Lamento no poder limitar mi escrito a la expresión de solidaridad por el desastre que sufren los tabasqueños; no puedo dejar pasar la intención de que sea la filantropía quien se aboque al restablecimiento de la normalidad y la recuperación por los daños sufridos. Acepto que el siniestro obedeció, en parte, a causas de orden natural de carácter meteorológico y climático, pero también de orden político por el modelo depredador que produce resultados como los registrados en Tabasco. Sin dejar de manifestar mi solidaridad con los damnificados y hacer la aportación que mis posibilidades permiten, quiero también compartir el sentimiento de agravio y el coraje por la parte humana de las causas del siniestro. Me refiero a dos grandes rubros de causas; uno referido a la no conclusión del plan hidráulico y, el otro, relacionado con la criminal operación del sistema hidroeléctrico. Veamos.
La cuenca del río Usumacinta, que abarca el norte de Chiapas y la totalidad de Tabasco, constituye una de las más ricas reservas de agua del mundo, capaz de generar energía limpia, producción agropecuaria y justicia social. El plan hidráulico contempló la construcción del sistema de presas de propósito múltiple: generación hidroeléctrica, regulación de las avenidas para la protección contra las inundaciones y aprovechamiento de los excedentes, incluida la construcción de infraestructura de transporte fluvial, todo en el marco de un proyecto integral. El primer propósito se cumplió a cabalidad con las plantas generadoras de Mal Paso, Chicoacén, Angostura y Peñitas, cuya operación también contribuye parcialmente a la regulación de avenidas; lo que quedó pendiente fue el aprovechamiento de los excedentes, lo que hace que el agua, una vez que generó electricidad en su descenso, corra hacia el mar por los ríos de Tabasco sin mayor utilización. El Ing. Leandro Rovirosa, que fue Gobernador de Tabasco y, antes, Secretario de Recursos Hidráulicos, planteó la construcción de un canal intracostero para la derivación del excedente hidráulico que, además de eliminar las inundaciones, crearía un medio de transporte de muy bajo costo susceptible de conectarse hacia Veracruz y Campeche. El proyecto mereció una poco disimulada carcajada para desecharlo y negarle recursos presupuestales, seguramente alentada por el poderoso pulpo camionero y sus patrocinadores de la industria automotriz gringa (léase el mismo libro del transporte ferrocarrilero). Al faltar este tramo del plan, la capacidad regulatoria de los embalses tiene un límite que, al ser rebasado, genera desastres como los que hoy se sufren. En pocas palabras, la región aporta una gran riqueza al país, pero se le niegan los recursos para su aprovechamiento.
El segundo rubro, que califico de verdaderamente criminal, se refiere a la operación del sistema hidroeléctrico. Para no caer en la tentación de irme de oídas, consulté la página de Internet de la Secretaría de Energía, donde encontré la estadística de generación de electricidad en todas sus modalidades. De esta información oficial destaco las siguientes cifras: en el año 2000 las plantas hidroeléctricas generaron 33,075 gwh (gigawatts-hora), cifra que se redujo a 19,753 gwh en 2003; en el mismo lapso la generación por vía termoeléctrica pasó de 125,525 a 117,722 gwh, en tanto que los PEE (productores externos de energía) pasaron de 1,295 a 31,645 gwh en el mismo plazo. De 2004 a 2006 se observa una recuperación de la generación hidroeléctrica hasta 30,305 gwh y una nueva reducción de 13% en los primeros 9 meses de 2007; en tanto que la termoeléctrica continuó su descenso hasta 98,308 gwh y la particular su ascenso hasta 59,428 gwh. Lo que estas cifras dicen claramente es que, por decisión política, la generación de la CFE, incluida la hidroeléctrica que es limpia y de bajo costo, se redujo para dar lugar a la de las empresas particulares, que emplea gas importado y es contribuyente al calentamiento global, lo que es una forma explícita de entrega del patrimonio nacional al extranjero. Pero lo más grave del caso, en lo tocante a la inundación tabasqueña, es que al reducirse la generación en el sistema de presas, particularmente la de La Peñita, se registró una sobre acumulación de agua que obligó a la apertura de las compuertas en paralelo al torrencial aguacero, lo que aportó varios metros al nivel del agua en la planicie; se aduce con razón de que, de no haberlo hecho, el riesgo de ruptura de la presa multiplicaría el desastre, pero no se dice que si se hubiese mantenido el ritmo de aprovechamiento eléctrico (turbinación) durante el año, no se habría registrado la excesiva acumulación.
