Ricardo Rocha: Yo soy Jacinta

Y ella es una mujer indígena, otomí, de 42 años. Acaba de ser sentenciada a 21 años de cárcel. Aunque usted no lo crea, por el secuestro de seis agentes armados de la AFI. Sí, leyó usted bien. Fue acusada con otras dos mujeres. Un juez la halló culpable porque, para él, la prueba presentada por la PGR fue contundente: una fotografía de un diario local donde aparece Jacinta asomándose al borlote de lo que pasó en su pueblo hace tres años ya.

El 26 de marzo de 2006 seis AFI llegaron amenazantes y sin uniforme a Santiago Mexquititlán, en Querétaro. Ahí, en el tianguis, Jacinta y sus compañeras vendían aguas frescas. Llegaron los agentes y comenzaron con destrozos, despojos y exigencias de tributo con lujo de violencia quesque por hallar mercancía pirata. Fuenteovejunescamente, los pobladores cercaron a los intrusos para exigirles identificación y la orden que justificara su proceder. Éstos se negaron, pero también se rajaron. La tensión crecía y comenzaron los gritos de protesta y justicia de la gente por tanto abuso. A llamado de los intrusos se apersonaron un agente del MP y el jefe regional de la AFI. Prometieron reparar los daños con mercancía decomisada —más bien robada— de otros tianguis, de otros pueblos. Ante la negativa popular se comprometieron a compensarlos con dinero. Se fueron y dejaron “en garantía” a un agente que no fue molestado. Regresaron a las siete y pagaron lo pactado.

Pero se la guardaron al pueblo. Y se desquitaron con Jacinta, a la que el 3 de agosto llevaron con engaños a la ciudad de Querétaro. Ahí la acusaron falsamente; ahí la juzgaron de inmediato en español, cuando sólo hablaba otomí; ahí presumieron su culpabilidad antes que su inocencia; ahí la tienen presa; ahí la sentenciaron a 21 años de prisión; ahí le destrozaron la vida y a su familia.

Así, Jacinta es una víctima más de la intolerancia rabiosa que caracteriza a los gobiernos panistas como el que ahí encabeza Francisco Garrido Patrón, que no ha movido un dedo en defensa de una de sus gobernadas. ¿Cómo si es una india de pueblo?

Así se repite la historia de la furia discriminatoria y racista de los poderosos en este país. Como cuando se les inventaron delitos a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, indígenas ecologistas de Guerrero que lucharon contra los caciques talamontes. Una vez más el menosprecio inhumano que nos avergüenza en la memoria de doña Ernestina Ascensio, abusada y asesinada por militares y muerta por diagnóstico presidencial de gastritis crónica. Nomás acordémonos de Aguas Blancas y Acteal. De Atenco, condenados a más de un siglo de cárcel por defender sus tierras. Otra vez la más brutal represión de estos gobiernos contra los que se atreven a alzar la voz ante las injusticias.

Hay ahora un movimiento encabezado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, al que me sumo gustoso, para exigir juicio justo y liberación de quien sólo ha cometido tres grandes pecados en este país: ser mujer, ser indígena y ser pobre. Por cierto, se llama Jacinta Francisco Marcial. Y yo soy ella.

PD. ¿Esto también es falso, señor Medina Mora?

Artículo Original: El Universal

Pedro Miguel: Blindaje facial

Primero fue la revelación de que el góber precioso había participado en una conjura para violar los derechos humanos de una periodista. En un primer momento, cuando millones de ciudadanos escucharon el intercambio obsceno entre las voces rasposas y muy machas de Mario Marín y de Kamel Nacif, se dio por hecho que el primero no resistiría la revelación y que no lograría sostenerse en el cargo. No se tomó en cuenta, en el cálculo, la pertenencia del ejecutivo estatal y el federal a un mismo partido bicápite y tetracolor (verde, rojo, blanco y azul) que, desde tiempos ancestrales, tiene como principal divisa, objetivo y razón de existencia perpetuarse en el poder, incluso si para ello hay que recurrir a la complicidad y el encubrimiento, y que con ese propósito evita, siempre que resulte humanamente posible, las fisuras entre sus filas.

Luego se supo que el secretario de Gobernación había protagonizado un escandaloso conflicto de intereses cuando era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, y después, cuando ocupaba el cargo de subsecretario del ramo, y no tuvo empacho en firmar, como representante de las empresas energéticas de su familia, contratos jugosos con el gobierno federal. El escándalo neutralizó de inmediato al funcionario y la Secretaría de Gobernación quedó acéfala por largos meses, porque se había hecho evidente que Juan Camilo Mouriño carecía de la solvencia moral para hacerse cargo de la gobernabilidad del país. Los únicos que no se enteraron fueron el propio Mouriño y su jefe inmediato, Felipe Calderón, quienes continuaron en la creencia de que el primero seguía al frente de los asuntos en el Palacio de Cobián. De hecho, la simulación persistió hasta el día de su muerte, prematura, por desgracia, y el episodio fue rematado por la erección de una estatua discursiva, y forzosamente efímera, en memoria del difunto.

Se ha tenido noticia, también, de un gobernador que saca decenas de millones de pesos del erario para destinarlos a la construcción de iglesias de su preferencia y que, cuando es descubierto con las manos en la masa, manda a las voces críticas a chingar a su madre; de otro que ordena taladrar una pirámide milenaria para fijarle aditamentos de bailarina de Las Vegas; se ha sabido de un secretario de Seguridad Pública que se rodea de un equipo de infiltrados del narco sin por ello perder su santidad personal. Estas revelaciones, que en la tierra prometida de la democracia desembocarían en la renuncia inmediata o la remoción rápida de los protagonistas, en el sistema político mexicano son neutralizadas por el poderoso blindaje facial de los gobernantes que en lenguaje llano se llama cara dura.

