El gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, es responsable de encabezar el “concierto de autoridades, las inconsistencias, contradicciones y falsedades” en las declaraciones de los funcionarios que intervinieron en la violación grave de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho, señaló el ministro instructor Juan N. Silva Mesa, al iniciarse ayer la discusión sobre este asunto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Silva señaló que las acciones fueron concretadas por instrucciones u órdenes de Marín Torres para dar satisfacción a la venganza del empresario textil Kamel Nacif.
Responsabilizó al gobernador poblano de la existencia de irregularidades, alteraciones, falsedades, sustracción de evidencias, cambio de personal, desaparición de áreas, intervención de particulares “en todas las etapas de proceso legal” radicado en Puebla contra la periodista.
Por su parte, Genaro Góngora Pimentel evidenció la conducta de Marín durante la pesquisa, al ser el único que compareció por escrito, que se negó a responder verbalmente y que cuando fue requerido por Silva para que se condujera con verdad durante su comparecencia, el gobernador al verse “acorralado” contestó “con un poco categórico ‘desde luego’”, evadiendo así la solemnidad que debería tener su respuesta, pues de ésta depende ser responsable de declarar “con falsedad”.
A diferencia del ministro instructor, quien dijo que la conversación entre Marín y el empresario Kamel Nacif, en la que éste prometió una “botella bellísima” a Marín por haber dado un “coscorrón” a la periodista, no había sido considerada como prueba de culpabilidad del funcionario, sino como base para la hipótesis de la acción concertada, Góngora convalidó el uso de dicha conversación para inculpar al poblano de violar los principios democráticos de federalismo, división de poderes e independencia judicial.
Sostuvo que la autora del libro Los demonios del Edén fue torturada sicológicamente durante el trayecto de 20 horas, desde su detención ilegal en Cancún, Quintana Roo, hasta la ciudad de Puebla.
Góngora inició su intervención con una “pequeña historia”: leyó completa la transcripción de la conversación entre Marín y Kamel Nacif, reproduciendo cada palabra del lenguaje soez de ambos personajes.
“No cito autor ni título de esta historia, porque es del dominio popular, todo México la conoce. Es más, muchos celulares no suenan con timbres o campanitas, sino con esta conversación.” Y en alusión a sus compañeros que no comparten su opinión, añadió: “Todos escucharon esa conversación, pero algunos opinan que nosotros tenemos que taparnos los oídos ante esa evidencia”.
Reivindicó el derecho a la verdad y criticó la intención de Marín de provocar “un efecto amedrentador” contra la libertad de expresión para acallar la información de interés público, como son las redes de pederastia.
“¿Cuántos periodistas se abstendrán de publicar libros por temor a una represalia como la que sufrió Lydia Cacho, máxime viendo que a casi dos años de los sucesos los responsables siguen impunes?, es algo que nunca sabremos y por ello es una tragedia para la libertad de expresión.”
Silva asentó en su dictamen, cuyo contenido adelantó este diario el miércoles pasado, que el Congreso de la Unión es competente para actuar en el caso Marín (sobre la procedencia del juicio político en su contra); las legislaturas de Puebla y Quintana Roo; el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Puebla; el Ministerio Público de Puebla y el de Quintana Roo, la Procuraduría General de la República y las procuradurías de los estados para abordar el asunto de la existencia de redes de pederastia, y los poderes ejecutivos federal y estatales.
En amplia exposición inicial, detalló las razones por las que determinó la responsabilidad del gobernador poblano. Apuntó que “se identificaron claramente las irregularidades” en la averiguación previa de la demanda que Kamel Nacif interpuso contra Lydia Cacho por los delitos de calumnia y difamación por la publicación del libro de la periodista sobre las redes de pederastia; la doble radicación y trámite en el juzgado penal, la ejecución de la orden de aprehensión y el recurso de reclamación de la periodista ante el Tribunal Superior de Justicia de Puebla.
Dejó claro que en la investigación que encabezó “se hizo uso de todos, sí, de todos los medios legales a su alcance” para realizar la indagatoria; además de la declaración de 117 personas y la revisión de expedientes.
Los hechos, subrayó, demuestran la hipótesis a verificar en el sentido de que las acciones fueron llevadas a cabo por instrucciones u órdenes del Ejecutivo poblano, para dar satisfacción a la venganza de Kamel Nacif, quien se sintió agraviado por la publicación del libro citado. Todo se hizo “para vulnerar los derechos de la indiciada, a fin de beneficiar al querellante, amigo del gobernador del estado de Puebla”.
Puso énfasis en las contradicciones en que incurrieron los funcionarios involucrados ante la Comisión Investigadora, aspectos “plenamente demostrados en el curso de la investigación”, que tuvieron el propósito de encubrir, ocultar, desviar y obstaculizar la pesquisa ordenada por la Corte.