A la luz de la información oficial me queda claro, espero que también a usted, que lo que hoy sufren mis paisanos tabasqueños no es cosa del cambio climático o designio de la naturaleza, sino que se trata de acciones criminales del gobierno neoliberal. Con absoluta desvergüenza el espurio Calderón convoca a la filantropía para rescatar a los damnificados, pide no ver el pasado y no politizar el asunto, como si tratara de un juego de canicas o de un Teletón para construir una falsa imagen de generosidad para quienes medran con la entrega del país. No, de ninguna manera es por ahí la cosa. Se trata de delitos de lesa humanidad, que no admiten perdón ni encubrimientos filantrópicos, sino el más ejemplar castigo.
Recomiendo aportar solidariamente por conducto de la Convención Nacional Democrática y respaldar a Andrés Manuel para provocar la movilización del pueblo tabasqueño ante el agravio.
* © Argenpress
* http://www.argenpress.info/nota.asp?num=049068&Parte=0
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November 10, 2007 at 4:13 pm
Claudia Herrera Beltrán: Calderón, Granier y Sabines se dejan consentir por damnificados de inundaciones
Villahermosa, Tab., 9 de noviembre. Al bajar las aguas en Tabasco y Chiapas, el presidente Felipe Calderón y los gobernadores de estas entidades se dejaron consentir por los damnificados. Como si estuvieran en mítines proselitistas, en los albergues que visitaron hallaron filas de desamparados que lanzaron porras, aplausos y agradecimientos tras recibir bolsas de despensas de manos de los funcionarios públicos.
Hoy esta historia se repitió en cuatro municipios. Calderón, en medio de todo ello, pidió hacer de la solidaridad a Tabasco una expresión de humanidad y “no un botín político”, aunado al anuncio de que destinará mil millones de pesos para la reconstrucción de Chiapas y la reubicación y concentración de comunidades, dado que “no es posible” atender a tantos pobladores dispersos.
A dos semanas de que se presentaron las inundaciones en esta zona del sureste, los ríos están regresando a su cauce, pero lejos de resolverse los problemas, lo peor está emergiendo. Ahora lo que pide la gente no es comida ni un albergue donde dormir, sino casas, escuelas, mobiliario, empleo, dinero para reponer sus cultivos.
La gira comenzó en tierras tabasqueñas. Además de los integrantes del gabinete, acudió el empresario Roberto González Barrera, dueño de Maseca, quien aprovechó para anunciar una donación adicional de 50 millones al Fondo Tabasco. Y en Ixhuatán, Chiapas, el embajador de Estados Unidos en México, Antonio Garza y su esposa, la multimillonaria Mariasunción Aramburuzabala, saludaron al Presidente mientras acompañaban a directivos de la Cruz Roja estadunidense.
En un hangar del aeropuerto de Villahermosa, las autoridades federales y del estado ofrecieron un diagnóstico bastante más alentador del que dieron en días anteriores: la gente comienza a regresar a sus casas, no hay epidemias sanitarias y el ciclo escolar, según indicó la secretaria de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, no se perderá gracias a un esquema flexible de recuperación de clases.
Lejos de la postura crítica que expresó en días anteriores, el gobernador tabasqueño, Andrés Granier, auguró “mejores tiempos” y prometió la creación de un Consejo de Reconstrucción que vigilará el uso del fondo de apoyo.
Aunque el propio Calderón reconoció que falta hacer más eficiente la distribución de la ayuda y minutos antes regañó al secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, porque cuando le preguntó si se podía fumigar la entidad otra vez si se registran más lluvias, el titular de Salud respondió tajante: “Sí, nada más que todo el procedimiento cuesta 27 millones de pesos”.
La respuesta del Presidente no se hizo esperar, pues instruyó a Córdova a que “simplemente esté atento a la posibilidad de lluvia” y que no escatime esfuerzos por esta situación presupuestal.