El episodio más reciente es el del secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, quien, en una conversación privada, reveló que su ex jefe Carlos Salinas se había clavado la mitad de la partida secreta asignada a la Presidencia. Cuando la plática se hizo pública, Téllez no confirmó el señalamiento pero tampoco lo negó, sino todo lo contrario: se hizo bolas. Quedó, eso sí, exhibido como un hombre de deslealtades cruzadas; fue desleal con Salinas, por chismear sobre sus raterías; fue desleal con las instituciones, por no ponerlas al tanto de lo poco o mucho que sabía al respecto; es desleal con el país porque, sabedor del saqueo rutinario de las arcas públicas por parte de los gobernantes de primer nivel, opta por callarse y seguir habitando las esferas de ese poder depredador, y es desleal incluso con su patrón actual, porque sabe perfectamente que se ha vuelto un lastre político para un gobierno de por sí desprestigiado y descompuesto.

No hay mucho que agregar sobre Salinas, quien sigue empeñado en desodorizar su paso por el poder, en borrar las huellas de sus uñas en el erario –crucen la conversación de Téllez con la agria polémica entre los hermanos Adriana y Raúl, divulgada hace unos años, en torno al origen y la posesión de aquellos célebres dineros depositados en Suiza–, en apostar a la amnesia social y en venderse como un hombre propositivo y bien intencionado.

Conforme se agravan las tropelías de los personajes del poder, se solidifica el pegamento de complicidad que los mantiene inamovibles en un muégano gobernante que da abrigo, además, a una extensa nomina de ex funcionarios (Salinas, Zedillo, Fox & Bribiesca, Gil Díaz…) y se manifiesta, hacia la sociedad, como un blindaje facial a prueba de bombas atómicas. Todos tienen mutuas colas que pisarse, conversaciones que revelar, munición para el escándalo: si Téllez sabe lo que sabe de Salinas, hay que imaginarse lo que le conocerá a Calderón. Parece razonable suponer que, al igual que Marín, que Ruiz, que González Márquez, que Peña Nieto, que García Luna, que Mouriño, se mantendrá (y será mantenido) en el cargo que detenta. Hagan sus apuestas.

Artículo Original: La Jornada

Bernardo Bátiz V.: Atenco y el 97 constitucional

Atenco, dice el doctor Antonio Peñafiel en su Diccionario de jeroglíficos de nombres geográficos (1885), tiene un glifo peculiar, unos labios o boca semiabierta, hacia el agua o rodeada de agua. Atenco es un pueblo muy antiguo, prehispánico, situado en la ribera de ese mar interior que fue el gran lago de Texcoco, lo imagino poblado por pescadores y cazadores de aves acuáticas, con chinampas en las orillas y milpas en las tierras más altas, casas humeantes y un teocali en el centro; su historia debe ser muy parecida a la de otros tantos pueblos que sucumbieron a la conquista española, primero incuria, después abandono, aislamiento y luego, con la desecación de los lagos, pobreza y trabajo agotador para sobrevivir.

Durante la Revolución es muy posible que los atenquenses hayan luchado por sus tierras al lado de las fuerzas zapatistas que tuvieron gran influencia en los rumbos de Tlaxcala y el estado de México. No hay que olvidar que fue muy cerca de este poblado, donde don Andrés Molina Enriquez lanzó en 1911 su celebre Plan de Texcoco, encaminado a reivindicar las tierras de los campesinos despojados por las haciendas y a rescatarlos de la esclavitud de las tiendas de raya y de la arbitrariedad de mayordomos y administradores.

Atenco, como tantos otros pueblos, valora sus tierras, que le dan el magro sustento, pero que también le proporcionan identidad, sentido de pertenencia e inspiran un patriotismo local que no fácilmente entienden los extraños; la tierra es sagrada para el campesino, no se concibe sin ella, y si un pueblo la pierde, pierde su razón de ser. Por eso la resistencia al proyecto del aeropuerto invasor que se pretendía en sus campos de cultivo, por eso los machetes y la tenacidad heroica de sus habitantes que con tanto empeño resistieron primero y al final impidieron el despojo.

Pero todo eso, por supuesto, lo ignoraron Fox, el gobernador, el secretario de Seguridad y sus respectivos cortesanos y operadores; para ellos los terrenos de Atenco eran tan sólo la perspectiva de un gran negocio, de oportunidad de contratos, inversiones y riquezas, y por ello no pueden perdonar a los tercos campesinos que les echaron a perder todo. No pudieron adueñarse del espacio a cambio de migajas, quedaron muy mal ante la opinión pública, y por lo tanto tenían que vengarse con el primer pretexto que tuvieron a la mano; lo hicieron, enviaron a sus policías a castigar a los reos del delito ya extinguido hace siglos, de “lesa majestad”, pero restablecido para el efecto de dar un escarmiento a esos alzados y desobedientes.

Para escarmentarlos a ellos y para asustar a otros posibles reclamantes en otros sitios y en otros momentos, se recurrió a la persecución bárbara, a las golpizas, a las detenciones arbitrarias y a los abusos de todo tipo. En otro momento o quizás en otra entidad, con ese escarmiento, las cosas hubieran regresado a su curso y la población estaría dolida y resentida, pero calmada.

En Atenco no sucedió así; sus habitantes siguieron su lucha, con sus líderes principales presos o escondidos, no han dejado de reclamar que se haga justicia y que se sancione a los responsables de la desalmada agresión, pero esto no es posible cuando los investigadores del delito habían sido nombrados por quienes tendrían que investigar.

El asunto, después de tiempo, tuvo que llegar a la Suprema Corte de Justicia, por vía de la investigación de violaciones a garantías individuales, reconocida en el artículo 97 constitucional, inspiración invaluable del Constituyente del 17; para cuando las instituciones regulares y locales no pueden o no quieren hacer justicia, al menos queda ese último recurso, que es la investigación del tribunal federal de mayor rango. Fue ésa la última esperanza de una condena adversa a los autores intelectuales y materiales de los hechos de Atenco, lástima que sólo tres de los integrantes del alto tribunal estuvieron a la altura de su papel de juzgadores de nivel superior, con autoridad moral para señalar culpables con nombres y apellidos; la mayoría, en defensa de su propia clase social y quizás de sus amigos y anfitriones, rebajó la resolución y sólo se atrevió a decir que sí hubo violación a garantías individuales, pero que sólo eran condenables los ejecutores materiales, mientras que quedaron impunes y tranquilos los más encumbrados.

