En una votación dividida, de seis contra cuatro, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró ayer al gobernador de Puebla, Mario Marín, de las acusaciones en su contra por la violación a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, al señalar que “no se puede afirmar sin controversia alguna que (Marín) tuvo la participación que se le imputa”.
De este modo, el máximo tribunal del país rechazó el dictamen elaborado por el ministro Juan Silva Meza, presidente de la comisión investigadora del caso, en el que quedaba sentado “un concierto grave de autoridades para violar las garantías individuales” de la comunicadora, en el que intervino de manera determinante el titular del Ejecutivo estatal.
La exoneración de Marín se da, en primer lugar, a contracorriente de una opinión pública generalizada que, a más de año y medio de conocer las ignominiosas conversaciones que el mandatario poblano sostuvo con el empresario Kamel Nacif, no ha cesado de condenar y de clamar justicia por una conjura evidente, urdida desde los altos círculos del poder político y económico, para golpear a una periodista. Pero sobre todo, la determinación judicial, por su escandalosa falta de ética y de congruencia, deja inermes ante la impunidad a los ciudadanos del país. Tras reconocer la existencia de un complot para atentar contra Cacho, y tras admitir la autenticidad de las grabaciones referidas, la evidencia fue minimizada por el ministro presidente del organismo, Guillermo Ortiz Mayagoitia, quien aseguró que la periodista fue objeto de “irregularidades menores” y no de violaciones graves, tras lo cual se decidió simplemente no hacer justicia.
El fallo de la Suprema Corte sienta un precedente sumamente preocupante, toda vez que convalida una afrenta contra la vigencia de las garantías individuales y el desconocimiento del más elemental sentido del civismo en el ejercicio del poder; se entrega así un mensaje de que, en lo sucesivo, cualquier funcionario público podrá atropellar los derechos de la ciudadanía –ya sea por voluntad propia o a petición expresa de algún empresario o de otra autoridad– , sin que ello se traduzca en sanciones en su contra, y se deja entrever que la justicia en este país se imparte sólo para quienes tienen dinero o poder mediático y no para el conjunto de la población.
No puede omitirse que la infamia aprobada ayer en el órgano superior de impartición de justicia tiene como telón de fondo el intercambio de apoyos entre el presidente Felipe Calderón, débil de origen por su falta de legitimidad y por los señalamientos de que surgió de un fraude electoral, los cacicazgos priístas estatales y las coordinaciones del Revolucionario Institucional en el Congreso de la Unión. Desde el último año del foxismo, y hasta el presente, la constante ha sido la impunidad para los priístas a cambio de reconocimiento a la administración que arrancó hace precisamente un año como producto de una elección impugnada y cuyos resultados no fueron esclarecidos por el empecinamiento del grupo en el poder.
Por lo demás, hay que señalar que, con la determinación referida, la porción mayoritaria de los magistrados que integran la SCJN renunciaron a la posibilidad de revertir la desconfianza generalizada que los mexicanos sienten respecto de las instituciones de impartición de justicia y que antes bien han concitado un velo de desaprobación hacia la institución. Tal estigma habrá de pesar sobre Salvador Aguirre, Mariano Azuela, Sergio Valls, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez y Margarita Luna, con el agravante para las dos últimas de que, no obstante ser mujeres, evitaron sancionar un grave abuso en el que hubo una manifiesta misoginia y un claro ensañamiento de género, como puede apreciarse en las grabaciones referidas.
Ha de reconocerse, por último, la valía de los magistrados Genaro Góngora, José Ramón Cossío, José de Jesús Gudiño y el propio Juan Silva Meza, quienes hicieron honor a su compromiso con las leyes, no obstante las burlas de sus propios compañeros, y a pesar de no poder impedir un fallo que, en materia de credibilidad institucional, de impartición de justicia y de vigencia del estado de derecho, es sencillamente catastrófico.
* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/30/index.php?section=edito&article=002a1edi
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November 30, 2007 at 2:50 pm
Jesús Aranda: Sepulta la Corte agravios contra Lydia Cacho; Marín, exonerado
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó ayer (por seis votos contra cuatro) que no hubo violación grave a las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho Ribeiro y exoneró al gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, de las acusaciones en su contra.