En un nuevo mensaje político, insistió que no hay espacios para oportunismos partidistas o de grupo. “Debemos usar esos recursos (la ayuda) de manera responsable, de manera eficiente, honesta, desinteresada e imparcial, hacer de esto una expresión de humanidad y no un botín político de la ayuda en Tabasco”.
Y de ahí, luego emprendió su periplo por municipios de Tabasco y Chiapas. Rodeados siempre de enjambres de fotógrafos y de camarógrafos, Calderón, Granier, y en su momento el mandatario chiapaneco, Juan Sabines, posaron junto a los damnificados, a quienes les ofrecieron toda clase de ayuda y les entregaron despensas.
Un ejemplo de esto se dio en el Centro Deportivo Méndez de Atasta en Villahermosa, donde el mandatario fue recibido con gritos de “¡Felipe, Felipe!”, y la gente se avalanzó hacia él para agradecerle la ayuda que habían recibido.
Aunque por un momento, el gesto de Granier se tornó más serio que de costumbre y en el teléfono dio órdenes precisas para que sus colaboradores evitaran que los damnificados recibieran doble despensa en su casa de la Quinta Grijalva: “Solamente marquen los dedos gordos de la mano derecha para que sepan que mañana no se les da”, exclamó.
En Tacotalpa, Tabasco, también hubo una gritería cuando aparecieron los funcionarios: “Se ve, se siente, Andrés está presente”, se escuchó, y de inmediato el secretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña levantó la ceja. Pero luego sonrió porque la porra no era para el perredista, Andrés Manuel López Obrador, sino para Granier.
Pero en los municipios chiapanecos de Ixhuatán y de Berriozábal, los recorridos por los albergues fueron más allá. Tras las vallas metálicas, la gente tenía ensayadas las porras y las coreaba al paso de las autoridades que después dedicaron hasta media hora a la entrega de víveres y el saludo de los damnificados.
Lo anterior no ocultó la otra cara de la tragedia registrada en el sureste. Como las aguas bajaron, el desastre apareció en toda su dimensión. En Tacotalpa, los campesinos denunciaban la pérdida de sus cosechas ante un desesperado secretario de Agricultura, Alberto Cárdenas, quien se acercaba a ofrecerles que pronto habrá un programa para ellos.
En la escuela José María Morelos todo está destrozado: los mesabancos enterrados en el lodo, el equipo de Enciclomedia quedó inservible y la biblioteca también. Eso hizo que el director de la Comisión Nacional de Agua, José Luis Luegue Tamargo, reconociera que todavía falta lo más difícil: dar techo y empleo a gente que lo perdió todo.
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/10/index.php?section=sociedad&article=034n1soc
November 24, 2007 at 3:13 pm
Enrique Calderón A.: Hacia la parálisis nacional
Mucho se ha escrito sobre las tragedias ocurridas recientemente en Chiapas y Tabasco, con enormes pérdidas en vidas humanas y en el patrimonio de sus habitantes. En un buen número de escritos y entrevistas se han denunciado actitudes de irresponsabilidad y decisiones equivocadas de parte de autoridades federales y estatales, e incluso de comisiones legislativas incapaces de entender las dimensiones de los grandes desafíos nacionales.
Es probable que en ello haya algo de cierto, sin embargo creo que el principal problema está en otra parte, y que si estoy en lo correcto, vale la pena empezar a pensar en ello, porque sus efectos y consecuencias alcanzan a todo el gobierno federal, a los gobiernos estatales y a las administraciones municipales. Me refiero a la llamada “normatividad gubernamental”.
El concepto es interesante y está basado en suponer que los funcionarios son ineptos o corruptos por definición, y a veces las dos cosas, por lo que se les deben cuidar la manos, para evitar que hagan cosas impropias, en contubernio con empresarios voraces. Para instrumentar la normatividad y vigilar su cumplimiento, se han creado diversas contralorías y oficinas de la función pública, cuyo principal objetivo es justificar su propia existencia, generando trámites por demás ingeniosos y divertidos que sirven sólo para mostrar el nivel de imaginación y creatividad de quienes dirigen y operan esas oficinas.