A pesar de ello, el baldón es difícil de quitar, para quienes aun exonerados en la fórmula de la resolución fueron señalados por parte importante de la opinión pública y por la minoría de ministros durante el debate. Helioflores, el agudo caricaturista, hace unos días fue más elocuente que mil palabras. Aparecen en el cartón, publicado en El Universal, el gobernador Peña Nieto y el procurador Medina Mora con caras de niños incapaces ni de una travesura, bien peinados, pero atrás, sobre las sombras de sus cabezas, destacan las cruces de las tumbas que se supondrían de los jóvenes asesinados en los hechos; el título del editorial gráfico es por demás concluyente: “Sombras nada más”, pero añado, también nada menos: de esas sombras es difícil liberarse.

El 97, a pesar de la reticencia de quienes no gustan emplear las facultades que les otorga, volvió a funcionar.

Artículo Original: La Jornada

José Cueli: Detrás de la guerra, el mal archivo

Han transcurrido 21 pavorosos días desde que comenzó la guerra en Gaza. La frase crisis humanitaria se queda, por mucho, corta para describir el infierno que viven los habitantes de esa franja.

La realidad, hasta donde nos es permitido conocerla, sobrepasa la peor ficción. Los acontecimientos y la tragedia la desbordan, el lenguaje se ve rebasado y la conciencia no alcanza a procesar lo que presenciamos; la racionalidad y la cordura no encuentran asidero posible.

A pesar de que la historia, aparentemente, ha dado cuenta de episodios bélicos anteriores de estos acontecimientos, no sólo parece no servirnos de algo, peor aún, no hemos entendido nada. Más bien pareciera que ni siquiera se ha registrado en la memoria, como si no hubiese dejado huella ni inscripción alguna. ¿Cómo intentar dar cuenta de semejante fenómeno?

Si el asunto se juega entre las coordenadas de la memoria, la repetición, el olvido, la destructividad y la muerte, una referencia obligada es el pensamiento freudiano articulado con las reflexiones de Jacques Derrida en torno al concepto de Freud acerca de la pulsión de muerte que el destacado filósofo francés enlaza al asunto del archivo y la memoria.

Ante el hecho de abordar en la actualidad el concepto de archivo, Derrida hace el siguiente planteamiento, que resulta de lo más pertinente ante la parafernalia de estos 21 días que nos dejan de llenos de congoja.

Sin ambages, el pensador francés califica los desastres del fin del milenio como archivos del mal y, al respecto, concluye: “… archivos del mal disimulados, destruidos, prohibidos, desviados (reprimidos)”.

Su tratamiento es a la vez masivo y refinado en el curso de guerras civiles o internacionales, de manipulaciones privadas o secretas. Nunca se renuncia, en el inconsciente mismo, a apropiarse de un poder sobre el documento, sobre su posesión, su retención o su interpretación.

El asunto del archivo y la memoria resulta en extremo complejo. Derrida empieza por cuestionarse si no habría que comenzar por intentar puntualizar el asunto del archivo y se pregunta: “¿No es preciso comenzar por distinguir el archivo de aquello a lo que con demasiada frecuencia, en especial a la experiencia de la memoria y el retorno al origen, más también lo arcaico y lo arqueológico, el recuerdo o la excavación, en resumidas cuentas la búsqueda del tiempo perdido? Exterioridad de un lugar, puesta obra topográfica de una técnica de consignación, constitución de una instancia y de un lugar de autoridad (el arconte, el arkheion, es decir, frecuentemente el Estado, e incluso un Estado patriárquico o fratiárquico), tal vez sería la condición del archivo”.

Con esta propuesta enlaza el sicoanálisis y la problemática del archivo. Para él, el texto freudiano insiste sobre la teoría de la archivación (Eindruck, druck, drücken). Para Freud esa archivación no sería sólo pérdida, sino a decir de Derrida, resultaría más bien una tesis irresistible, ya que apuntaría a una perversión radical, a la diabólica pulsión de muerte, de agresión, de destrucción, como consecuencia, una pulsión de pérdida.

Freud, en 1920, en su texto Más allá del principio del placer introdujo el concepto de pulsión de muerte, esa pulsión de destrucción, en palabras de Derrida de destrucción en la economía, o mejor dicho, en la aneconomía síquica, la parte de este gasto en pura pérdida. Esta pulsión, de obrar silencioso parece nunca dejar un archivo que le sea propio. Trabaja, según interpretación del filósofo francés, para destruir el archivo: con la condición de borrar, más también con el fin de borrar sus “propias” huellas.

Ello conduce al olvido, a la amnesia, a la aniquilación incluso del archivo, “como memorias de la muerte”. La pulsión de muerte es lo que más tarde Derrida llamará mal de archivo.

Las imágenes, los acontecimientos, los argumentos y las acciones bélicas brutales e irracionales que presenciamos son claro ejemplo del mal de archivo, del mal radical, de la pulsión de muerte, qué, borrando su archivo, acecha silenciosa y furtiva a la humanidad entera.

Artículo Original: La Jornada

Pedro Miguel: Voces sobre Gaza

Hace unos días, el escritor Abraham Yehoshúa, residente en Tel Aviv, pedía “evitar a toda costa una incursión terrestre” de las tropas de Israel sobre la Franja de Gaza, “no sólo por la vida de los soldados, sino porque morirían muchos civiles palestinos; son nuestros vecinos; nos jugamos nuestro futuro” (El País, 4/01). Poco después, los hechos le dieron la razón, en lo que toca a bajas israelíes: una treintena de efectivos del régimen agresor habían sido heridos en las primeras horas de la ofensiva por tierra (El Mundo, 4/01). Pero, por lo que respecta a los muertos y heridos palestinos, ya la artillería terrestre y marítima y los bombardeos aéreos (que incluyen el lanzamiento de bombas de racimo y de fósforo blanco y de proyectiles de uranio empobrecido) habían producido más de un millar antes de que la infantería y los blindados iniciaran su avance; ya van tres mil heridos.