Los ministros que votaron en favor del dictamen en el que se sostenía que sí hubo violaciones graves a las garantías individuales de Cacho Ribeiro fueron el ponente Juan N. Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cosío. Se pronunciaron en contra el presidente de la Corte, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls, Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Mariano Azuela, así como las dos mujeres que forman parte de ese órgano: Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna Ramos.
Para el ministro Ortiz Mayagoitia la periodista fue objeto de “irregularidades menores” en el proceso penal en su contra, pero “la suma de datos menores” no es suficiente para considerar la existencia de un concierto de autoridades para afectarla.
Un “sí” con convicción
Visiblemente molesto, el ministro ponente, Juan N. Silva Meza, al emitir su voto aseveró que sí está probada la violación grave de las garantías individuales de Cacho.
“Un sí monosilábico, pero que encierra todo el contenido de una convicción plena que tiene sustento en una investigación seria y profesional, realizada por mandato de este tribunal pleno, y que nos lleva a determinar nuevamente la expresión de una convicción que he reiterado en cada uno de mis informes. Tengo la convicción plena de que en un Estado constitucional y democrático de derecho, la impunidad no tiene cabida”.
Después de la votación, Ortiz Mayagoitia propuso a Silva Meza que “engrosara” el documento final, a lo que éste se rehusó.
En cambio, aceptó con gusto elaborar el documento Aguirre Anguiano, quien había desacreditado la ponencia de Silva Meza al afirmar que se basaba en información de Internet, y en la sesión de ayer aseveró que Cacho mintió.
“Reconozco ante todo su derecho de escribir lo que le plazca; reconozco ante todo su derecho a publicar lo que le plazca; reconozco que no podrá haber acciones penales hoy por hoy en contra de ella si calumnia, en el caso de que lo haga, pero lo que no reconozco es su derecho a cambiar las versiones de lo que pasó.”
Aguirre dijo que cuando Cacho llegó a Puebla (después de 20 horas de viaje en un vehículo acompañada sólo por agentes varones), personal de la Comisión de Derechos Humanos de esa entidad le preguntó si había sufrido incomunicación, tortura o presiones de alguna naturaleza, “y consta que dijo que no”. Agregó: “yo no creo en las torturas durante la captura”, y tan se defendió, que “ya fue exculpada de las acusaciones de que fue objeto”.
Ortiz Mayagoitia indicó que si bien la comisión investigadora acreditó “actos indebidos” en el arresto y traslado de la periodista, “éstos constituyendo violaciones a sus garantías individuales no adquieren el calificativo de graves”.
De nada valieron los argumentos de Cossío y Góngora, quienes sostuvieron que se demostró la concertación en “todo el flujo de irregularidades” que rodearon el proceso penal, desde que Kamel Nacif presentó la demanda contra Lydia Cacho por calumnia y difamación, hasta su detención ilegal y traslado a la capital poblana.
Agregaron que las llamadas telefónicas entre colaboradores de Marín y funcionarios de la procuraduría y del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad en momentos clave, hablan también de la confabulación.
Si bien el pleno ratificó en votación previa que la conversación entre Marín Torres y Kamel Nacif (en la que el mandatario poblano señaló que le había dado un “pinche coscorrón” a “esa vieja cabrona” para que entendiera “que en Puebla se respeta la ley y que no hay impunidad”) era sólo una hipótesis y no una prueba, los ministros dijeron que ni Nacif ni Marín desmintieron ante la comisión investigadora la veracidad ni el contenido de la grabación.
Góngora agregó que una teoría jurídica sostiene la responsabilidad por el mando, conforme a la cual los superiores son los arquitectos del sistema, es decir, “son los autores intelectuales de las acciones de sus inferiores”.
Y los principios jurídicos universalmente aceptados le dan gran peso a las llamadas que salieron de la oficina del secretario particular del gobernador. “¿Qué secretario particular actúa motu proprio en un caso tan grave?, ¿qué autoridades superiores de un estado deciden, en un momento determinado, ¡vamos a hacer esto!, sin avisarle al gobernador?”
De los 10 ministros que dictaminaron el caso –Fernando Franco está fuera del país en comisión, según información oficial–, sólo tres aceptaron en su totalidad el informe que responsabilizaba al gobernador poblano: Silva Meza, Góngora Pimentel y Gudiño Pelayo.
