntos delincuentes de Estado, empezando por Felipe Calderón, a quien se ha señalado en los últimos meses no sólo por peculado y tráfico de influencias como por innumerables delitos electorales, que le permitieron usurpar el cargo, y ahora nada menos que por haber cometido el delito de traición a la patria al pretender entregar a compañías extranjeras la industria petrolera nacional –que es de carácter estratégico para el país–, y sobre cuyo jefe de gabinete, el ciudadano español Juan Camilo Mouriño, se han presentado innumerables pruebas de presunta delincuencia organizada, se atreve a acusar de incontables delitos a algunos de los más dignos luchadores sociales de México.

7. Las sentencias no son únicamente “absurdas y abusivas”, como las calificó en agosto la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos, al evidenciar la desastrosa situación que hay en México en la materia, agravada por el hecho de no existir un Poder Judicial autónomo. Muestran sobre todo la impunidad del poder político, que quiere vengarse de luchadores sociales que al defender sus tierras frenaron el proyecto trasnacional multimillonario de construcción de un aeropuerto internacional, y que pretende por este acto despótico amedrentar al pueblo ciudadano.

8. Estos fallos judiciales muestran la colusión PAN-PRI en las grandes decisiones de Estado y su objetivo de imponerle al país un modelo económico –y político– transexenal, y por lo mismo son corresponsabilidad, como lo fueron los operativos del 4 y 5 de mayo de 2006, de Calderón y del gobernador priísta mexiquense Enrique Peña Nieto, y no van dirigidos por lo mismo nada más contra una organización social –el FPDT– o contra todo el movimiento social organizado, sino que constituyen una sentencia contra el pueblo de México.

9. Echarlas abajo y lograr la inmediata e incondicional libertad de Ignacio del Valle y de sus compañeros del frente es, por lo mismo, una responsabilidad de todos, más allá de ideologías y de capillas, si no se quiere que las estructuras fascistoides del actual poder político asfixien en poco tiempo todos los espacios de libertad por los que pugna el pueblo de México.

10. El mes patrio de 2008, marcado por la lucha de resistencia en defensa del petróleo, debe ser también de la defensa de los derechos individuales de los mexicanos si no se quiere que el actual gobierno avance en su pretensión de criminalizar a los movimientos sociales.

* La Jornada

* http://www.jornada.unam.mx/2008/09/05/index.php?section=opinion&article=024a1pol

Luis Javier Garrido: La ofensiva

¿Están siendo los legisladores mexicanos objeto de dádivas de los consorcios petroleros trasnacionales para que aprueben la contrarreforma de Felipe Calderón, como lo señalan algunos analistas, lo que reproduciría aquí una de las prácticas de corrupción que se dan impunemente en el sistema estadunidense?

1. El debate en materia energética en el Senado ha puesto al descubierto el proyecto de las trasnacionales por apoderarse de la industria petrolera de México del cual es piedra angular la iniciativa de Felipe Calderón, pero también está abriendo una reflexión tanto sobre la corrupción desenfrenada del grupo calderonista como sobre el funcionamiento del Poder Legislativo mexicano, planteándose entre otras una cuestión: ¿están siendo los legisladores mexicanos objeto de dádivas de los consorcios petroleros al igual que acontece en el sistema estadunidense?

2. El país sabe que el gobierno panista es una cloaca y que muchos de sus integrantes están asociados a corporaciones trasnacionales en el negocio que están fraguando, y por eso no sorprenden noticias como las que han generado nuevos escándalos esta semana al saberse que el gobierno ha mandado a una red de emisarios a Estados Unidos para solicitar apoyo de los grandes consorcios petroleros o que Georgina Kessel (secretaria de Energía) contrató multimillonarios servicios de espionaje privado para vigilar a los legisladores en relación con el debate energético (El Universal, 26 y 29 de mayo).