Giora Rom escribió: “Los pilotos lanzan bombas. Los pilotos matan gente. Los pilotos destruyen cosas cuya construcción implicó un gran esfuerzo. Los pilotos hacen todo eso sin ver de cerca el resultado de sus actos”. Algunos son incapaces, al igual que los pilotos, de ver de cerca lo que ocurre en Gaza. Señaló Gideon Levy: “¿Que liquidaron a Nizar Ghayan (dirigente de Hamas)? Nadie cuenta a las 20 mujeres y a los niños que perdieron la vida en el mismo ataque. ¿Que hubo una masacre de docenas de efectivos durante la ceremonia de graduación de la academia de policía? Aceptable. ¿Y las cinco pequeñas hermanas? Permitido. ¿Que los palestinos se están muriendo en hospitales que carecen de equipo médico? Cacahuates.” Los hechos: de las primeras 19 bajas palestinas producidas por la invasión terrestre, tres eran miembros de Hamas y el resto, civiles (textos en Haaretz, 4/01).

Dice Jaber Wishah, residente en el teatro de operaciones: “La gente apoya más que nunca a Hamas porque han llegado a un punto en que la vida y la muerte son casi lo mismo. Sabemos que podemos morir en cualquier momento aunque no tengas relación con un objetivo militar israelí, sólo por vivir en el mismo barrio. El resultado sólo será más fanatismo”. El siquiatra Taysir Piab, quien vive en el campo de refugiados de Yabalia, complementa: “Cuando mis cinco hijos oyen volar los (cazabombarderos israelíes) F-16, empiezan a gritar. Las consecuencias sicológicas para los más pequeños van a ser terribles. Los niños están aprendiendo que los problemas sólo se solucionan con violencia” (El País, 5/01).

La responsabilidad de los gobernantes israelíes en el fortalecimiento de Hamas no empezó en diciembre pasado. Como lo explica el admirable Uri Avnery, “durante años, las autoridades ocupantes favorecieron el movimiento islámico. Las otras actividades políticas eran rigurosamente suprimidas, pero (a Hamas) se le permitía operar en las mezquitas. El cálculo era simple e ingenuo: en ese tiempo, la OLP era considerada el enemigo principal, Yasser Arafat era el Satán corriente. El movimiento islámico predicaba contra la OLP y Arafat y era visto, por ello, como aliado” (Gush-Shalom.org, 3/01, recibido gracias a Eduardo Mosches).

Algún día los ciudadanos israelíes le reclamarán a su propio gobierno la responsabilidad por la inseguridad que padecen. Podrían reclamársela al gobierno palestino si éste existiera, pero no hay tal: las autoridades de Tel Aviv han torpedeado en forma sistemática los empeños por establecerlo y con ello, y con sus políticas genocidas, han puesto en entredicho la viabilidad y el futuro de Israel mismo.

Otras voces: me enviaron réplicas discordantes a la entrega pasada Alejandro Zuchovicki (“tu nota no posee ningún tipo de análisis”); José Martínez Guerrero (“entre los judíos auténticos, sus preceptos indican que no debieron haber incurrido jamás en la creación de un Estado”); Jacqueline Feiguelblat (“sus comentarios, tanto como su persona, merecen mi completo repudio y desprecio”); Mariano González Tena (los judíos “son el tumor canceroso del mundo”); Álvaro Albarrán González (“ante la barbarie mostrada por Israel es difícil no ser antisemita”); Leticia Singer (“¿Usted llama a Israel Estado terrorista? ¿No es Hamas un grupo terrorista? Sólo acuérdese cómo se hizo del poder”) y Salomón Peralta (“nos dice que Occidente debe intervenir para contener, rescatar y salvar a Israel de sí mismo: ¡Qué ingenuidad!”). Noemi Ehrenfeld envió una apreciable corrección ortográfica (“si desea felicitar a sus amigos judíos o no, hágalo bien: es shaná tová, con v, y no como Ud. lo escribió, con b”). En El Correo Ilustrado (4/01) Alejandro Frank pretendió, sin ningún fundamento, involucrarme en la polémica iniciada por los detractores de Alfredo Jalife en el desplegado del 19 de diciembre. Agradezco, desde luego, las concordancias y el afecto de Gilberto López y Rivas, de Silvana Rabinovich, de Vicente Reyes de León y de Arturo Verduzco. Alto a la masacre de palestinos; tropas asesinas, fuera de Gaza.

Artículo Original: La Jornada

Arnaldo Córdova: La barbarie de la pena de muerte

Creo que una verdadera tragedia de la ciencia del derecho penal ha sido siempre el nunca haber logrado una definición verdaderamente universal, convincente, libre de prejuicios sociales y resabios de barbarismos atávicos, de lo que es y debe ser la pena, vale decir, la sanción que se aplica en la comisión de ilícitos de toda índole. La misma palabra siempre suena a algo que en el derecho contemporáneo resulta inadmisible: castigo, venganza, exclusión, confinamiento, aniquilamiento. No hay manual o tratado en la materia en el que no se nos diga que la pena no es sólo sanción, sino un modo de prevenir el delito y regenerar los tejidos dañados en el seno de la convivencia social.

En este punto, no tiene remedio, siempre habrá que recordar al gran fundador de la ciencia del derecho penal moderno, el gran jurista y filósofo del derecho italiano del siglo XVIII, Cesare Beccaria. Fue un enemigo feroz de la pena de muerte y del concepto de la pena como castigo o venganza. Su doctrina se puede resumir en unas cuantas palabras: si la ley es fruto del contrato que los hombres tienen para organizar su sociedad, del consenso popular (él era un contractualista convencido), y es elaborada por los representantes populares, entonces es inadmisible que la pena sea considerada como venganza de la sociedad. El delito es como una enfermedad en el cuerpo social: no se le sana amputándolo.

Los delitos y las penas, decía, deben estar previstos en la ley (esa convicción dio origen a un aforismo emblemático de los foros de la abogacía: nullum crimen, nulla poena, sine legge, no hay crimen, no hay pena, sin una ley), no ser dictados por el juez que juzga al acusado ni, mucho menos, por quienes detentan el poder en la sociedad, político o de facto. Si de eso se trata, la pena debe ser como una operación que subsane el daño causado. De ahí nació la concepción humanista de la pena como sanción que no es vengativa, sino regenerativa y preventiva. Al órgano dañado, hay que curarlo, no extirparlo.