Cossío se refirió a la violación grave de garantías individuales y a la concertación de funcionarios, pero por la forma en que se desarrolló la votación no emitió postura sobre quiénes eran responsables.
Sánchez Cordero dijo que Lydia Cacho fue objeto de tortura sicológica durante el trayecto de Cancún a Puebla, pero eso no implicaba violación grave de sus garantías individuales, porque podía defenderse con los mecanismos jurídicos existentes, e hizo un llamado para que las autoridades de Quintana Roo que investigan las redes de pederastia asuman un compromiso “social y político” para que investiguen esos hechos “reprobables”, hasta las últimas consecuencias.
Lo anterior, después de que un día antes la Corte dejó fuera de la discusión del informe lo relativo a explotación sexual infantil.
Luna Ramos y Aguirre Anguiano mantuvieron la postura de que el informe de Silva Meza no podía ser tomado en cuenta porque estaba viciado de origen, al considerar que la conversación de Marín y Kamel fue grabada ilegalmente.
Azuela y Valls admitieron que la conversación debía tomarse en cuenta como base para la indagatoria, pero consideraron que no había elemento alguno que acreditara la violación grave de garantías, postura que en términos generales compartió Ortiz Mayagoitia.
Esta vez, ni Lydia Cacho ni su defensa legal asistieron a la sesión. Sí lo hicieron los abogados de Marín: Alonso Aguilar Zinser y Fabián Aguinaco, y el consejero jurídico del gobierno de Puebla, Ricardo Velásquez Cruz. Quizá éstos ya conocían el desenlace.
* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/30/index.php?section=politica&article=003n1pol
November 30, 2007 at 2:52 pm
Comunicado de prensa
A la opinión pública:
El Gobierno del Estado de Puebla que me honro en representar, expresa su total apego a la resolución emitida por la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión plenaria de este día. Como lo hice hace 20 meses, cuando se inició esta investigación, hoy refrendo mi pleno respeto a sus determinaciones.
Una vez más se confirma que la Honorable Suprema Corte de Justicia, es un órgano garante del control constitucional y promotor de la vigencia del Estado de Derecho en nuestro país. Los mexicanos todos podemos estar confiados y orgullosos de su función.
El respeto a la legalidad es y será siempre el mejor camino para la sana convivencia y la prosperidad de nuestra República.
Invito nuevamente a todos los poblanos a mantener la unidad para seguir construyendo el progreso de nuestro Estado y así contribuir al desarrollo nacional.
Atentamente
H. Puebla de Zaragoza a 29 de noviembre de 2007
Lic. Mario Marín Torres
* http://comunicacionsocial.gob.mx/index.php
December 3, 2007 at 2:26 pm
“No negocié ni con Calderón ni con la Corte mi exoneración”, dice Mario Marín
Martín Hernández Alcántara
Puebla, Pue.
“No hubo acuerdos con nadie. Es completamente absurdo que se pueda pensar en un acuerdo con el señor presidente en esos términos. Antes de las elecciones dijeron que el PRI iba a perder para favorecerme a mí (en el máximo tribunal) y después dijeron que el PRI iba a ganar porque había un acuerdo para favorecerme. La verdad es que quien piense que hubo una acuerdo en ese sentido con el señor presidente o que yo pude manipular una decisión de los señores ministros, está en un absurdo rotundo”.
El llamado góber precioso ofreció el viernes por la mañana una rueda de prensa en la que, a pregunta expresa, manifestó que no guarda rencor a la autora del libro Los demonios del Edén, el poder que protege la pornografía infantil, y que por eso mismo no tiene pensado emprender acciones legales contra ella.
También dijo que cuando tildó a la informadora de “delincuente” lo hizo en apego a la doctrina universal del Derecho, en la cual cualquier “cualquier persona que comete un delito es delincuente”.
