La última Cumbre de la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), en su declaración final firmada por 180 países, el 5 de junio pasado, llama a estimular la producción de alimentos e incrementar la inversión en agricultura.
Pobres conclusiones, cuando la humanidad enfrenta desafíos tan graves como la subida exagerada de los precios de los alimentos, los desastres generados por el cambio climático y el auge de los agrocombustibles.
Estas pestes, como muchas otras, son consecuencia del capitalismo salvaje, que en su versión neoliberal impuso a la mayoría de los países, sus recetas de libre mercado y ajuste estructural.
Debido a sus precarios resultados uno de los asistentes a la Cumbre propuso acabar la FAO. Pero en sana lógica, lo que debe terminarse es el neoliberalismo, no los organismos multilaterales que vanamente tratan de reparar los daños generados por éste.
Neoliberalismo contra la humanidad
El primer Objetivo del Milenio aprobado por la ONU en el 2.000, para cumplir en el 2.015, fue erradicar la pobreza extrema y el hambre.
Cuatro años más tarde la FAO debió reconocer que los dictados económicos neoliberales, como el libre mercado y los ajustes estructurales impuestos por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, impiden que las naciones puedan asegurar el derecho ciudadano a la alimentación.
La ONU en 2.006 denunció que con la globalización neoliberal, impuesta al planeta desde los años 80 del siglo pasado, se extremó la concentración de la riqueza en todo el mundo.
Por esta vía, el 1 por ciento de las personas más ricas del planeta posee el 40 por ciento de la riqueza global, mientras que la mitad más pobre solo es dueña del 1 por ciento.
La cuna del hambre
Fruto de esta globalización rapaz, América Latina hoy produce un 40 por ciento más de los alimentos, que requiere para alimentar bien a toda su población, mientras el 10 por ciento de los latinoamericanos sigue padeciendo de hambre.
Hasta 1.989 Colombia producía el 90 por ciento de los alimentos que consumía. Hoy debe importar más del 90 por ciento del maíz, 57 por ciento del arroz y 44 por ciento de los fríjoles.
Mientras al país lo convirtieron en el segundo productor latinoamericano de agrocombustibles a partir de caña de azúcar y palma de aceite, después de Brasil. Lo que explica por qué el 64 por ciento de los colombianos no come lo mínimo necesario.
Encañonan primero y comercian enseguida
Como en toda América Latina, en Colombia el movimiento popular fue descabezado y arrinconado, a finales de los años 80, como preparativo para imponer el ajuste estructural a la economía.
El gobierno de Gaviria Trujillo (1.990-1.994) inició el plan de ajuste económico, bajo el nombre de apertura comercial, por medio de la cual se aumentaron ganancias a las empresas transnacionales, además de venderles a precios irrisorios el patrimonio público. Acompañado del entierro del Estado como regulador y redistribuidor de la riqueza nacional.
Le quitó la protección al sector rural, con la excusa de beneficiar a los consumidores de los bajos precios del mercado internacional de alimentos y agro insumos.
Hoy Colombia no cuenta con seguridad alimentaria, porque Gaviria Trujillo tomó la decisión de importar alimentos baratos de los Estados Unidos, pero cuando esta potencia subió los precios se comenzó a pagar una comida más costosa.
Modelo económico hecho a la medida de los EEUU
Esta Cumbre de la FAO también llamó a reducir las barreras y las políticas que distorsionan los mercados, que implica un llamado a que los EEUU dejen de subsidiar su producción agrícola, con los 1.000 millones de dólares diarios, como hoy lo hace.
Aún sin un TLC aprobado con Colombia, los EEUU estiman ventas de productos agrícolas a éste país, por 1.500 millones de dólares, que son el 38 por ciento, de los 4.000 previstos en ventas agrícolas a Suramérica. De este modo Colombia seguirá comprando excedentes de producción estadounidense de azúcar, lácteos, arroz, carne de pollo y papa; en vez de incentivar la producción de alimentos en el país.
Lo que si hace el gobierno de Uribe es subsidiar a grandes agro exportadores, sus socios en la guerra sucia, el paramilitarismo y en el despojo de tierras a los campesinos.
El año anterior el PIB agrícola fue de un 2,5 por ciento, que equivale a unos 700 mil millones de pesos, pero lo que esconde el gobierno es que para lograr este resultado invirtió 1.200 miles de millones de pesos en subsidios a los grandes palmeros, azucareros, floricultores y bananeros.
Las mayorías pagan
El gobierno presenta un crecimiento artificial del campo a costa de retrasar el resto de la economía y de colocar a la nación a pagar dichas pérdidas.
El ciudadano del común es quien sufre el alza de los precios de alimentos, que ahora se desvían hacia los agrocombustibles, para remediar la crisis de petróleo que afecta a los EEUU.
En el primer trimestre de este año, subieron en 97 por ciento los precios del aceite comestible.
Mientras en América Latina en 2.007 el precio de los alimentos subió un 6 por ciento, en Colombia subió 8,5 por ciento. Por su parte, el azúcar de consumo masivo -la panela- subió de precio 33 por ciento.
La elite gana con la guerra
Los enclaves agropecuarios destinados a la exportación se convirtieron en lavanderías de capitales mafiosos y paramilitares, en especial la ganadería y el cultivo de palma aceitera.
La generalización de plantaciones de palma aceitera, no solamente han traído la destrucción de selva tropical húmeda, además se ha hecho a partir del desplazamiento de comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes.
Hoy la oligarquía ha logrado producir más de 4 millones de desplazados internos y cerca de 6 millones de exiliados.
De esta manera el régimen actual desocupa el campo y acrecienta los cinturones de miseria en las ciudades, a la vez que expulsa trabajadores baratos hacia otros países, desde donde giran remesas, que ya ascienden a 5 mil millones de dólares anuales, constituyéndose en la primera fuente de divisas para el país.
El economista canadiense Lauchlin Currie, asesor de 5 presidentes colombianos, en su libro El desarrollo económico acelerado explica el siniestro vínculo entre guerra y modelo económico, aplicado por la oligarquía:
“La guerra toma el lugar de un programa económico de movilidad acelerada, no mediante las leyes de la economía sino mediante el choque (…) este es el verdadero rompimiento que garantiza el desarrollo e históricamente es el método más efectivo”.
Un país sin neoliberalismo
Si otros países latinoamericanos están siendo capaces de sacudirse de encima el yugo neoliberal, Colombia también lo logrará.
Si la guerra contra el pueblo, le suministra a la oligarquía una copiosa fuente de riquezas, el deber de la sociedad colombiana, es resolver de raíz el conflicto interno.
Es urgente la protesta y la movilización ciudadana contra la hambruna, para detener a la elite que engorda con el hambre de 30 millones de colombianos.
Esta es la manera de desarrollar un modelo económico y un Estado, que les sirva a las mayorías nacionales.
Solo así será posible lograr los ocho Objetivos del Milenio, acordados en la ONU. ‘El ELN, ha construido una estructura político-militar que irradia todo el país con capacidad operativa, acompañando las expresiones de las luchas sociales, con un mando centralizado, elegido democráticamente, con fundamento ideológico de dignificar la vida y la humanidad y con propuestas de transformaciones en favor de las mayorías. (…) El ELN es una Fuerza Beligerante, que acoge el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de La Haya; que ha planteando concertar una Solución política de paz y justicia social para superar el conflicto colombiano y desde la década del ochenta del siglo pasado, ha insistido en llegar a acuerdos sobre la humanización de la guerra para evitar la barbarie que adelanta el Estado colombiano y como insurgentes corregir errores cometidos.’
Comunicado publicado en: Argenpress
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