La pena como venganza es pura barbarie y no hay modo de justificarla de otra manera. Era el medioevo, decía el ilustre filósofo. El derecho está destinado a organizar y a regular la convivencia social. Mal se ve una rama del derecho que sólo obedece a instintos oscuros y bestiales que anidan en el alma de los hombres. Aumentar la severidad de las penas hasta hacerlas monstruosamente crueles e inhumanas, según algunos, sirve para azorrillar a los posibles delincuentes. Recuerdo que en la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana un alumno presentó una tesis con el título: “Los efectos educativos de la pena de muerte”. Mi maestro, Guillermo Morales Osorio, cuando le tocó el turno de oír los argumentos, dijo: “Pues, ¡qué bien educado queda un cabrón al que le cortan la cabeza!”.

Beccaria consideraba que la pena como castigo o como venganza y, en especial, la pena de muerte, era una auténtica guerra de una parte de la sociedad contra otra. En un pasaje de su memorable obra De los delitos y de las penas, se preguntaba: “¿Por qué parece que en el presente sistema criminal, según la opinión de los hombres, prevalece la idea de la fuerza y de la prepotencia sobre la de la justicia…?” En un verdadero sistema criminal, remataba, hay un valor que debe estar por encima de los demás: el “interés de la verdad”. ¿Cuántos inocentes en la historia habrán sido injustamente condenados por ilícitos que no cometieron ni pensaron cometer? En nuestro medio, como se ha dicho, de 90 a 99 por ciento.

Esta tragedia de la ciencia penal, al no atinar a definir lo que es la pena, en realidad, es una tragedia de la sociedad de nuestros tiempos. Sigue siendo una guerra de una parte de la sociedad en contra de otra. Eso no es derecho. Ese Panchito Pantera que está resultando el gobernador de Coahuila y los monaguillos reaccionarios que hoy dirigen el PVEM, de verdad deben estar convencidos de que se trata de una guerra. El primero, además, con la divisa: “Vean qué machito tienen aquí; si los encuentro, los mato a todos”. La pregunta es siempre obligada: ¿cuántos inocentes serán sacrificados en esa guerra?

Dejemos de lado, por ahora, el que la reforma constitucional de 2005 a los artículos 14 y 22 abolió, definitivamente, la pena de muerte (por cierto, con los votos unánimes de los verdes), y el que México haya signado todos los tratados y convenios internacionales que la prohíben terminantemente. Aquí el problema sigue siendo el mismo desde la época de Beccaria: ¿para que sirve el derecho penal, para qué sirve la pena y, sobre todo, para qué sirve la pena de muerte? Todo mundo en todo el mundo lo ha hecho notar: las penas no asustan a los delincuentes ni les sirven de amenaza. El que comete un delito no piensa en esas cosas y menos si sabe que tiene todas las de ganar al quedar impune.

Desde luego que todos los razonamientos de los más enjundiosos penalistas del mundo con convicciones humanistas acerca de que la pena debe ser, ante todo, educativa y debe servir para rehabilitar al delincuente y reintroducirlo en la vida social como un hombre nuevo no son convincentes en absoluto. Debo decir, empero, que a mí siempre me han convencido. Pero el derecho penal moderno tiene, en todo momento, el mismo enemigo irreconciliable e inconcitable: el deseo de venganza de la sociedad. En primer lugar, al ofendido no se le puede ocurrir que se deba ser racional y generoso con el que lo ha agraviado. Y, luego, nuestras sociedades mojigatas y conservadoras, no pueden admitir que se pueda hacer algo con el delincuente para rehabilitarlo.

En el fondo, se trata de una tragedia de la sociedad y no sólo de una ciencia o de un modo de percibir la realidad. Mientras los hombres sientan que el agravio es una ofensa a sus intereses y no una enfermedad de o un daño a la sociedad, no habrá remedio. Una legión de juristas y abogados estadunidenses han dado sus testimonios sobre el hecho evidente de que, de cada diez condenados, muy probablemente nueve son inocentes. Sobre todo cuando se trata de la población afronorteamericana, tan castigada a lo largo de la historia en Estados Unidos. La pena de muerte y el “ojo por ojo” no sólo son una barbarie, son también una enfermedad de las sociedades de nuestro tiempo, inadmisibles para la civilización, si queremos ser civilizados, cosa cada vez más parecida a un arcano.

Artículo Original: La Jornada

Javier Aranda Luna: La cultura de la intolerancia

Preocupa el catolicismo ostentoso de nuestros últimos presidentes. No por la violación de la sentencia bíblica sobre la indispensable separación de la Iglesia del Estado (“dad al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios”), sino porque con sus innecesarios desplantes de fe fomentan el surgimiento de hordas medievales que riegan sangre y malversan, claro, recursos públicos.

Cada vez con mayor frecuencia nos enteramos de que se impide la educación pública a niños evangélicos en ese esperpento inverosímil llamado San Juan Chamula, o que en San Andrés Larráinzar una mayoría católica decidió despojar de sus derechos a 24 familias protestantes. Derechos como el agua potable y la energía eléctrica. Más aún: amenazaron a las mujeres evangélicas ¡por recibir orientaciones de salud por parte de personal médico!, según nota de Elio Henríquez publicada en estas páginas. De insistir en recibir información sobre salud, sus hijos perderían las becas del programa Oportunidades, así como los apoyos para construcción de vivienda.

No ser católico en el ayuntamiento de San Andrés Larráinzar es un delito. A un pentecostés, por ejemplo, se le priva de su libertad sólo por serlo y la recupera si abjura de su fe. En caso de insistir los inquisidores le fabrican delitos para tramitarle, en el Ministerio Público, su pase a los centros penitenciarios.

¿Será por esos procesos fast track que el gobierno chiapaneco recibió el Premio Nacional a la Innovación, Modernización y Desarrollo Administrativo 2008? No resulta improbable que, al conocer los procesos inquisitoriales que se viven en ese estado, organismos internacionales como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) reconsideren su apoyo a gobiernos como el chiapaneco donde los usos y costumbres también tienen el rostro de la intolerancia.