Lo anterior corrobora la hipótesis a verificar, derivada de la conocida conversación voluntaria, cuya veracidad no fue puesta en duda por Marín. Concretamente en la frase de Marín: “ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón” a Cacho Ribeiro, y la expresión de Nacif: “yo te hablé para darte las gracias, de lo que hiciste”.
Respecto de los telefonemas entre subalternos de Marín con personal de la procuraduría y del tribunal de Puebla, antes y después de momentos clave para el caso de la periodista, Silva dijo que “no se explica por qué algunos funcionarios negaron haber tenido esas conversaciones”, siendo que las empresas de telecomunicaciones confirmaron la existencia de las mismas.
En cuanto a la pederastia, el documento que leyó Silva Meza advierte que lo relevado en el libro en cuestión, “sólo es una mínima parte de los abusos que sufren menores de edad en el país”, y que la pederastia y la explotación infantil son “un grave problema que motiva a actuar y responder”.
Sostuvo que, pese a la insistencia del pleno de que se le concediera la garantía de “audiencia” a Marín y a los otros 18 funcionarios responsables de la violación de garantías, éstos en sus alegatos no desvirtuaron los señalamientos en su contra. Lo que ratificó el sentido de su informe del 26 de junio pasado, que fue rechazado por la mayoría, porque a los funcionarios involucrados no se les habían respetado sus derechos constitucionales.
Tras las intervenciones de Góngora y Silva, ayer en la Corte había incertidumbre sobre el sentido del voto de los otros ministros, aunque para muchos se antoja difícil que el pleno adopte una decisión que sería histórica contra la impunidad. La sesión continúa hoy.
* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/27/index.php?section=politica&article=008n1pol
3 Comments
November 27, 2007 at 1:50 pm
Principales implicados
Principales funcionarios involucrados en la violación grave de las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho:
Mario Plutarco Marín Torres, gobernador de Puebla; Javier López Zavala, ex secretario de Gobernación de Puebla; Ricardo Velásquez Cruz, consejero jurídico; Carlos Escobar Moreno, ex secretario privado del gobernador; Mario Édgar Tepox Pérez, coordinador de la agenda del gobernador; Rómulo Salvador Arredondo Gutiérrez, secretario de Comunicaciones y Transportes; Blanca Laura Villeda Ayala, procuradora de Puebla; Ivonne Archundia Sierra, subprocuradora de Averiguaciones Previas; Hugo Adolfo Karam Beltrán, ex director de la Policía Judicial de Puebla; Guillermo Pacheco Pulido, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla; Fernando García Rosas, Gerardo Manuel Villar Borja y Juan José Barrientos Granda, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Puebla; Rosa Celia Pérez González, juez quinto penal con sede en Puebla, y Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, procurador de Quintana Roo.
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/27/index.php?section=politica&article=008n1pol
November 27, 2007 at 1:52 pm
Martín Hernández Alcántara: El góber precioso minimiza el tema
Puebla, Pue., 26 de noviembre. El gobernador Mario Marín minimizó la determinación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda tomar en su contra sobre el dictamen elaborado por el ministro Juan N. Silva Meza, el cual confirma que participó en una conjura en perjuicio de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
Cuando la respectiva sesión de la SCJN estaba en curso, el mandatario fue entrevistado al salir del Centro de Convenciones local, donde se entrevistó con ediles electos.
–En el dictamen de Silva se corrobora que usted es responsable de las violaciones a las garantías de Lydia Cacho –se le dijo.
–Los ayuntamientos son lo más importante en este momento, lo otro no tiene prioridad, lo más importante es la reunión con los alcaldes electos, y en eso estamos.
En contraste con su implicación en abusos contra Cacho, dijo en su discurso ante los próximos munícipes: “Los exhorto para que cuiden su imagen, para que sean ejemplo de rectitud, de cordialidad y respeto hacia sus colaboradores. A mantener siempre la disposición para identificar los problemas y resolverlos con los mejores procedimientos. No permitan que una situación conflictiva crezca y se convierta en problema político y que nos rebase. Para eso debemos mantener plena coordinación”
* La Jornada de Oriente
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/27/index.php?section=politica&article=008n2pol
November 28, 2007 at 5:03 pm
Jesús Aranda: Rasura la Corte el dictamen final del caso Lydia Cacho
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminó del dictamen final sobre el caso Lydia Cacho Ribeiro lo relativo a abuso sexual, redes de pederastia y pornografía infantil, al considerar que este asunto no tiene que ver con la investigación acerca de la concertación de autoridades encabezada por el gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres, para violentar las garantías individuales de la periodista.
Por seis votos contra cuatro, ayer los ministros dejaron de lado la tesis del resolutivo elaborado por Juan N. Silva Meza acerca de que las acciones orquestadas por el gobernador poblano en agravio de Cacho Ribeiro se originaron a partir de la publicación del libro Los demonios del Edén, en el cual la periodista denuncia la existencia de redes de pederastia, lo que motivó el enojo de Kamel Nacif, quien contó con el apoyo de Marín Torres para violentar los derechos de la escritora.