En esa lógica, Marín aseguró que recompondrá su relación con los medios locales y editados en la capital del país:
“Yo les comenté en algún momento –manifestó a los reporteros que acudieron a la conferencia– que mientras la Corte no resolviera esta situación, yo no tocaría este tema. Hoy que la Corte ha resuelto estamos en la mejor disposición de reiniciar esa comunicación con los medios locales y nacionales, porque estoy plenamente convencido de la importancia que tiene su función de informar a la ciudadanía de los temas del gobierno. De tal manera que yo, desde luego, reinicio este diálogo con ustedes. Yo espero y deseo que así sea, que sea un diálogo serio, franco, que sea un diálogo honesto, de ética y que podamos compartir”.
“Yo entiendo su trabajo, entiendo que es su función informar y que necesitan ustedes noticias que dar a sus lectores, lo entiendo muy bien. Pero creo que este tema, mientras estaba en investigación en la Corte ahí teníamos que dejarlo. Ahora que a resuelto me abro nuevamente a sus medios, vamos a ver el mecanismo de cómo podemos entendernos mejor, cómo podemos comunicar mejor. A veces no es muy adecuada la entrevista de banqueta, a veces no es muy accesible porque a veces no todos están a donde voy, por ejemplo, a mis giras”, apuntó.
Remató: “No tengo, se los digo sinceramente, no tengo ninguna animadversión contra nadie. No soy una persona de rencores, no soy una gente que se detenga a ver esas situaciones. Soy una gente con mucho optimismo, una gente echada siempre para adelante y yo les pido que así lo hagamos por el bien de Puebla y por el bien de los poblanos”.
El mandatario estatal reconoció que hay sectores de la sociedad poblana que lo repudian, y al respecto expresó: “La única manera de ir, pues… acallando, lo digo en el buen sentido de la palabra, o de ir bajándole a ese, a ese tono de algunas voces inconformes que todavía pudieran existir, bueno, pues es el trabajo, es la unidad, es el llamado a la armonía, creo que ésa será la mejor forma. Yo no entraré, como no lo he hecho en estos 20 meses, no entraré en confrontación, porque no es mi papel ni es mi deseo, yo creo que los poblanos lo que quieren es trabajo, progreso, unidad, desarrollo, de tal manera que yo no caeré en confrontación”.
En seguida expresó: “La gente, los ciudadanos, tienen todo el derecho a seguir expresando sus manifestaciones, así como las de apoyo, otras tal vez no, pero bueno, yo seré siempre respetuoso de esas expresiones. Nunca tendré elementos para poder acallar alguna expresión que no coincida con mi persona o con mi forma de actuar. Así son las democracias, no es propio de Puebla, en todas partes del mundo vemos, hay quien apoya, hay quien no; hay quien está a gusto, hay quien no, pero bueno como gobernador, como hombre público debo estar sujeto a ese tipo de situaciones”.
El mandatario aseguró que el caso “no me quitó el sueño” y que sólo en la capital hubo molestia por el asunto, pues en el resto de los municipios “esto pasó desapercibido, porque la gente quiere progreso, quiere trabajo, no quiere problemas”.
El titular del Poder Ejecutivo poblano insistió en que la mayoría de al sociedad le refrendó su confianza desde antes que su suerte se definiera en la Corte, pues su partido, el Revolucionario Institucional, arrasó en los comicios locales de noviembre pasado, pese a la guerra sucia que contra él desplegó Acción Nacional:
“Los poblanos tienen un juicio muy propio, muy real de las cosas, los poblanos han sabido distinguir este tema y prueba de ello es que en Puebla se respira un ambiente de tranquilidad. Todos los días que salgo al interior de estado encuentro a la gente unida en torno al trabajo, en torno al esfuerzo, encuentro a la gente en otra agenda. La agenda que se hizo en la ciudad de México y en otras partes es muy diferente a la agenda que tienen los poblanos”, expresó.
“Los poblanos quieren progresar, quieren trabajar, quieren saber de buenas noticias y prueba de ello fue la pasada elección. Ya lo hemos comentado en otra ocasión, a pesar de esa serie de propaganda negra, sucia, del Partido Acción Nacional, los poblanos decidieron refrendar su voto a los colores de mi partido y a sus candidatos y el PRI pudo levantarse con una amplia victoria que ya todos conocen. Eso, desde luego habla bien de la realidad que vivimos en Puebla. Yo les puedo asegurar que si los poblanos estuvieran en la agenda de los medios nacionales, sobre todo nacionales, pues los poblanos hubieran optado por otra inclinación, por otro partido, no fue así.