Y para atizar el ambiente el gobierno federal lanzó una ofensiva para cerrar las estaciones de radio protestantes que transmiten en Chiapas “sin los permisos correspondientes”. No apuesto por la ilegalidad, pero llama la atención que el combate a la clandestinidad radiofónica opere sólo contra las estaciones evangélicas. ¿Por qué esta cruzada contra la clandestinidad no incluye a las clandestinas radios católicas o la clausura de televisoras públicas que transmiten en El Bajío misas violando la ley respectiva y la Constitución misma?

¿Y qué decir de San Nicolás, Hidalgo, donde los evangelistas viven bajo la amenaza de la expulsión y han padecido el corte de agua potable y ahora no tienen derecho a enterrar a sus muertos en un panteón civil? La intolerancia religiosa se ha multiplicado en los sexenios panistas. ¿Será esa la legalidad que predican, la civilización a la que sus militantes aspiran. en la que ni siquiera caben sus “hermanos separados”, como en el Vaticano llaman a los grupos protestantes?

El presidente Calderón insistió, con motivo de su segundo año de gobierno, en que la democracia no es sinónimo de uniformidad, pero parece que una parte considerable de sus subalternos y de quienes comparten su fe operan en sentido inverso. De nada sirve que nos recuerde las bienaventuranzas si la política pública nos muestra el evangelio del odio al prójimo, el daño a los más pequeños, la intolerancia contra los diferentes. Ya no son los tiempos de “a mí me la persignan” aunque insistan en ello monaguillos del inframundo.

Artículo Original: La Jornada

Arnoldo Kraus: Los tiempos de la enfermedad

La enfermedad interminable, sin adelante y sin atrás, sin respuestas, sin muerte. La enfermedad que arrasa y sigue, que impide y es presencia. La que borra. La que hace que los significados del tiempo sean distintos a los de los sanos, se convierte en narrativa, cuando los pacientes, desesperados, desesperanzados, desarropados, buscan atenuar el dolor por medio de palabras.

Algunos las escriben, otros las dicen. Algunos las comparten, otros no. Hay quienes escriben “Ya no soy yo” para comprender su nueva forma de estar. Otros lo hacen para confrontar, desde otra perspectiva, la en ocasiones pequeña, en ocasiones grande, dosis de suicidio que supone la patología que sigue y sigue hasta mermar o agotar el deseo de vivir.

Muchos tejen palabras como antídoto contra sus males. Para muchos es terapéutico escribir. La escritura es una forma de darle sentido a la esperanza y esperanza al desasosiego. Otros, desde las honduras de sus males, resignifican el sentido de las palabras y las humanizan. La patología aviva rincones que suelen estar ocultos cuando se es sano. Quienes padecen enfermedades interminables entienden, de otra forma, con otro tiempo, con otra sabiduría el mapa de la vida.

Hace algunos años, un paciente que sufría una enfermedad crónica, y que ya estaba cansado, tanto por el tiempo que requería para mejorar sus condiciones como por el dolor que producían el mal y los procedimientos a los que tenía que someterse, comentó que además ahora pensaba que su persona se había modificado profundamente.

El paciente era una persona en la quinta década de la vida y había estado enfermo los últimos 20 años. Sólo había terminado la preparatoria, pero había tenido una maestra sui generis: la enfermedad.

–Ya no soy yo –me dijo después de haber sido sometido a varias transfusiones y muchas hemodiálisis.

–¿Cómo es eso? –pregunté.

–Un día te sacan tu sangre y te la regresan después de pasarla por una máquina; otro día te ponen sangre de otras personas que ni siquiera conoces. Tiempo después te hospitalizan porque tu estado general se agravó y pasas dos o tres días inconsciente. Cuando preguntas qué día es te das cuenta de que transcurrieron varios días sin que te hayas percatado de ello. Es decir, te borras. Estás sin haber estado. Transcurre el tiempo y tú no estás.

“Ya no soy yo” sintetiza el mundo, el nuevo mundo que ahora gira en otra dirección, en otro eje, con otra inclinación, y que muchas veces desoye lo que desea la persona. Ese sentir, esa certeza de ser “un otro dentro del antiguo yo”, exige mirar el mundo y el tiempo de la vida desde otro lugar, desde otro cuerpo. Con una mirada que escruta las palabras con filos y reglas distintas. “Ya no soy yo” no es dejar de ser. Es ser de otro modo. Es vivir desde las entrañas la fugacidad de la vida.

El enfermo tiene razón cuando afirma que la sangre de otra persona modificó su ser; las transfusiones, al igual que otros procedimientos médicos, exponen la vulnerabilidad del ser humano y lo confrontan con su propia finitud. Por eso está en lo correcto cuando dice “ya no soy yo”. Por eso nos acompañamos cuando le digo que en ocasiones se escribe para alejarse del mundo. Tiene también razón, porque quizás, en contra de lo que afirman los médicos, sí es probable que la hemoglobina transporte algunas porciones del alma y de la libido. Poco importa que la ciencia no crea en esa posibilidad. En el lenguaje de la enfermedad, y en la narrativa que de sus males hacen los enfermos, es correcto pensar que la hemoglobina acarrea, junto con el oxígeno, un pedazo de alma. Lo mismo sucede, me imagino, cuando a un paciente que perdió la cara le trasplantan la cara de una persona que murió.

“Ya no soy yo” es la mirada del yo original deformado por la anemia, por el dolor, por las pérdidas y por la incertidumbre que siembra la enfermedad. Esa expresión, aunada a la sensación de que la patología se convierte en una sombra que persigue y que ahonda el vacío, es lo que determina que algunos enfermos busquen, por medio de sus palabras, agrandar el lenguaje para entender, por medio de otras armas, su enfermedad. Ese sentir exige que quienes escuchan le den el mismo peso a las palabras que a los exámenes de laboratorio o de rayos X.

“Una cuestión de lenguaje. Eso parece ser la vida humana”, escribe Emilio Lledó en un pequeño y delicioso ensayo, La palabra más libre, donde reflexiona acerca de la importancia de leer poesía. “Mirar las palabras”, dice Lledó, es una forma de “… ilustrar la inteligencia.”