Con esta decisión, el pleno de la Corte se abocará exclusivamente a determinar si el mandatario poblano encabezó la confabulación de autoridades de Puebla y Quintana Roo en perjuicio de Lydia Cacho.
De acuerdo con fuentes consultadas, en la etapa final del debate hay paridad de fuerzas entre quienes apoyan el dictamen y los que avalan la inocencia de Marín. Se dice inclusive que el voto de la diferencia sería el del ministro presidente.
Por el momento hay tres votos abiertamente en favor de declarar responsable al gobernador poblano: los de Silva, Genaro Góngora Pimentel y José de Jesús Gudiño Pelayo; mientras Sergio Aguirre y Mariano Azuela han dejado constancia de su postura en contra.
En el segundo día de debate las posturas se dividieron. Sergio Salvador Aguirre Anguiano se destacó como escudero en la defensa de Marín Torres al descalificar en repetidas intervenciones todos y cada uno de los elementos del dictamen que afectaban al funcionario.
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls y Mariano Azuela consideraron que el tema de la explotación sexual infantil no está directamente vinculado con el dictamen.
Ni siquiera aceptaron la propuesta de José Ramón Cossío de que la Corte aprobara un exhorto a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, federal y estatales, para que en el ámbito de su competencia establecieran y rehabilitaran las instituciones de salud, de esparcimiento y ayuda física para menores víctimas de abuso.
Dijo que la investigación aporta documentación suficiente sobre el tema y que “ningún daño hace recordarnos, entre todas las instituciones públicas y privadas del país, lo grave que está siendo esta situación”; exhortemos, ya cada quien verá qué peso le da a nuestra exhortación, “esto no va en desdoro de la Corte, sino de quien no la obedece o quien no actúa ante un llamado…”.
Silva Meza planteó en su documento que la comisión a su cargo incluyó diligencias con menores víctimas de abuso sexual, quienes ofrecieron, en presencia de sus abogados, sicólogos y sus madres, testimonios que respaldan su indagatoria. “Esto revela un problema grave, cada una de estas informaciones está perfectamente relacionada, en tanto que éste era el problema, que de ser cierto podría constituir un problema de Estado.
“No se trata de que sean 5 mil (los abusos contra menores), uno es mucho, y nos cumple decirlo aquí, porque si tuvieran la oportunidad de oír las declaraciones de las menores, después de ver y oír eso: uno es mucho.”
Cuestionó que todo el trabajo de la comisión sobre la explotación sexual infantil quedara en la nada, y puntualizó: “(la decisión) la acataré, la que sea, la convicción está en el dictamen”.
En tanto, Góngora Pimentel hizo un infructuoso llamado a la mayoría para que entendiera que “no hay razones bastantes para que un juzgador se convierta en un autómata, obligado a seguir el camino indicado por las partes, cerrando los ojos a la realidad de las cosas, cuando esto afecta de modo directo el interés público”.
Aguirre Anguiano intentó demeritar la actuación de la comisión al señalar que los datos aportados sobre pederastia fueron obtenidos de Internet, y que la existencia de más de 9 mil demandas de abuso sexual contra menores no reflejaban un “problema de Estado”. Para mí, agregó, el dictamen sobre pederastia “es un parche mal pegado”.
Al final, sólo Olga Sánchez Cordero, Cossío y Góngora apoyaron que el tema de la pederastia formara parte del dictamen, votación que fue recibida con júbilo por la defensa legal de Marín: Fabián Aguinaco (hijo del ex presidente de la Corte, José Vicente Aguinaco Alemán) y Alberto Zinser, quienes al igual que Lydia Cacho estuvieron presentes en la sesión.
Una vez votado este asunto, los ministros iniciaron la discusión sobre la validez de las pruebas que forman parte del proyecto: la conversación telefónica entre Marín y Kamel Nacif; la intervención de teléfonos de funcionarios poblanos ordenada por la comisión investigadora, y la validez del registro de llamadas entre la oficina de Marín y los funcionarios involucrados en la acción concertada, proporcionado por las compañías telefónicas.
Para no variar su postura, Aguirre Anguiano descalificó todas las pruebas.
En cuanto a la conversación entre Marín y Kamel Nacif publicada inicialmente en este diario, la importancia radica en que al haber sido obtenida de manera ilícita, no tendría valor probatorio, aunque el dictamen especifica que dicha plática fue considerada únicamente como “hipótesis a confirmar”; la intervención telefónica realmente no tiene relevancia porque no aportó ninguna prueba, y el registro de llamadas parece que no enfrentará mayor problema.
* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/28/index.php?section=politica&article=003n1pol
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