“Pero además de eso, está la tranquilidad social. Todos los días que salgo al estado, desde los primeros meses en que sucedieron estos acontecimientos (sic) siempre me encontré en la gente el respaldo, el apoyo, la confianza y eso ha permitido que a pesar de este efecto mediático, pues no se haya truncado el desarrollo del estado y que los poblanos no hayan perdido la confianza en su gobernador”, manifestó.
–Usted argumenta que los poblanos votaron por su partido y por tanto, han votado por usted. Sin embargo, si hacemos un análisis con mayor claridad nos percataremos de que el 70 por ciento del padrón electoral no votó por el PRI, el margen de que la gente que votó por su partido fue de más o menos el 30 por ciento. ¿Qué lectura le da usted a estos porcentajes? –se le cuestionó.
–Lamentablemente, y lo hemos dicho en otras ocasiones, el fenómeno del abstencionismo es un fenómeno nacional y mundial –contestó–. No está dentro de nuestras atribuciones o facultades, desde luego, obligar a la gente a votar. Desde luego, es un derecho que los ciudadanos ejercen libremente, pero no es privativo de Puebla, eh, ustedes recuerdan que todavía el día de la votación y unos días antes estábamos invitando a la ciudadanía a votar, porque eso enriquece la vida democrática del estado. Sin embargo, ésa es una situación totalmente ajena a nuestra voluntad, no es imputable a nosotros, porque nosotros ni intimidamos la votación, ni prohibimos la votación. Ese es un derecho que los ciudadanos ejercen con plena libertad.
“Pero yo haría todavía una clasificación. Efectivamente en la capital, el fenómeno del abstencionismo se presentó con mayor, pues, realidad, pero en el interior del estado tuvimos una votación mejor, mayor. Yo creo que, como lo he comentado en otras ocasiones, la ciudadanía se interesa en votar cuando tiene buenos candidatos y buenas propuestas, esa es la labor de los partidos. Cuando no se da así, la gente se desentiende y ahí vienen las consecuencias”, finalizó.
* http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2007/12/03/puebla/pol105.php
December 5, 2007 at 2:26 pm
Injusticia en la Suprema Corte
Arnoldo Kraus
¿Qué queda entre las aguas que sepultaron buena parte de Tabasco y la exoneración del gobernador de Puebla, Mario Marín, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)? Queda el México atrapado por la injusticia, el México sin solución y con mínimas esperanzas sobre temas tan críticos como la ética de los funcionarios públicos. Queda también el incremento en el descrédito hacia el gobierno y el repudio hacia sus instituciones.
Mientras que las aguas desvelan mucho de lo que no hicieron los gobernadores y sus secuaces en Tabasco, el fallo, ya desde ahora histórico de la SCJN, al exculpar al gobernador Marín de las acusaciones por la violación de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho muestra el desprecio de la Corte hacia el grueso de la población mexicana.
En el México contemporáneo, la naturaleza y algunos de los encargados de impartir justicia hermanan a la población; ambos actos exponen la brutal desprotección de la sociedad y, en el caso de la periodista, la inutilidad de la razón. El affaire Marín-Cacho-SCJN refleja también otras realidades execrables y temibles que pueden resumirse en las siguientes preguntas: si se exonera a un gobernador, a todas luces responsable ante la opinión pública nacional y mundial de vulnerar los derechos humanos de una periodista, cuyo nombre ha recorrido el planeta, ¿qué le espera a la población innominada y cuáles son las lecciones de esta lamentable decisión?
La enseñanza que deja la conclusión de la SCJN es que en México la justicia es endeble, acomodaticia y magra. Testigos de esa actitud son los millones y millones de innominados, sean las menores cuyos derechos humanos habían sido violentados por Kamel Nacif, el celebérrimo amigo de Mario Marín, los heroicos poblanos que han sido expulsados de sus tierras y desde los restaurantes de Nueva York mantienen a sus familiares ante la inoperancia y la corrupción de sus gobiernos o el resto de los mexicanos transparentes, como los tabasqueños, sepultados por la ineptitud y los hurtos de sus gobernadores.