Desde su trinchera eso hacen los enfermos. Miran la enfermedad por medio de palabras, desmenuzan la vida y la muerte recargándose en el lenguaje del cuerpo modificado, y recrean, por medio del papel y de los lápices, el dolor que implica entender que “ya no soy yo”.

Artículo Original: La Jornada

Luis Javier Garrido: El fallo

El desprestigio del régimen calderonista del PAN ante el pueblo de México es mucho mayor que el de los peores gobiernos del PRI, a pesar de lo que pretende la descomunal campaña oficial de propaganda, y antes de cumplir dos años el sexenio las interrogantes se multiplican sobre la magnitud que podría alcanzar el desastre nacional de proseguir los mismos hombres con las mismas políticas en el gobierno: y ello no es sólo en lo social y en lo económico, sino fundamentalmente en lo institucional.

1. Los años “del entendimiento” o de “la connivencia” PRI-PAN en el gobierno (1988-2008), que han buscado dar al sistema de poder en México una imagen distinta de la que tuvo en las décadas de sistema de partido de Estado (1929-1988), en la mira de crear las condiciones para la imposición del modelo neoliberal, pretendiendo que se está llevando a cabo una supuesta “transición democrática”, no han logrado más que llevar al pueblo de México a un mayor empobrecimiento sustentado en la cancelación tanto de sus derechos sociales como en destruir las instituciones de la República.

2. El modelito neoliberal a lo que ha tendido en el mundo es a destruir, en nombre del mercado, las instituciones jurídicas y políticas que a su juicio obstaculizan la pretensión de las multinacionales de apoderarse de los recursos estratégicos del planeta, y ésa es la tarea que han buscado llevar a cabo los gobernantes del PRI y del PAN en los últimos 25 años, pero lo que han logrado es destruir no sólo el sustento constitucional y legal de los derechos sociales y colectivos, sino también el entramado constitucional en su conjunto. En México están hundidos en el desprestigio más absoluto no sólo los tres poderes de la Unión y las fuerzas armadas, sino las instituciones electorales creadas después de 88,en las que se pretendía que el “nuevo régimen” buscara sustentar su credibilidad.

3. Un ejemplo demoledor del deterioro institucional del país es la utilización anticonstitucional de las fuerzas armadas con vistas a levantar la imagen de un Ejecutivo ilegítimo, que a lo único que ha conducido es a una serie de acciones inconstitucionales de éstas que han vulnerado el régimen federal y la autonomía municipal y pisoteado el régimen judicial y de derechos humanos establecido en la Constitución, llevando de paso a una corrupción sin precedente del Ejército. Cuando el diputado priísta Emilio Gamboa, uno más de los cómplices de Calderón en el Institucional, declara que él respaldaría a cualquier gobernador que pretendiese suspender en su entidad las garantías individuales (Milenio Diario, 20 de noviembre), lo único que demuestra, además de su vocación fascistoide, es su ignorancia constitucional.

4. Las instituciones electorales, por otra parte, jamás tuvieron la credibilidad que pretendieron los llamados “transitólogos” mexicanos que defendieron desde 1988 la peregrina tesis salinista de que por la vía de las reformas electorales habíamos advenido al rango de “país democrático”, pues los derechos políticos de los individuos jamás fueron tutelados, los mecanismos de democracia semidirecta no se instauraron, las elecciones se confiaron a un organismo en manos de los dos partidos en el poder, el control de los procesos electorales quedó subordinado a mecanismos turbios y el Tribunal Electoral se puso en manos de magistrados de consigna profundamente deshonestos.

5. El fraude electoral de 2006, que impuso como presidente ilegítimo de México al abogado panista Felipe Calderón, protegido de Carlos Salinas de Gortari y de un grupo de empresarios asociados a él, quien no ganó las elecciones, constituyó la culminación de este proceso de descomposición, pues mantuvo en el poder a una coalición de grupos mafiosos al servicio de intereses trasnacionales que ven el poder como un botín, aunque con el costo para ellos de darle al traste a su absurda tesis de que éramos ya una democracia.

6. La contrarreforma electoral de 2008, que a pesar de aparecer como una amenaza a las televisoras mantuvo la posibilidad de los medios de pervertir los procesos electorales en “campañas negras”, no hizo, por otra parte, más que establecer nuevas limitaciones antidemocráticas, pues a otras disposiciones nocivas decretadas para tornar imposible la anulación de la elección presidencial, por muy graves que sean las irregularidades cometidas, agregó algo más: confirmó el principio de que el gobierno puede determinar de manera discrecional (es decir, autoritaria), a través del IFE, cuáles han de ser las formaciones partidistas integrantes del sistema de partidos, y de la misma manera intervenir en la vida interna de los partidos políticos, vistos como instancias “de interés público”: tanto para fiscalizar la utilización de sus recursos como para influir en sus decisiones internas sobre la base de que es el garante de “la democracia”.

7. El fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del miércoles 12, que entregó a Jesús Ortega el triunfo en las elecciones internas para presidente del PRD, a pesar de las gravísimas irregularidades que se produjeron, contabilizando para ello, entre otros, los votos de casillas que no fueron instaladas, y contradiciendo el fallo de las autoridades internas del propio PRD, ha constituido en este escenario un nuevo escándalo no sólo porque constituye una injerencia inadmisible del régimen en la vida de un partido, sino porque confirma la colusión de Ortega y de su grupo con el gobierno de Calderón y de los priístas.

8. La acusación que se hizo durante todos estos meses a Jesús Ortega y a su equipo de Nueva Izquierda (Jesús Zambrano, Graco Ramírez, Ruth Zavaleta, René Arce, Carlos Navarrete, Lupillo Acosta) de ser un “caballito de Troya” de la derecha neoliberal en el poder, a fin de desplazar a las corrientes aglutinadas en torno a Andrés Manuel López Obrador y tornar al PRD en “partido paraestatal”, como lo fueron ellos, ex militantes del PST, luego PFCRN, en los años 80, queda así confirmada.