3. La actitud de algunos priístas ha llamado la atención, pues varios parecen dispuestos a avalar la privatización por móviles poco claros. Los legisladores del PRI, se supone que no tendrían en principio problema alguno para desechar, por notoriamente anticonstitucional, la propuesta de Calderón, quien les exige de manera desvergonzada le ayuden a hacerle un fraude a la Constitución, y que lo hagan además traicionando sus principios, ya que en el punto 14 de su Declaración de Principios se establece que en relación con los energéticos el PRI sostiene “el principio constitucional de propiedad de la nación”, y se pronuncia “contra de todo intento de privatización del patrimonio de los mexicanos”.

4. Las propuestas de algunos priístas resultan por ello no sólo descabelladas sino opuestas a los principios de su partido, sobre todo porque en un mediano plazo tal claudicación no podría conducir más que a acelerar la desaparición de su instituto político. El proyecto de algunos dirigentes del PRI de crear las llamadas “empresas espejo”, que se atribuye a Manlio Fabio Beltrones, no es más que una variante del presentado por Calderón y tan anticonstitucional como éste, pues supone autorizar a las trasnacionales a operar en el ámbito petrolero con todos sus recursos mientras el gobierno federal prosigue el desmantelamiento de Pemex. La propuesta del gobernador veracruzano Fidel Herrera de crear empresas mixtas en los estados donde hay enclaves petroleros es también absolutamente violatoria del orden constitucional, pues además de privatizadora se olvida de que el petróleo es materia federal.

5. El escenario nacional, marcado por la discusión sobre el petróleo, se está por otro lado enrareciendo más por la desenfrenada campaña de los medios para que se aprueben la iniciativas de Calderón, en particular porque éstas carecen de argumentos, y lo único que hacen es utilizar una serie de lemas mentirosos, tratando de negar que las iniciativas sean privatizadoras o tengan como propósito culminar el desmantelamiento de Pemex y entregar la industria petrolera mexicana a compañías extranjeras.

6. El principal argumento del gobierno de facto hacia las compañías trasnacionales es el mismo que está utilizando frente a los mexicanos, haciendo a todos creer que es posible violar impunemente la Constitución modificando la legislación secundaria, y deslizando la idea de que la Suprema Corte avalaría esta empresa, la que por el contrario claramente tipifica el delito de “traición a la patria” previsto en nuestra legislación penal, lo que puede llevar a Calderón y a sus cómplices a ser destituidos.

7. En otras palabras, lo que el gobierno de facto está sosteniendo, fuera y dentro del país, en su campaña mediática, es que el fraude a la Constitución está al alcance de la mano, y que además eso es positivo para los mexicanos, olvidándose de una cosa: que a lo que conduciría es a que la nueva industria privatizada operase en un contexto de plena ilegalidad.

8. La realidad de la situación es que la propuesta de las multinacionales y de Calderón, que en este caso actúa como lo que es, como su pelele, no sólo empobrecería a los mexicanos y dejaría al Estado sin recursos, sino que crearía en México un escenario de absoluta inseguridad jurídica. Las trasnacionales extranjeras estarían invirtiendo en un país de manera anticonstitucional, y ello le daría a los mexicanos, tanto al poder público como al pueblo, el legítimo derecho para proceder contra ellas por todos los medios, y de nada les serviría a éstas acudir a tribunales extranjeros, pues la propia Suprema Corte ha reiterado en sus últimos fallos que los acuerdos internacionales suscritos por los gobiernos mexicanos –y más todavía los suscritos por un gobierno ilegítimo y de facto como el de Calderón– están por debajo de la Constitución.

9. Los debates en la vieja casona del Senado en la calle de Xicoténcatl han conducido a una derrota completa de la posición oficial, que ha sido evidenciada como contraria a los intereses de los mexicanos y al orden constitucional del país, y en consecuencia no están produciendo más que una mayor desesperación en el gobierno, lo que hace más difícil una salida a la cuestión.

10. La salida a esta cuestión es empero muy simple y la única digna de una sociedad democrática: consultar a todos los mexicanos sobre el futuro de nuestros recursos estratégicos, para que decidan si quieren que sigan siendo manejados por los mexicanos o que abdiquemos de nuestra vocación histórica y entreguemos la industria petrolera y el futuro de la nación a las corporaciones petroleras que la codician desde hace décadas.

Artículo Original – La Jornada