Para quienes hemos seguido el caso de Lydia Cacho, la lamentable decisión de la SCJN transmite un mensaje muy claro: mientras nos gobiernen quienes nos han gobernado los derechos humanos en México nunca se respetarán. Lo mismo puede decirse de la justicia y de la ética, cuya prioridad es casi nula para las autoridades mexicanas. Es obvio que si a nuestro gobierno no le preocupa exponerse ante el mundo, a pesar de la reputación de Cacho, menos le intranquiliza la suerte de millones de innominados.
La resolución de los magistrados es lamentable por el desdén que implica contra el grueso de la opinión pública; aunque no cuento con estadísticas –no creo que existan–, comprometo mi opinión al afirmar que la mayoría de las personas enteradas del caso Marín-Cacho están convencidas de las terribles amenazas sufridas por la periodista. No sobra recordar que el meollo del asunto es el tráfico de menores con fines sexuales, tema nefando para el cual no existe perdón posible.
A los sinsabores anteriores deben agregarse la vindicación de la impunidad como sino de la “democracia a la mexicana”, la inseguridad de la población acentuada por la decisión de la SCJN y la creciente falta de confianza de la sociedad hacia las instituciones gubernamentales. Todo un ramillete marchito del panorama político y legal del México contemporáneo, cuya suma deviene desesperanza: los mexicanos no contamos con garantías individuales. No sobra recordar que el presidente Calderón condenó a Marín en 2006: “Mi repudio y mi más enérgico rechazo a la actuación del gobernador de Puebla… en el caso de la detención de la periodista Lydia Cacho”.
La decisión de la SCJN alarma. Si bien fue una votación “apretada”, seis contra cuatro, la mayoría de los magistrados consideraron que “no se puede afirmar… que Marín tuvo la participación que se le imputa”. Si bien las grabaciones telefónicas no son un método ético para obtener información, lo que escuchamos en los diálogos, no precisamente platónicos entre Marín y Nacif, aunados al resto de las evidencias demostradas por la periodista, son elementos suficientes para saber que la razón asiste a Cacho y que la resolución de la Corte no sólo es un agravio contra la nación, sino una infamia contra su propia imagen.
Descreer en estructuras supuestamente acreditadas y neutrales es signo ominoso. Con su fallo la Corte abre la puerta para que los Marín, los Nacif y los Succar sigan no sólo reproduciéndose ad nauseam, sino que avala sus acciones y las apoya.
* http://www.jornada.unam.mx/2007/12/05/index.php?section=opinion&article=023a1pol
December 5, 2007 at 2:54 pm
Martín Hernández Alcántara: ONG poblanas reprocharán a la Corte la exoneración de Mario Marín Torres
Fernando Cuéllar Muñoz, presidente del Centro Joel Arriaga, explicó que la anulación del dictamen que corroboró la participación del titular del Ejecutivo poblano en las vejaciones contra la autora de Los demonios del Edén, el poder que protege la pornografía infantil, coloca en vilo al país, generando riesgos insospechados de ingobernabilidad:
“Se envía un mensaje de impunidad muy claro para el crimen organizado. No se puede decir menos con las 2 mil 700 ejecuciones que se han registrado en México. Ahora hay carta abierta para los violentos y en la idea del imaginario colectivo está claro que la autoridad no funcionan y que cualquiera puede gobernar con una pistola 45 sobre el escritorio”.
El centro está consensando con otras asociaciones los términos de una misiva que remitirán de manera conjunta al máximo tribunal del país. Pero Cuéllar adelantó que también le tomarán la palabra a Marín Torres, quien el viernes pasado, durante el informe de labores del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado, Manuel Cándido Flores, dijo que las garantías universales son prioridad en la agenda política de su administración.
En esa lógica, el presidente del Centro Joel Arriaga Navarro adelantó que exigirán audiencia con el mandatario para plantearle temas de suma urgencia, entre ellos la tortura de ciudadanos a manos de elementos de la Policía Judicial, el pésimo funcionamiento del Ministerio Público, el comportamiento de ediles violentos y el caso de violaciones a los derechos de ciudadanos en Atempan.
El activista agregó que, en su opinión, la actuación de la Corte ha contribuido a la descomposición del tejido social y a la polarización, problemas que serán difíciles de resolver.