9. Calderón y Ortega, como el difunto Mouriño, que instrumentó los arreglos hoy cumplidos por Gómez Mont, se olvidan, sin embargo, de que un partido no es un comité ejecutivo nacional, y que lo único que han logrado es hacer más abierto el conflicto.

10. La tesis del gobierno panista apoyado por el PRI de que esta decisión le allanará el camino en 2012, no toma en cuenta lo que está ya viniendo, y que es la respuesta popular.

Artículo Original: La Jornada

Emir Sader: Uribe o la paz

Con independencia del gobierno que vaya a emprender, la victoria de Barack Obama tiene en lo inmediato dos significados sumamente importantes: por un lado, representa el rechazo mayoritario de la ciudadanía de Estados Unidos al gobierno de Bush. Por otro, la movilización e incorporación a la vida política de grandes contingentes, comúnmente alejados de ella: negros, latinos y jóvenes.

Recaen sobre Obama dos pesadas herencias: la primera de ellas, la crisis económica, iniciada como crisis financiera, que se extiende al sector productivo (General Motors afirma que hace esfuerzos por no fallar) y genera una recesión de proporciones enormes. La segunda, las guerras infinitas del gobierno de Bush (responsable del aislamiento que, por ejemplo, hace que en Pakistán –aliado esencial de Estados Unidos en la guerra contra Afganistán y Al Qaeda– Bin Laden tenga apoyo de 34 por ciento de la población, mientras el de Washington sea apenas de 19 por ciento, casi la mitad). Salir de Irak no es tan fácil como Obama dice. Como le preguntan los halcones: “¿Saldremos derrotados?” Es un cuestionamiento grave para la única superpotencia actual en el mundo, además del tema del abastecimiento de petróleo y de la influencia de Irán sobre el Irak chiíta.

Sin embargo, Obama podrá avanzar en la desarticulación del epicentro latinoamericano de las guerras infinitas de Bush, ayudando a terminar con la situación de conflicto que se vive en Colombia con apoyo directo de Estados Unidos (en la llamada Operación Colombia), además de levantar inmediatamente el bloqueo contra Cuba. Aquel país se volvió el gran aliado estadunidense en la región, convirtiéndose en uno de los responsables del aislamiento y la pésima imagen de Washington en América Latina, algo que debiera tener en cuenta Obama si quiere proyectar una nueva imagen en el continente.

Lo paradójico es que, al final de ciertas acciones –algunas con éxito, como las de cambio de prisioneros que tuvieron a Hugo Chávez como protagonista central–, Uribe haya salido fortalecido en lo interno y lo externo. En lo interno, parece haber impuesto la visión de que las soluciones militares son posibles para acabar con el conflicto, con el que él no quiere terminar, porque obtiene de allí el apoyo interno que posee, consciente de que militarmente no se ganará el conflicto, pero lo prolonga lo suficiente para buscar obtener un tercer mandato e intentar desaparecer las soluciones políticas a la guerra.

Pero Uribe también ganó espacio externos que no tenía. Los crímenes cometidos por su gobierno –de los cuales la última revelación fue que centenares de jóvenes fueron ejecutados por oficiales de las fuerzas armadas que difundieron la idea de que se trataba de enemigos muertos en combate (por lo que hubo que juzgar y encarcelar a altos oficiales del ejército), sin que las imágenes de los ultimados hayan sido mínimamente difundidas por la prensa nacional e internacional, al contrario de lo sucedido con la de Ingrid Betancourt– parecen, hasta aquí, no desgastarlo. Uribe consiguió prácticamente circunscribir la violencia en Colombia a la ejercida por las FARC. Parecería que ya no existen secuestros o presos por parte del régimen –ya no se habla de intercambio de prisioneros, sólo de liberación unilateral por la guerrilla–; únicamente los retenidos por los insurgentes.

Reunidos en París en noviembre, bajo el patrocinio de Sécours Catholique, dirigentes de varias organizaciones políticas –Polo Democrático y los partidos Liberal y Conservador– discutieron opciones sobre la crisis colombiana, y existe consenso de que las soluciones militares, además de injustas, son inalcanzables, y que es preciso buscar alternativas políticas.

Por lo tanto, para que éstas sean posibles es necesario que las partes en conflicto recurran a la negociación. Hoy las FARC, duramente golpeadas política y militarmente, pueden estar más inclinadas a las soluciones negociadas (hubo una respuesta positiva de éstas a la solicitud de 113 intelectuales colombianos demandando el intercambio de prisioneros, lo que se entiende como una primera reacción en esa dirección). Sin embargo, Uribe no percibe por qué deba negociar, se siente fuerte e intenta conquistar un tercer mandato presidencial, mientras se suscriben apoyos para una nueva imposición violenta de un cambio constitucional.

Uribe sólo sufriría un golpe político si no puede obtener un tercer mandato y/o si el nuevo gobierno de Estados Unidos, aparte de confirmar el rechazo a la firma del Tratado de Libre Comercio –debido al fortalecimiento de los demócratas en la Cámara de Representantes–, termina con la Operación Colombia y convence a este presidente de que participe en negociaciones políticas que terminen con la guerra en su país.

Además, está claro que el trabajo persistente de denuncia de los crímenes del régimen, hecho por las organizaciones políticas y sociales colombianas, lleva al gobierno a una situación de debilitamiento que puede impedir la relección de Uribe y fortalece una oposición unificada que puede conducir a la victoria de un candidato democrático en las elecciones presidenciales de 2010.

La guerra en Colombia es la situación más grave que vive el continente, por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos –de la que los más de 3 millones de colombianos desplazados son uno de los aspectos más brutales y menos difundidos–; por la contribución al narcotráfico –que aumentó a lo largo de los años de gobierno de Uribe– y por los riesgos de enfrentamientos con países vecinos. Promover la paz en el continente, avanzar en los procesos de integración regional, suponen acciones de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), del nuevo gobierno de Estados Unidos y de los movimientos populares del continente, que deben acabar con la guerra y la represión en Colombia, para lo cual la derrota de Uribe –como cabeza articuladora del bloque en el poder– es una condición esencial.

Traducción: Ruben Montedónico

Artículo Original: La Jornada