Algunas historias que conozco y que pongo aquí a manera de ejemplos en torno a la normatividad podrían ser las siguientes:
Durante la construcción de la presa de Chicoasén en Chiapas, la CFE empleaba a unos 15 mil trabajadores, a los cuales se les debía pagar cada semana en función de lo que habían hecho la semana anterior, y su pago debía incluir los diversos descuentos del caso. Para realizar esta actividad, la CFE contaba con un grupo de contadores que trabajaban recolectando los formatos provenientes de cientos de cuadrillas de trabajo. Los formatos recolectados eran ordenados y enviados en un avión de la empresa a la ciudad de México, para su procesamiento en una gran computadora central, la cual era dedicada exclusivamente para hacer esa nómina, al menos dos días de cada semana. Durante el tiempo de proceso, el avión utilizado para transportar la nómina debía permanecer en espera. El costo que la empresa tenía que pagar por el proceso de esta nómina era absurdamente alto.
La solución evidente era comprar una computadora más pequeña e instalarla en las mismas oficinas que la CFE tenía en Tuxtla. Su costo completo se podía justificar en dos o tres semanas de uso, comparándolo con lo que costaban la operación, el avión y el uso de la gran computadora central; sin embargo, la computadora para la presa principal del Sistema Grijalva nunca se compró, por razones políticas encubiertas en la normatividad, incrementando sensiblemente su costo de construcción. La Dirección de Política Informática puso toda su imaginación para impedir la compra del equipo, y ya se podrían haber muerto trabajadores y pobladores de la región, las normas iban primero.
El Metro de la ciudad de México tiene permanentemente problemas de refacciones de todo tipo para garantizar el funcionamiento y la seguridad de sus trenes, porque existe una norma que dice que no se pueden comprar piezas, refacciones o materiales consumibles mientras no se hayan agotado sus existencias en el almacén de la organización, sólo que en el caso del Metro la entrega de algunas componentes por parte de los proveedores puede tomar varios meses. A esto se debe agregar que por sus dimensiones, el Metro no puede estar comprando las refacciones de una en una, como lo hacen los negocios pequeños, sino licitar enormes lotes de ellas.
Resolver este problema ha sido siempre una de las grandes dificultades del Metro. Las fallas que todos conocemos, y que afortunadamente hasta hoy no han generado una tragedia, tienen su origen en esta normatividad, que los directivos de la empresa tienen que resolver con base en mañas y con el riego de enfrentar responsabilidades administrativas y penales por su incumplimiento. También aquí las normas administrativas están por arriba de la seguridad de los pasajeros y de la integridad de los equipos operados.
Aunque no conozco el caso de la Comisión Federal de Electricidad, me atrevo a pensar que una buena parte de los problemas que la empresa enfrenta tienen su origen en la normatividad presupuestal, y que muchos de ellos seguramente resultan risibles.
Cerca del poblado de Huamantla, en el estado de Tlaxcala, existe un puente cuya construcción podría haberse realizado en tres meses pero ha requerido más de un año y aún no se concluye; sin embargo, la empresa constructora ya movió sus equipos y trabajadores para iniciar otro puente en un punto cercano.
La curiosidad me llevó a indagar qué pasaba; la respuesta era simple, el dinero para el puente sin terminar se había agotado y había que esperar a la llegada del nuevo presupuesto para su conclusión, no obstante que el faltante se reducía a unos cuantos metros de encarpetamiento, y el segundo puente sí tenía un presupuesto por ejercer. La constructora había buscado en vano la forma de concluir el proyecto, pero fue imposible. El resultado neto de la normatividad es que las obras se puedan quedar inconclusas y no servir para nada, pero lo que sí no se puede es transferir recursos de una obra a otra sin que algún especialista o auditor de la función pública repruebe el ejercicio de los recursos faltantes, por pequeños que sean.
Lo que más me llama la atención es que no obstante las supuestas normas de transparencia y los candados que por todas partes aparecen para evitar el mal uso de los recursos públicos, se sigan dando casos como los del ex gobernador Montiel, del ex presidente Fox, o de Marta y sus hijitos. Ciertamente, en todos esos casos la normatividad ha servido para dos cosas. ¿No valdría la pena que el Congreso dedicara su atención a este tema, para determinar cómo hacer que la normatividad le sirva al país y no siga siendo el Frankenstein que ha sido hasta ahora?
* La Jornada
* http://www.jornada.unam.mx/2007/11/24/index.php?section=opinion&article=018a1pol