Al preguntarle sobre el comportamiento que espera de Marín en lo que resta del sexenio: “Hay un engallamiento, una tendencia a endurecer ciertas posiciones. Esto sucede siempre con la clase política, que defiende sus intereses particulares”. Y de la conducta de los medios locales que suprimieron el caso durante mucho tiempo y sólo lo dieron a conocer cuando el llamado góber precioso fue exonerado, comentó: “En la desgracia nadie se le quería acercar (al gobernador) y ahora todos lo buscan y lo quieren. Creo que la mayoría de los medios se comportaron de manera muy parcial.
Por su parte, Eduardo Almeida, del Nodo de Derechos Humanos, expresó:
“Hay un sentimiento muy generalizado de indignación. La sociedad ha sentido esto como un insulto y un agravio. Un insulto, por lo que Marín hizo en contra de Lydia Cacho y porque ni siquiera fue capaz de pedir una disculpa, sino que asumió y ha asumido todo este tiempo una postura arrogante, asumiéndose él y sus colaboradores como hombres de una alta estatura moral. De esa forma lo único que están haciendo es reforzar la indignación”.
“Pero también fue un agravio –añadió el joven activista– porque la gente tenía una esperanza, aunque fuera mínima de que en este caso se aplicara por fin la justicia y no fue así. Esto viene a acentuar la indignación en la gente que vive en la pobreza, en la marginación política y económica, que padece día a día represión de grupos caciquiles al amparo de la impunidad”.
Desde su perspectiva, los ministros que defendieron la causa marinista “optaron por una salida política fácil, que abona a esa desconfianza hacia las instituciones y que deja muy revelada la hipótesis sobre los posibles arreglos del góber precioso y Felipe Calderón, que cuestiona la supuesta independencia de la SCJN y esta duda jamás será despejada y trasciende el ámbito nacional y cualquier punto de vista, como ha sido reflejado, por ejemplo, en el New York Times y organizaciones no gubernamentales que no son de izquierda, y mucho menos pueden calificarse como radicales”.
Almeida Sánchez apuntó hacia otra cuestión que ha sido develada a partir de que Marín fue librado de culpa por el máximo tribunal del país:
“A las instancias de poder les importa poco si existe descontento social, si la gente reclama justicia y respeto a la dignidad. Por ejemplo tenemos a los líderes de la Iniciativa Privada, que hablan de estabilidad, de seguir adelante, de cerrar capítulos; el PRI que no se cansa de jactarse de su carro completo y que prácticamente desafió al Estado de Derecho desde antes de que se conociera la decisión de la Corte, pues se declaraba que independientemente de lo que sucediera aquí se iba a definir todo, es decir, aquí se le iba a dar impunidad a Mario Marín”.
El representante del Nodo coincidió con Cuéllar, en que el comportamiento de buena parte de los medios de comunicación local en este caso ha dejado mucho que desear; “porque como dicen algunos periodistas: ‘Noticia es todo lo que el director quiere publicar’, y parece que en este asunto, muchos directores, muchos dueños, empresarios de los medios, omitieron el tema, pese a ser de vital importancia para la opinión pública”.
Brahim Zamora, coordinador de la Red Democracia y Sexualidad Puebla, manifestó: “Me parece que el fallo de la Corte muestra el deplorable estado de las instituciones de este país. Paco Taibo II decía en Guadalajara que este país se va a calentar y desgraciadamente las puertas institucionales se van cerrando una a una. Cada puerta que se cierra le echa más leña a la hoguera del descontento”.
“Como ciudadano, como ciudadano feminista que trabaja por los derechos sexuales y reproductivos, me indigna que los votos de las dos ministras hayan sido a favor del que le hace favores al amigo del pederasta, a favor del que da coscorrones a viejas cabronas. Me ofende muchísimo que dos mujeres hayan votado contra los derechos de otra. Ese es el Estado de Derecho en este país. Hoy platicaba con un taxista sobre el hecho, fue muy elocuente, lo que me dijo fue: ‘El otro nombre de la democracia es dinero. Nos abandonaron mi joven’. Pero sigo teniendo confianza en la gente, después del pasmo, los resortes de la indignación se volverán a activar”.
* http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2007/12/05/puebla/pol103.php
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